Desde hace mucho tiempo junto con la sanidad, uno de los sectores más codiciados por la élite dominante son las pensiones. Ahora, la patronal vuelve a la carga con el recurrente mensaje de la necesidad de reformar un ‘insostenible’ sistema público de pensiones. Simplemente, disimulan el deseo de controlar un volumen enorme de dinero, que es demasiado goloso para esta ávida oligarquía financiera. El poder y los beneficios que emanan de su privatización son desmedidos. El poder de los mercados se vería multiplicado en la misma proporción a la pobreza de los ancianos. En España, el 68% de los ancianos sería pobre sin la existencia del sistema público de pensiones. Para ello, son aceptables todos los medios a su alcance, sobre todo, la publicidad y la propaganda, los argumentos falaces y los estudios supuestamente objetivos realizados por ‘expertos’ a su servicio. Desde los organismos internacionales, los medios de comunicación, las universidades y los servicios de estudio que controlan, el bombardeo es constante. La propaganda y la desinformación continua han tenido el éxito esperado por ellos: la población ha interiorizado que la gestión privada es más eficiente que la pública. No importa que la realidad desmienta sus conclusiones porque, tenazmente, vuelven al asalto. Ahora, quieren controlar el sistema público para salvar sus ruinosas inversiones, que han llevado a la quiebra a los fondos privados y la consiguiente necesidad de ser rescatados con dinero público.
Tras el manido argumento de la insostenibilidad del sistema público y su anunciada quiebra, que nunca llega; se oculta, en cambio, que los datos de los sistemas privados nos muestran su alto riesgo de colapso y baja rentabilidad. A los ciudadanos nos han costado doblemente caros, al tener que rescatar a la iniciativa privada de la quiebra y no haber participado de los beneficios de ese dinero desviado. Los interesados informes de los servicios de estudio a sueldo de las entidades financieras esconden las altas comisiones de gestión (más de 1.000 millones anuales en España), los altos costes administrativos y burocráticos, los verdaderos beneficiarios del sistema, el peligro de fraude y estafa, la desigualdad que fomenta por la incapacidad para cubrir a toda la población (sólo cubre a las clases de mayor renta, que, además, se desgravan 3.000 millones anuales), la insuficiencia de las prestaciones, el riesgo que supone para un pequeño inversor un colapso de la Bolsa, su segura ruina, puesto que, no tendrá la posibilidad de recuperar, ni a largo ni a corto plazo, su inversión. Los datos son abrumadores:
En 2008, los fondos privados de pensiones perdieron el 18,3% de su valor. En Reino Unido, perdieron el 37% (se encuentran por debajo de su nivel del año 2000); en Canadá, el 27%; en EEUU, el 20%; en España, el 9%, etc. El desmoronamiento de los fondos, han perdido 2 billones de dólares en 3 años, ha llevado a muchos a no poder mantener las prestaciones prometidas. Su rescate por parte del erario público puede costar 1 billón de dólares. En EEUU, con 31 fondos en riesgo de quiebra, cientos de miles de jubilados, que confiaron en los planes de pensiones privados, han asistido a la desaparición de sus ahorros. El fondo de pensiones de los profesores de California, 7º del mundo, tiene un desfase de 43.000 millones de dólares. Un mínimo de 31 Estados se encuentran con problemas para pagar las pensiones de su sistema privado. Lo mismo podemos decir que ocurre en el caso español, donde se han evaporado 8.000 millones de euros, entre 2009 y 2010, de los fondos de pensiones. En un caso paradigmático, si España hubiera invertido, como se pensó, en Bolsa (para negocio de los bancos) un 10% del fondo de reserva de la Seguridad Social, hubiéramos perdido un 40% de su valor. También, ocurre un tanto de lo mismo en Holanda. Los cinco principales fondos privados anunciaron que se veían obligados a recortar las pensiones prometidas a sus clientes.
Un ejemplo perfecto de experimentación con la realidad es Chile, que posee desde hace más de 30 años un sistema mixto de pensiones. Los trabajadores que eligieron el sistema de capitalización privada están cobrando un 30% menos, que los del sistema público, y sólo podrán hacerlo durante 20 años, una vez pasado este tiempo pierden la pensión. En cambio, en el sistema público el derecho a pensión cubre el resto de la vida. En palabras de Michelle Bachelet, ex – presidenta de Chile, el sistema no es realista, no cubre a toda la población, tiene poca competencia, altas comisiones y discrimina a la mujer.


El sistema actual no es sostenible a largo plazo. Se sostiene en una pirámide poblacional que ya no existe y hacia la que no deberíamos volver (tonterías de la sostenibilidad del planeta y tal).
Entres el sistema actual y la completa privatización hay alternativas. Como que las cotizaciones fuesen a una cuenta individual aunque la suma se gestionase de forma común. Estoy de acuerdo en no invertir esos ahorros en bolsa, pero podrían invertir en letras del tesoro y bonos del estado ( y oro).
También desligaría las aportaciones al plan de jubilación de las aportaciones al sistema público de salud.
Un saludo
Por cierto, el principal problema de los planes privados es que el cliente es permanente engañado por quien le vende el plan, buscando lo mejor para él o el Banco, no para el cliente.
[...] Posted on diciembre 14, 2012 | Deja un comentario FUENTE. [...]