UNA CUESTIÓN IDEOLÓGICA MÁS…

La cuestión de negar la cobertura sanitaria a los inmigrantes no es un asunto de racionalidad del gasto sanitario – puesto que, el ahorro que supone es ínfimo –, sino, ideológica, discriminatoria, clasista y, sobre todo, mercantil. El Gobierno vuelve a cargar contra las personas más desfavorecidas – antes lo hizo con ancianos, desempleados, enfermos dependientes y sus familiares, jóvenes o enfermos crónicos – haciéndoles responsables de los problemas que nos acontecen ¿por qué podemos afirmar esto?

1. El ‘ahorro’ que se supone puede generar dejar sin cobertura a los inmigrantes ‘ilegales’ son: 245 millones de euros. Por ejemplo, si el actual Gobierno tuviera algún interés en perseguir y castigar a los delincuentes fiscales – a los que los diferentes Gobiernos de España han indultado y amnistiado – podríamos recaudar alrededor de 88.500 millones anuales que, por ejemplo, por, únicamente, los últimos 10 años de impunidad equivaldrían a 850.000 millones de euros.  
2. Para hacernos una idea del despropósito de la suma defraudada, la deuda sanitaria – en comparación – sólo alcanza los 11.000 millones, aunque, según las fuentes que consultemos puede llegar hasta los 16.000 millones de euros.     
3. El asunto es, aun, más grave si nos fijamos en el tan ruidoso problema del déficit público, que roza los 90.000 millones, prácticamente, la cuantía del fraude fiscal que perpetran las grandes fortunas y empresas cada año. La persecución de este fraude harían innecesarios los recortes sociales.                          
4. Ante esta protección de la gran delincuencia, cuando el Consejero de Sanidad valenciano dice que “La sensación de que todo es gratis no es buena” o la misma presidenta de la Comunidad de Madrid por voz de su Viceconsejera se pregunta si “¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?” no podemos por más que sentirnos insultados.                                                                             
5. El insulto es más grave si observamos que el 95% del IRPF lo pagan las rentas inferiores a 60.000 euros, que, además, contribuyen con el pago de todos los impuestos indirectos. Por tanto, la sanidad española no es gratuita – decir eso, es manipular y faltar a la verdad –, puesto que, se paga mediante la contribución tributaria de todos los residentes en España.
6. En cuanto, al gasto de los inmigrantes en la sanidad, como han demostrado infinidad de estudios, los inmigrantes son más jóvenes, están más sanos, tienen una tasa de empleo mucho más alta que los españoles, hacen un menor uso de los servicios de salud, etc. Por estas razones, reciben 3 veces menos de lo que contribuyen al sistema sanitario.                                                                
7. Evidentemente, los inmigrantes no son ningún problema para la viabilidad de la sanidad española porque como hemos dicho hacen un uso menor de ella que los españoles. Suponen, únicamente, entre el 5 y 10% de las visitas al médico según las zonas. Siendo en muchos lugares el 20% de la población.
8. Si analizamos las visitas realizadas al médico podemos comprobar que los españoles van 6,7 veces al año al médico y, los inmigrantes 4,2 veces. En ninguno de los dos casos, este número de visitas al médico resulta desproporcionado, pues, está en la línea del resto de países desarrollados (UE-15, OCDE, Japón, etc.).
9. Es lógico que los inmigrantes realicen un menor gasto sanitario porque el mayor uso de la sanidad recae sobre la población mayor de 65 años – por ejemplo, suponen el 78% del gasto farmacéutico siendo, sólo, el 22% de los usuarios –y, en este caso, dentro del colectivo inmigrante, únicamente, un 2% de ellos supera esa edad.                                               
10. El gasto que ocasiona la atención de los inmigrantes calificados de ‘ilegales’ al sistema salud se cifra sólo entre el 0,3 o 0,8% del gasto sanitario total. Por tanto, el ahorro que supondría es insignificante. A nivel general, la población inmigrante supone el 5% del gasto sanitario, siendo, más del 12% de la población.
11. En cuanto, a la torticera excusa de pretender frenar el turismo sanitario, podemos afirmar, que sólo un 4% de los inmigrantes ha venido a España con un interés médico. Los datos demuestran que el turismo sanitario es realizado por los ciudadanos de los países ricos de la Unión Europea.                                                                                                             
12. Como nos señala la lógica, todos los residentes en España contribuyen al financiamiento de la Sanidad porque está se paga con los impuestos (IRPF, IVA, alcohol, matriculación, tabaco, electricidad, céntimo sanitario, juego, gasolina, etc.) de todos los residentes en España. Si los inmigrantes ‘ilegales’ no pueden contribuir en mayor medida es por la permisividad que ha existido entre los diferentes Gobiernos de España con la ilegalidad de la economía sumergida y la explotación laboral, equivalente al 23,3% del PIB, unos 244.000 millones de euros.   
13. España con esta medida – como dice el Gobierno – se puede estar equiparando al resto de países europeos en el trato dispensado a los inmigrantes ‘sin papeles’, pero, no es para sentirse orgulloso de esta Europa, el trato discriminatorio y vejatorio que está dando a este colectivo. La bonita retórica europea intenta esconder la responsabilidad que sus políticas internacionales tienen en los movimientos migratorios de los países más pobres y el incumplimiento flagrante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
14. Los recortes que se están produciendo en la sanidad pública no buscan ningún tipo de ahorro, pues, estos fondos se están desviando a la sanidad privada con el único objetivo de beneficiar a  empresas y políticos afines. Por ejemplo, en Madrid, la gestión privada de los nuevos hospitales – curiosamente, en manos de empresas constructoras que se lucraron con la burbuja inmobiliaria – es 8 veces más cara que la gestión tradicional de los hospitales públicos.    
15. La Junta de Castilla y León ha desviado 1,3 millones de euros a operaciones privadas. En Madrid, el presupuesto para la sanidad privada ha aumentado un 34%, mientras, se reducía el dinero destinado a la sanidad pública un 14,7%, disminuyendo, asimismo, el personal sanitario. Mientras, se pretende ahorrar a nivel estatal 250 millones con la negación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes, Madrid ha dado 643 millones de dinero público a la iniciativa privada.                                          
16. La estrategia en todos los lugares es favorecer el negocio privado – donde muchos de nuestros dirigentes tienen oscuros intereses – con dinero público. En Valencia, donde un 43% de la oferta sanitaria está en manos privadas, la empresa Capio – propiedad de un fondo de inversión radicado en un paraíso fiscal que obtiene el 75% de sus beneficios de convenios con la sanidad pública – podría lograr el monopolio sanitario. En Cataluña y Madrid ocurre lo mismo, atendiendo la oferta privada o semiprivada a casi el 50% de la población.      
17. Castilla La-Mancha ha entregado 4 hospitales públicos a la iniciativa privada. Anteriormente, la Comunidad Valencia bajo el mandato de Francisco Camps puso el 20% de los recursos sanitarios bajo la gestión privada. Como hemos visto, el mismo caso ha ocurrido con los nuevos hospitales madrileños y se prevé que ocurra con los hospitales públicos catalanes.
18. Se pretende que la Administración Pública – los ciudadanos españoles – lleven a cabo las inversiones más costosas en construcción, tecnología, material, etc., asumiendo todos los riesgos, para que, luego sean los intereses privados – bien representados en los distintos gobiernos – de constructoras, bancos y fondos de inversión quienes se queden con los beneficios.           
19. Se ha producido un deterioro intencionado de la sanidad pública por el entramado de intereses político-ideológico-empresarial – que olvida su juramento constitucional de servir al interés común – para tras esta coartada de ineficiencia trasvasar usuarios descontentos a la sanidad privada y facilitar la privatización del Sistema Público de Salud.
20. Esta política interesada ha llevado a que 10 millones de españoles paguen un seguro sanitario privado y el Gobierno se plantee conceder una deducción fiscal del 15% a quienes tengan seguros privados, favoreciendo nuevamente a los más privilegiados y a las empresas privadas, detrayendo dinero de las necesidades públicas.     
21.  Sorprendentemente, se prevé que la sanidad pública cobre a los inmigrantes que dejará sin cobertura a cambio de obtener atención médica una cuantía superior – entre 710 y 1.864 euros, según la edad – a un seguro privado, posiblemente, con la aviesa intención de obligarles a optar por el seguro privado.
22. Es difícil entender que en el objetivo de estas reformas se encuentre el ahorro, cuando el gobierno ha reducido un 45% los fondos para políticas de prevención y salud, que suponen a largo plazo un enorme ahorro en el gasto sanitario. Esto empeora todavía más el deteriorado sistema de prevención español, en el que gastamos un 50% menos que el resto de países desarrollados.

Podemos concluir que una mejor gestión de la Sanidad Pública sí es deseable y necesaria. La coexistencia de un sistema privado – apoyado con fondos públicos e intereses políticos partidarios – y uno público provoca un encarecimiento y una ineficiencia en la asignación de los recursos, además, de una merma en la capacidad adquisitiva de muchos ciudadanos; que impide la consecución una sanidad pública y universal, económica y de calidad para el ciudadano.

Es ineludible, una mejor gestión de los recursos económicos, materiales y humanos con unas mejores condiciones laborales de los profesionales – que impida su emigración a otros países – y  una mayor colaboración entre diversos especialistas y Administraciones,  olvidando prejuicios y egos personales, podrían evitar el uso excesivo de medicamentos y pruebas médicas innecesarias, mejorando la asistencia al paciente y reduciendo notoriamente el gasto sin necesidad de recurrir a las actuales medidas discriminatorias y socialmente injustas. Desde la buena voluntad y la búsqueda del bien común cientos de medidas son posibles. 

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