UNA TEORÍA DEL SAQUEO ¿Quién se ha llevado nuestro queso?

Idiótes (ἰδιώτης; idiota, idiotae): “Él que no se ocupa de los asuntos públicos, de la política, sino únicamente de sus asuntos privados”

1.    Control de la política y los gobiernos por “lacayos” o empleados de los intereses privados de las élites o ellas mismas: Gobiernos S.A. Ya conoces el dicho popular: “Déjalos que hablen, tú haz como yo: no te metas en política y vive tranquilo”.

2.    Se produce un proceso de deslegitimación de la política, que provoca un sentimiento de impotencia, resignación y desengaño en la ciudadanía.

3.    Llegados, incluso, al cinismo, en un primer momento, se reflejará en una fuerte abstención. Para finalmente acabar, si la situación social se vuelve totalmente insostenible, debido a la codicia sin límites de las élites, en el totalitarismo o una férrea dictadura.

4.    Durante la “democracia”, el proceso conduce a deslegitimar lo público y ensalzar los beneficios de la iniciativa privada. El objetivo es erosionar lo público para apropiarse de ello.

5.    Se utilizan todas las instancias posibles para lograr este objetivo: medios de comunicación, universidades, escuelas de negocio, libros, películas, etc. Se impone un pensamiento que justifica el saqueo. Es necesario hacer culpable al débil y al inocente. Al ciudadano hacerle apático, irresponsable e infantil.

6.    Con la “excusa”, anteriormente, prefabricada de la ineficiencia de lo público, los impuestos y el gasto excesivos se privatizan las empresas y servicios públicos a ‘precio de saldo’.

7.    Los poderosos intereses privados de las élites se han ahorrado la descomunal inversión que supone iniciar y hacer crecer enormes empresas y sectores  públicos, que han sido financiados con los impuestos de todos los ciudadanos.

8.    Saqueo de las arcas públicas: privatizaciones, dinero malversado en beneficio privado, fraude fiscal y privilegios fiscales para las élites, socialización de las pérdidas de la iniciativa privada y privatización de los beneficios.

9.    El saqueo de las arcas públicas provoca déficit por falta de financiación y total perdida de recursos públicos. La falta de financiación viene porque los grupos privilegiados – grandes patrimonios y empresas, y la Iglesia - no pagan impuestos y reciben enormes transferencias de dinero público. Sólo paga impuestos el Tercer Estado. Una minoría parasita a la mayoría ¿a qué recuerda esta curiosa situación?

10. Profecía autocumplida: ineficiencia de recursos en el sector público por estrangulamiento de los ingresos y la financiación, debido al saqueo y la extorsión de los mercados, para pagar los servicios y prestaciones.

11.  Se privatizan la educación, la sanidad, las pensiones, etc. Todo lo que todavía quede, que pueda ser rentable. Ha habido dinero para apuntalar la calamitosa gestión privada, pero no para pagar los servicios públicos. Monstruosa concentración de la propiedad, la riqueza y el poder.

12.  Ahora, los servicios básicos y esenciales, el dinero y los ahorros de todos están en manos de personas propensas al fraude y al saqueo, capaces de hundir sectores de negocio enteros. Cuando ocurra el siguiente descalabro, que ocurrirá ¿cómo vas a  recuperar tu dinero?

13.  Ahora, echa cuentas. Sigues pagando los mismos impuestos, mejor dicho, más que antes. Las élites siguen sin pagar impuestos, como antes. Pero, ahora tu sueldo se ha reducido o no lo tienes, los precios siguen subiendo, tienes que pagarte la educación, la sanidad y pagar un plan de pensiones privado que, te va dar una pensión mucho menor que el público y, que es propenso a esfumarse en Bolsa. ¿Quién se ha llevado nuestro queso?

Pues esto es el neoliberalismo. El saqueo de los bienes públicos, de los bienes comunes por una codiciosa minoría. La creación de escasez para vendérsela al mejor postor. El neoliberalismo no es otra cosa que el nuevo ropaje del dominio. El dominio absoluto de la totalidad de los seres humanos por una minoría criminal. El neoliberalismo, como ya dijo mucho antes que nosotros Pierre–Joseph Proudhon, como la propiedad son un robo.

INFILTRADOS. OBJETIVO: EL TRASVASE DE RIQUEZA… (III)

“El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el coste de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales” 

Bertolt Brecht.

Cuando Mariano Rajoy o Duran i Lleida defienden su honorabilidad diciendo que ganarían más dinero fuera de la política están faltando a la verdad. Cuando dicen que están por vocación pueden estar siendo sinceros, pero cuando dicen que lo hacen por vocación de servicio público mienten descaradamente. Pueden estar por vocación de servicio, pero por vocación de servicio a su clase, diríamos mejor que por instinto de preservación. Solo desde el poder pueden aplicar las leyes y barreras que les permiten mantenerse en la cúspide de la pirámide social. Nunca por los méritos. La mentira es un arma muy poderosa y ellos la utilizan sistemáticamente. La mentira y la manipulación se cimentan en la ignorancia y la desinformación instituidas por los medios de difusión del conocimiento controlados por esa misma “cúspide social”.

Este tipo de políticos, en su mayoría, se escudan en una entelequia conocida como “clase política”. Un término difundido por sus propios medios de propaganda. Son esos mismos políticos quienes desprestigian su “clase” para provocar en los ciudadanos un desamparo, un rechazo contra la política, la vida pública y los asuntos comunes. Una vez, conseguida que se alce está barrera empobrecen al Estado para con esa excusa privatizar los últimos bienes públicos en favor de su clase. Porque en realidad su clase es la media-alta o alta, no la clase política. En favor de ella enajenan el patrimonio común. Un delito que pasa inadvertido pasando las privatizaciones como el culmen de la eficiencia y la productividad de la que les ha provisto el neoliberalismo, un tipo de pensamiento mágico que como tal obvia los datos y hechos empíricos. Un pensamiento que crea el tipo de sociedad donde estos comportamientos predatorios pueden reproducirse sin impedimentos.

Critican lo que dominan con el objetivo de alcanzar una dominación incluso mayor, absoluta. Por esta razón el feroz ataque contra la integridad de cualquier institución que no controlen como los funcionarios o los cargos electos o el patrimonio público o los servicios públicos… Cuando los ciudadanos caen en estos ardides y tretas olvidan que se están condenando. Se están condenando a ser pobres, a no tener ni voz ni voto, cuando la única solución factible es una participación e implicación – responsable, razonable y razonada – aun mayor en la política. En el modo de hacer las cosas en la ciudad, en el país y sus instituciones. Un mayor control democrático al que se oponen nuestros actuales dirigentes. Estas mismas personas no necesitan de la democracia – la desprecian –, la democracia es un mal menor para ellos, no un fin. El fin es alcanzar o mantener el poder y esto mismo pueden hacerlo sin democracia porque ellos vienen de las mismas clases medias-altas y la oligarquía de la muy corrupta y criminal dictadura franquista.

La mentalidad de la que están provistos hace que tomen el Estado – lo que es de todos – como propio, como suyo, como su propiedad privada. Privando a los ciudadanos de lo que les pertenece. Tienen un sentido de la propiedad tan desarrollado que creen que España y los mismos españoles son suyos, pueden disponer de ella y de ellos a su gusto. Los españoles no deben ser una fuente de gastos y quebraderos de cabeza para ellos, deben ser una fuente de ingresos y beneficios. España y los españoles – como la democracia – son un medio para alcanzar su fin: el poder y el enriquecimiento. Y si por alguna razón se convierten en una fuente de gastos o en una carga se les condena al ostracismo, la culpabilidad, la inmigración o algún tipo de represión. Esto ha ocurrido siempre, tanto con la monarquía como con el turno de partidos liberal o con la última dictadura franquista que fue un levantamiento militar para salvaguardar los privilegios de la opresiva oligarquía caciquil que, todavía, se mantiene en el poder.

Muchos de estos “políticos” – si investigamos un poquito sus biografías – son altos funcionarios de clase media-alta, terratenientes, nobles, empresarios o sus familiares y, por supuesto, muchos de ellos son ambiciosos advenedizos, fácilmente, sobornables – deseosos de ello – dispuestos a las más diversas corruptelas para enriquecerse o alcanzar una posición acomodada y desahogada. Estamos viendo continuamente ejemplos de cómo sus premeditadas políticas privatizadoras provocan el empobrecimiento y la descapitalización del Estado. Estas políticas cortoplacistas que tienen el objetivo declarado de obtener unos ingresos coyunturales y esporádicos o reducir “gastos”, en realidad son un trasvase de riqueza: las recalificaciones de suelo que han servido para enriquecer a multitud de poderosos terratenientes, la privatización ilegal de la costa, el regalo de terrenos públicos a elitistas negocios privados, las ayudas a la banca e inversores privados, la entrega de tierras y fincas públicas a grandes terratenientes cuando hay cientos de miles de jornaleros que nada poseen, la venta del patrimonio inmobiliario municipal cuando es más necesario que nunca un parque de vivienda público o la privatización de los montes públicos para ocio de la élite económica que se unen a la permanente destrucción de terrenos de alto valor ecológico.

Todas ellas y muchas más suponen una desesperada búsqueda de liquidez debido a la gravísima pérdida de riqueza que suponen las privatizaciones o las bajadas de impuestos a las grandes fortunas. Medidas que se oponen a la búsqueda de una solución a largo plazo como sería la creación de unos ingresos estructurales y permanentes mediante una política de gestión responsable. Es una política desastrosa y empobrecedora. Es un círculo vicioso de medidas empobrecedoras que llevan a vender para obtener liquidez a corto plazo perdiendo ingresos estructurales que llevan nuevamente a vender para obtener liquidez. Por tanto, se vende el patrimonio público por la necesidad de ingresos y liquidez provocada por el estrangulamiento de las cuentas públicas no debido al exceso de gasto sino a la privatización del dinero, las empresas públicas y la pérdida de ingresos fiscales. En lugar de actuar como gestores de los bienes comunes, son vendedores profesionales en busca de beneficios privados.

Muchos ciudadanos imbuidos de un pensamiento – el neoliberalismo – egoísta, arrogante e infantil no se dan cuenta que ellos son el Estado. Ellos van a soportar los gastos sean públicos o privados. Los van a soportar en forma de impuestos o en forma de tasas, tarifas, seguros, precios, salarios, etc. En realidad, lo que quieren decir, es que son las personas las que son un gasto y un lastre. Entonces, comienza la privatización indiscriminada de empresas, servicios, bienes, recursos, transferencias…, a manos de las mismas empresas, grupos y personas que no pagan impuestos, defraudan, que tienen grandes fortunas y, que igualmente, ya no tributarán por esos nuevos recursos de todos que han recibido a precio de saldo. No se dan explicaciones, no se asumen responsabilidades democráticas. Gobiernan en beneficio propio o en favor de su clase económica. Se ha olvidado el interés general, por tanto, no podemos creer en las doctrinas político-económicas de quienes gobiernan contra el interés de la mayoría de la población empobreciéndola hasta límites insospechados en favor de la extorsión de los “mercados”, es decir, las grandes corporaciones y fortunas.

 

EL CINISMO DE LA CONDESA

¡Sálvese quien pueda! Esta parece ser la máxima entre todos los valedores y miembros del Partido Popular. Con el partido en caída libre en las encuestas de intención de voto lastrado por la mentira, el enchufismo y unas reformas desacreditadas que castigan a la sociedad española en general, empiezan a producirse movimientos de importancia para lograr suceder al actual presidente del gobierno que parece haber sido simplemente un mero “ninot” en la primera ronda de “reformas estructurales”, estando ya amortizado. Es aquí donde aparecen Esperanza Aguirre y, por ahora, su fiel escudero Pedro J. Ramírez, maniobrando para descabalgar al actual presidente del gobierno cuando se encuentra en una posición de absoluta debilidad.

La publicación por parte de El Mundo de los supuestos pagos de sobresueldos en dinero negro de Bárcenas y los anteriores tesoreros a las distintas cúpulas del Partido Popular desde hace más de 20 años ha dado un vuelco espectacular a lo que en principio podía ser una “simple” financiación ilegal más de partidos. No sabemos hasta qué punto ha sido una voladura controlada en una lucha por el poder dentro de las distintas facciones de la derecha española, puesto que, ha salpicado, incluso, a otro fiel lacayo de Esperanza Aguirre, Federico Jiménez Losantos, el líder mediático de la extrema, pero “muy honrada”, derecha española. Una vez abierta la caja de los truenos no sabemos hasta donde los dos grandes medios de comunicación escrita irán dando cuerda al asunto. La venta de periódicos debe aumentarse al máximo, pero sin poner en peligro el actual sistema político oligárquico.

La cuestión es que Mariano Rajoy está quemado. Ha cumplido su función, pero la situación de España es gravísima y ya no tiene credibilidad para seguir con las reformas que se van a implementar. Por supuesto, las reformas deben continuar – al ritmo de “Show must go on” – y el próximo presidente de España inevitablemente vendrá impuesto desde la Unión Europea o con su visto bueno. Un político o un tecnócrata, pero ambos serviles a los poderes financieros. Un próximo presidente que seguirá con las reformas impuestas desde Europa ¿Quién puede ser cuando desde Cospedal a Acebes, Rato, Mayor Oreja, Trillo, Arenas o Álvarez Cascos – que se presentó con un nuevo engendro político como alternativa al bipartidismo tras perder el poder en el suyo propio – están manchados de arriba abajo o cuando el gobierno al completo está quemado o cuando los líderes autonómicos están desahuciados o cuando el principal partido de la oposición va a la deriva dando más pena que miedo? En un país como éste, donde algunos políticos opinan que las urnas borran las faltas y los delitos propios, todo es posible.

Y en esto, tras el primer golpe de Pedro J. Ramírez a la actual cúpula del PP, no tardó en postularse Esperanza Aguirre como la honrada política que pedía que se llegara hasta el final y se tomaran las responsabilidades políticas pertinentes. Sí, Esperanza Aguirre, quien fuera ministra de Aznar, concejala del ayuntamiento de Madrid, miembro de la ejecutiva del partido, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, Esperanza Aguirre, quien viera su gobierno madrileño salpicado por la Gurtel, las tramas de espionaje, la financiación ilegal mediante fundaciones – caso Fundescam – quien haya dejado como presidente de la comunidad a Ignacio González embarrado, también, en tramas de espionaje; de corrupción, como la concesión del campo de golf del Canal a su hermano y a su cuñado, entre otras; y que ha mentido y ocultado reiteradamente el oscuro origen y obtención de su ático de Marbella. Pues, quien actúa y se mueve de esta manera en la vida pública da ejemplo de conducta y se reivindica como adalid de la honradez y la transparencia en la política.

Pues así, se está presentando Esperanza Aguirre en cualquier lugar que quieran oírla. La condesa, que vive en un palacio, se exhibe llana, campechana, cercana, incluso, en algunos casos, “verdulera”; pero ante todo, muy honrada, sabiendo que lo que el “Pueblo” quiere es transparencia y honestidad. Transparencia es para Aguirre que su gobierno no rindiera cuentas en la Asamblea de Madrid de 4 de cada 10 euros de los presupuestos regionales. La mujer que colocó a su hijo como asesor del ministerio de Economía, a su hermana como asesora de la alcaldesa de Madrid, a su primo en Bankia, a otro primo en el Canal de Isabel II, que se jactó de haber colocado a todos los colaboradores de su amigo Rodrigo Rato en organismos públicos y, más tarde, a él mismo como presidente de Caja Madrid, se permite con todo su descaro dar lecciones de honradez.  Ella que ha gobernado para su clase social a la que ha regalado prebendas sinfín – bajadas de impuestos por valor de decenas de miles de millones de euros – y ha desmantelado los servicios públicos provocando una subida continuada de precios y tasas en tales servicios en pos de la privatización y el lucro de una minoría a la que ella pertenece y en favor de la cual ha gobernado. En detrimento de la renta y el nivel de vida de las familias madrileñas.

La condesa de Murillo y grande de España – debe ser por eso por lo que cree que España es suya – es ese tipo de “liberal” que bebe del más rancio nacionalcatolicismo convirtiendo la educación madrileña en una educación religiosa y adoctrinadora donde se regala suelo público a grandes centros concertados de sectas católicas y se favorece la segregación, mientras maltrata y criminaliza a los profesores y a los centros públicos a los que se debe. Esas políticas de apoyo a la enseñanza concertada – del que el 69% del total nacional es religiosa – hacen que los madrileños tengan que pagar un 69% más cara su educación o que en Madrid capital, prácticamente, sea imposible acceder a la educación pública o que la enseñanza concertada sea en un 88% católica. Por mucha propaganda y maquillaje que se haga los indicadores educativos muestran que Madrid durante su mandato ha retrocedido en calidad educativa.

Es ese tipo de liberal de excelsa cultura – que confundió a José Saramago con Sara Mago, una pintora – que se sienta a conversar con otro intimo liberal suyo, Federico Jiménez Losantos – éste que, en cambio, bebe del fanatismo más primitivo que lo mismo le da seguir a Mao que a Franco – y, mientras, los dos se jactan de los parabienes de la iniciativa privada y cargan contra lo público, se reparten comisiones ilegales y negocian como será el futuro de la privatizada Telemadrid. Una cadena, anteriormente referente para los madrileños, que con ella ha vivido los años del más terrible oscurantismo donde la más burda propaganda daba cabida a sueldos de cientos de miles de euros de directivos y tertulianos amigos que maldecían lo público y vivían de su erario. Esto hizo que el ente público se hundiera en audiencia e ingresos saqueado por estos advenedizos. Y, ahora, espera caer en manos – como lo hicieron las licencias de la TDT – de los miembros de la extrema derecha, los empresarios amigos o los compañeros de partido, que vienen a ser lo mismo.

Pues esta es la regeneración democrática que viene de quienes llevan viviendo de la política casi tres décadas. Los derrotados por Rajoy, ahora, se rebelan. Álvarez Cascos y Aguirre se visten de honestidad y honradez cuando formaban parte de la cúpula del partido en los años de la Gurtel o de Bárcenas. Porque la Gurtel vivía en Madrid. Porque los modos de Bárcenas son los de Aguirre. Hasta 7 cargos políticos madrileños tuvieron que marcharse o fueron salpicados por la Gurtel. Fue esta trama la que destapó el caso Bárcenas. Esos modos y acciones llevaron a Esperanza Aguirre a financiarse ilegalmente mediante Fundescam. Subvenciones millonarias a cambio de favores o contratos públicos. Subvenciones millonarias ha recibido para privatizar la sanidad a manos de las constructoras o construir unas autopistas de peaje que han ido a la quiebra. Subvenciones millonarias a cambio de malversar fondos públicos.

Arturo Fernández y Díaz Ferrán son el prototipo de los empresarios que prosperan. Amigos de los políticos a los que financian para que luego éstos les den negocios y contratos públicos. O mejor créditos millonarios mediante Caja Madrid, que funcionaba como su caja particular. Almas caritativas que desean la pérdida absoluta de los derechos de los trabajadores. Esos mismos empresarios que como Florentino Pérez – antiguo político de UCD y reconocido franquista – reciben créditos ventajosos, recalificaciones de terrenos o sobreprecios a cargo de las arcas públicas. Esos son los empresarios – dueños de OHL, Unión Fenosa, ACS, FCC, Ploder, Sacyr, Hispánica y, muchos más que no salen – que al albur de la burbuja inmobiliaria se enriquecieron y, ahora, quieren quedarse con los hospitales, las carreteras, todos los servicios públicos, etc. Porque el problema de la deuda es privado. Han gastado miles de millones en favorecerse y repartirse prebendas.  

Agarrada al ladrillo ha estado Esperanza Aguirre desde que ganara las elecciones en 2003, después de comprar a dos políticos corruptos del PSOE por medio de dos constructores que se paseaban habitualmente por la sede del partido en la calle Génova, hasta su marcha adornada con un nuevo pelotazo urbanístico: EuroVegas. Así es Esperanza Aguirre, no se deja amedrentar ni arrebatar lo que cree que es suyo por derecho natural. Ya lo probó el “hijo puta” en sus propias carnes cuando le arrebató Caja Madrid para luego quebrarla en la orgía del “pladur”. Esa Caja Madrid donde su amigo Gerardo Díaz Ferrán podía otorgarse un crédito para comprar un Ferrari, mientras sus empresas ya estaban quebradas. Al calor del ladrillo y las recalificaciones pegó un pelotazo con el AVE a Guadalajara por valor de 48 millones de euros, otro en Villanueva de la Cañada de 2,1 millones por medio de un tío suyo y otro más familiar en Tres Cantos por 8 millones. Se mancharon por ella sus compañeros de partido, pero a ella no le cayó ni una mota en esta trayectoria de corruptelas e impunidad. 

“CABALLOS DE TROYA” Y EL SAQUEO DE ESPAÑA (II)

“La unidad industrial gigante, perfectamente burocratizada, no solamente desaloja a la pequeña empresa y de volumen medio y «expropia» a sus propietarios, sino que termina también por desalojar al empresario y por expropiar a la burguesía como clase”. 

J. A. Schumpeter “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, 1942. 

La concentración del poder, la propiedad, el capital y la riqueza siempre han estado en manos de un grupo muy reducido. La desigualdad y la explotación de la mayoría por una minoría han sido la norma de la historia occidental. Cuando pensamos en las grandes corrientes de pensamiento de las que bebe occidente, tenemos que tener en cuenta, que aunque muchas de ellas han estado plagadas de las mejores intenciones para el género humano, éstas han sido aplicadas a esa reducida minoría que ostentaba el poder o que lo alcanzó. Los preceptos de la democracia liberal durante la mayor parte del S.XIX y bien entrado el S.XX solo fueron efectivos para un 10% de la población. La élite económica y financiera. Ese diez por ciento que se consideraba superior al resto y no estaba dispuesto a compartir el poder ni el bienestar. Los privilegios del Antiguo Régimen nunca fueron borrados por completo.

Tanto el capitalismo como la democracia liberal – censitaria en sus inicios – utilizaron a las masas para alcanzar el poder o mantenerlo, pero apartaron inmediatamente a éstas, porque, siempre tuvieron el temor de que quisieran alcanzar algún día los mismos derechos y beneficios de los que ellos gozaban. Hasta principios del S.XX la mujer no podía votar; los negros en EEUU tuvieron que luchar por sus derechos civiles en los años 60 del siglo pasado, un siglo antes hubo que recurrir a una guerra civil plagada de intereses económicos para abolir – legalmente, nunca de hecho – la esclavitud; los trabajadores fueron recurrentemente explotados y reprimidas sus demandas laborales, etc. Solo las ideas socialistas, libertarias, el movimiento y la lucha obrera, el miedo al comunismo, etc. – nacidos todos igualmente de la heterogeneidad de las ideas ilustradas –, el desastre de las guerras mundiales, la crisis económica de 1929 y los totalitarismos obligaron a una parte de esa oligarquía a poner límites al “capitalismo salvaje” o el “laissez faire” para poder mantener en pie el sistema.

Por tanto, cuando muchos de nuestros compatriotas quieren echarse en los brazos de la superioridad moral de Europa u otras naciones y entidades supranacionales, deben sopesar a quienes sirven éstas. En el caso español existen peculiaridades y características propias, pero lo que nos ha ocurrido durante estas últimas décadas se encuadra dentro de una dinámica mucho mayor: la globalización neoliberal. Como dijimos en el anterior artículo esta ideología tomó forma en la década de los 50 del siglo pasado y se puso en práctica a partir de los 70, lo que supuso una brutal amplificación de las desigualdades económicas y sociales – regresando la concentración de riqueza del 1% más rico a niveles de 1929 – que ya existían e hizo saltar por los aires todas las normas, regulaciones y límites impuestos al capitalismo desde la década de 1930. Las políticas fracasadas que nos llevaron a otra guerra mundial y a la mayor crisis económica del capitalismo estaban triunfalmente de vuelta como si nunca hubieran sido aplicadas.

Entonces comenzó el ataque al sector público, al Estado, por su ineficacia y esclerosis. Las justificaciones para desguazarlo, el desprestigio de la política para al mismo tiempo tomar la misma y expulsar a los ciudadanos de la vida pública. Cuando abogaban por un Estado más pequeño en pos de la libertad individual estaban, realmente, construyendo un Estado privado que protegería a los grandes monopolios privados en el nuevo imperialismo y colonialismo que se avecinaba o continuaba con aun mayor énfasis. En palabras de Thomas L. Friedman, ex consejero del gobierno Clinton: “La mano invisible del mercado no funcionará jamás sin un puño invisible. McDonald’s no puede extenderse sin McDonnell Douglas, el fabricante del F-15. El puño invisible que garantiza la seguridad mundial de las tecnologías de Silicon Valley es el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval y el cuerpo de marines de Estados Unidos”. Esta ideología de Estado es la que ha posibilitado que se permitan las acciones y los crímenes más abyectos vestidos de una falsa libertad por parte de los poderes financieros y sus monopolios transnacionales.

Recordando a karl Polanyi, podemos afirmar que, el (neo)liberalismo para imponer su programa político e ideológico necesita de un fuerte entramado institucional. Nada más tenemos que observar cómo actúan el FMI, la OMC, la FED, el Banco Mundial, la Unión Europea o el BCE para imponer la utopía neoliberal al servicio de las grandes oligarquías y empresas. Es la única opción posible, la tomas o bien, si hiciera falta, se puede utilizar el soborno, la desestabilización, el terrorismo, los dictadorzuelos, los golpes de Estado o al ejército. Todo sea porque se alcance la democracia y la libertad, neoliberal. Además, dado que al mercado desregulado neoliberal solo le mueve la codicia sin límites – lo que puede ocasionar destrozos tales que hasta las mismas élites financieras deben ser protegidas de sí mismas –, es necesario que exista un colchón de seguridad. Es cuando aparecen el Estado y los ciudadanos, que permanecen cautivos, al rescate, entregando sus derechos y beneficios sociales para nacionalizar las pérdidas del entramado financiero. Lo que tiene unas consecuencias humanas, sociales y ambientales gravísimas, para ellos solo resulta un juego cargado de adrenalina.

Estos neoliberales no tuvieron problemas a la hora de abrazar a Adam Smith. El padre del capitalismo era la coartada perfecta. Llevaban pines con su nombre en las solapas, aunque, jamás, lo hubieran leído. Tampoco, ninguno sabía que no era un economista sino un filósofo moral, que en su época la dinámica social e institucional era bien distinta, que nunca justificó el expolio ni la concentración absoluta de riqueza ociosa que ellos pretendían. Pero eso daba igual. Aplicaron unas políticas en su nombre para afianzar a los grandes monopolios, que él siempre condenó: “Al ser los directores de tales compañías [las sociedades anónimas] más administradores de caudales ajenos que de los suyos propios, no se puede esperar que ponga tanto empeño en su manejo como los miembros de una sociedad colectiva ponen en el de los suyos. Como los sirvientes de un gran señor, prestan escasa atención a asuntos de poca importancia, pues consideran que desmerece el honor de su señor, y por tanto en tales compañías siempre hay cierto grado de negligencia y prodigalidad en su administración”.

Por tanto, España se encuentra dentro del gran tablero mundial donde se juega el neoliberalismo. Bien es cierto, que es meramente un peón. La entrada en la Unión Europea y el cumplimiento de las condiciones exigidas, obligó a abrazar el dogma neoliberal, no sin gran alegría y alborozo. Las empresas públicas se empezaron a privatizar en pos de la competitividad, productividad, eficiencia, eficacia, racionalidad, modernización y, un amplio etcétera de parabienes.  Era necesario entregar las empresas públicas – lo próximo serían  los servicios públicos y las pensiones – a la mayor profesionalidad de la iniciativa privada. La realidad fue bien distinta. Las empresas públicas fueron privatizadas en beneficio de los grupos de poder y sus esbirros, léase, políticos o tecnócratas. Las desigualdades de por sí amplias se dispararon nuevamente.

En nuestro país, los caballos de Troya infiltrados en la administración pública, yendo contra el interés de sus ciudadanos han conseguido descapitalizar el Estado español hasta límites insospechados. Han vendido el patrimonio público a precio de saldo a las mismas personas que les sostienen entre bambalinas. Su actuación está marcada por el tráfico de influencias, la prevaricación, el conflicto de intereses, el soborno, el engaño, la deshonestidad, ilegalidades e inmoralidades sinfín. Pero, para hacer esto, no han estado solos. Han contado con el apoyo de los grandes medios de comunicación, muchos profesores universitarios y pseudoexpertos deshonestos. Antes, han debido crear el marco conceptual – valiéndose de las grandes sumas de dinero que habían puesto a su disposición sus señores – para perpetrar el saqueo de las arcas públicas. No han tenido ni tienen la más mínima vergüenza, pizca de honradez u honestidad. Ni buen gobierno ni conflicto de intereses. Unas acciones que nos han llevado a la quiebra como país.

Desde 1984 a 1995, con el gobierno del PSOE, se ingresaron 13.200 millones de euros en más de 70 operaciones de privatización de empresas públicas. Durante esta época se privatizó Enagás; se vendió el 91% de las acciones de la empresa Gas Natural; se sacaron de Repsol los activos pertenecientes al gas, compañía cuya privatización comienza en 1989. La segunda ola de privatizaciones llegó con la subida al poder del PP, momento en el que se privatizaron los últimos activos que tenía el Estado en los sectores más estratégicos para la economía nacional. De 1996 a 2007 se ingresaron alrededor de 30.000 millones por la privatización de unas 50 empresas de una importancia tal como: Telefónica, Repsol, Tabacalera, Argentaria, Red Eléctrica, Aceralia, Ence, Indra, CASA, Endesa, Aldeasa, Iberia, etc. Por tanto, el gobierno español deja de tener presencia en sectores de enorme importancia para el país como la energía (gas, petróleo, electricidad, etc.), aeronáutica, con la importancia intrínseca que tiene para el avance en innovación, ciencia y tecnología; telecomunicaciones; transporte (aéreo, carretera y marítimo) o siderurgia. Lo que nos ha llevado a que nuestro sector industrial haya pasado de pesar el 36% del PIB hace 37 años, al ínfimo 15% actual.

Lo peor de todo esto es ver cómo se colocan en los consejos de administración y la presidencia de estas empresas a compañeros de colegio, amigos, familiares, personas afines o miembros del partido. La mayor gravedad es que estas privatizaciones han estado plagadas de corrupción y alta traición. El Estado ha sufrido uno profundo empobrecimiento perpetrado por supuestos servidores públicos que tenían que velar por el interés general. Estas empresas fueron saneadas y modernizadas destinando enormes sumas de dinero público al desarrollo de infraestructuras y reestructuraciones de plantillas (léase, despidos y EREs); una vez, hecho esto fueron regaladas a un precio irrisorio a los grupos de poder oligárquicos tradicionales (léase, monárquicos y franquistas) y a inversores extranjeros. Las inversiones estatales, por tanto, no redundaron en sus ejecutores – los contribuyentes – que renunciaron a los beneficios que están empresas obtendrían en el futuro, sino que engrosaron las cuentas corrientes de agentes privados que no habían asumido ningún riego ni inversión. Cuando estos grupos apoyados por su medios de comunicación sacan a relucir un cínico  patriotismo y nacionalismo después de haber cometido la más alta traición a sus ciudadanos, debemos recodar que gran parte de los activos de estas empresas están ya en manos extranjeras o  que nuestra política depende de los dictados alemanes.

El negocio fue redondo. El monopolio público se convirtió en privado. Los precios dejaron de estar regulados pero los beneficios estaban garantizados en un mercado cerrado a la competencia. Por ejemplo, el grupo público ENA, encargado de las autopistas, se privatizó en 2003. Ahora, el gobierno se ha comprometido a garantizar el 80% de los ingresos de las concesionarias de autopistas al borde de la quiebra. Les suenan sus nombres: ACC, FCC, Ferrovial, SACYR, etc. Empresas con tentáculos en las obras públicas, inmobiliario, agua potable, hospitales, servicios, aeropuertos, etc.  Con los oligopolios nacionales los precios del combustible, la electricidad, las telecomunicaciones, el agua, la alimentación, etc. no paran de subir y las familias se encuentran cada vez más ahogadas, cautivas de la necesidad de consumir unos bienes que son básicos en manos de monopolios privados.

Las familias españolas pagan la tercera electricidad más cara de Europa, durante la crisis ésta ha subido un 46% frente al 12% de la media europea. A pesar de los enormes beneficios que cosechan las eléctricas, el gobierno Aznar les concedió diversos beneficios: los Costes de Transición a la Competencia ¿Qué competencia? ¿Contra quién? ¿Qué costes? y el déficit de tarifa ¿Qué déficit?. Igualmente, la gasolina ha subido un 75% desde que comenzó la crisis y 3 petroleras controlan el 83% de las gasolineras. Lo mismo podemos decir de las telecomunicaciones, las más caras de Europa con un servicio muy pobre; o de la privatización del 50% del agua potable municipal a manos de 3 empresas: la francesa Agbar, FCC y Acciona. Para terminar, el subvencionado mercado de la alimentación en escalada constante de precios está controlado por 7 empresas.

El desfalco que han supuesto las privatizaciones para los contribuyentes españoles ha sido monumental. Por ejemplo, si solo consideramos el caso de Telefónica podemos observar que ha obtenido en los últimos ejercicios beneficios multimillonarios: en 2006, 5.198 millones; en 2007, 8.906 millones; en 2008, 7.592 millones; en 2009, 7.776 millones; en 2010, 10.167 millones; en 2011, 5.403 millones; en 2012, 5.512 millones; y, las previsiones para 2013 podrían alcanzar los 5.363 millones. Entonces, nos podríamos preguntar ¿cuáles son las ventajas para los españoles de privatizar una empresa que, prácticamente, trabaja en régimen de monopolio haciéndonos pagar los precios más altos de Europa en telecomunicaciones y sirve para colocar a Eduardo Zaplana, al marido de la actual vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que, además, enriqueció al compañero de pupitre de un ex presidente del gobierno; y, que podría correr el riesgo de acabar en manos extranjeras dada la actual venta de España – caso de Endesa o, ahora, Iberia – a precio de saldo?

Por tanto, podemos concluir, que el Estado español vendió sus últimas participaciones en Telefónica – entre 1987 y 1997 – por unos 5.468 millones de euros, prácticamente, los beneficios que da Telefónica en uno o dos años. Parece que la privatización fue todo un éxito, pero no para el conjunto de los españoles. Este cálculo lo podemos extrapolar a todas las grandes empresas públicas vendidas y nos podremos hacer una idea de los miles de millones dilapidados. Sólo las compañías eléctricas ganaron de 2006 a 2011, 52.300 millones de euros. Ahora, está en marcha la última ronda de desposesiones en contra del interés general de los españoles: AENA, RENFE, el sistema sanitario público, el metro de Madrid, Loterías, el AVE, puertos, agua potable, transportes públicos, etc. Son empresas y servicios públicos cuyo valor es incalculable. 

LA “PUERTA GIRATORIA” Y EL EXPOLIO DE LOS BIENES PÚBLICOS (I)

“Todo para nosotros y nada para los demás parece haber sido la ruin máxima de los amos de la humanidad en las diversas épocas de la historia. Los grandes propietarios de nuestra época prefieren tener un par de hebillas de zapatos con diamantes o algo igual de frívolo e inútil a proporcionar el mantenimiento o, lo que es lo mismo, el precio del mantenimiento de mil hombres al año. Donde hay una gran riqueza esta manera de actuar forma parte de la naturaleza de los seres humanos. Así como también forma parte de la condición humana la búsqueda de la justicia, la igualdad y la felicidad para todos.”

  Adam Smith “La Riqueza de las Naciones”, 1776 

                                 

        

Nos están desposeyendo de todo. Hay que ser muy ingenuos y crédulos para pensar que personas que tienen unos conflictos de intereses tan descarados y una ambición tan desmesurada, tienen algún mínimo interés en gestionar con eficacia los servicios públicos y que sus acciones van a repercutir en el interés general. El proceso al que nos enfrentamos ya está muy estudiado, es un proceso de desposesión, robo o su eufemismo más exitoso: privatización. La conocida “acumulación por desposesión” que ha analizado el economista David Harvey.

Este tipo de acumulación no es nueva, ya encontramos uno de los ejemplos más claros en la Inglaterra de los S.XVIII y XIX con las “enclosures”, cercamientos de las tierras comunales que acabaron en manos de grandes terratenientes y supusieron la desposesión absoluta del único medio de vida de los campesinos, que tuvieron que marchar a las ciudades a trabajar en las nuevas industrias por salarios de miseria. En el presente, podemos observar la desposesión que sufren los pueblos de África y América a manos de sus oligarquías terratenientes en connivencia con las grandes multinacionales y los países occidentales. Pueblos que son riquísimos en recursos naturales viven en la extrema pobreza y sufren una continúa violencia. Pueblos que mueren de hambre – 36 millones de personas son asesinadas por inanición al año – ven como 500.000 km2 de tierras aptas para la agricultura son vendidas a naciones o empresas extranjeras o, como cientos de miles de toneladas de peces del lago Victoria  – la perca del Nilo, muchas veces vendida como mero – se exportan a los países ricos, mientras en las mismas orillas de ese lago mueren cientos de miles de seres humanos despojados de todo.

La privatización – desposesión – del patrimonio público o común para entregárselo a una minoría a precio de saldo que se enriquece – acumulación –, por tanto, no es un fenómeno nada novedoso ni una innovación de la nueva teoría económica neoliberal. Se pretende vestir de modernidad y moderación lo que no es más que el envoltorio del pensamiento reaccionario de todas las épocas. Estas privatizaciones nunca favorecen a la mayoría sino que repercuten, siempre, en la oligarquía terrateniente y capitalista que se encuentra ya en la cima de la pirámide. Durante los últimos cuarenta años estas privatizaciones se están llevando a cabo mediante el fenómeno de la puerta giratoria o “revolving door” no siendo, en absoluto, exclusivo de España.

Este fenómeno se encuadra dentro de un movimiento más amplio conocido como revolución conservadora – el neoliberalismo – y la globalización que no deja de ser la pretendida moderna denominación de la desposesión y el colonialismo a gran escala. En los años 50 del siglo pasado empezó a gestarse este movimiento ultraconservador que ganó la batalla en la década de los 70. Los primeros países que pusieron en práctica sus recetas fueron dictaduras – Chile y Argentina – y, luego, llegó a los países más desarrollados de la mano de Reagan y Thatcher. Bajo el manto de un nuevo pensamiento innovador, novedoso y moderno, las ideas reaccionarias se vistieron de libertad. Dentro de un concepto de libertad en el que cabía cualquier cosa, incluso, la falta de control, la ausencia de límites y el constante abuso de poder.

El fenómeno de la puerta giratoria gravita en la continúa circulación de los representantes públicos hacia la iniciativa privada y viceversa. Como hemos dicho ni mucho menos es exclusivo de España, puesto que, podemos verlo constantemente en EEUU y Europa. Solo tenemos que visionar el documental “Inside Job” o leer distintos libros de ilustres economistas norteamericanos para conocer el decisivo poder de los lobbys empresariales e ideológicos; las enormes sumas de dinero que se mueven en las campañas electorales, que funcionan a modo de barrera de entrada para cualquier posible cambio político; el control de los órganos reguladores por empleados de la banca, la desregulación del sistema financiero, la deshonestidad y las actividades fraudulentas con que opera el sistema financiero y empresarial, que ha llevado en la últimas décadas al colapso de las cajas de ahorros (Savings & Loan), la burbuja tecnológica, los escándalos de Arthur Andersen, Enron, las “hipotecas basura”, entre otros; el olvido del ciudadano medio y para qué decir del más humilde, etc.

Sin ir más lejos la infame invasión de Irak por un gobierno plagado de políticos con enormes intereses en el mercado petrolero y la industria privada. Una guerra que ha sido un desastre en costos humanos y económicos – más de 3 billones hasta 2008 para el ciudadano norteamericano y más de 1 millón de iraquíes asesinados –, pero que ha enriquecido a las empresas de George Bush Jr., Condoleezza Rice, Dick Cheney, etc. A Chevron–Texaco, Exxon–Mobil, Blackwater Security, Halliburton, etc. Pero, no sólo ellas, también, las empresas británicas – Shell y BP – de la mano de Tony Blair obtienen suculentos beneficios en Iraq. Los servicios de Tony Blair han sido generosamente pagados por el mundo del petróleo labrándole una fortuna que asciende a 43 millones de euros y obteniendo unos ingresos anuales de 10 millones. Al igual que, José María Aznar, que vio premiada su abnegada servidumbre con el reconocimiento de la ultraderecha a nivel mundial y unas ganancias de 1,5 millones al año.

En Europa, asistimos igualmente a las mismas actuaciones. En Italia, ha estado gobernando hasta hace poco un señor que ha legislado a la medida de sus empresas y de él mismo, con el fin de enriquecerse y sortear su ingreso en prisión, Silvio Berlusconi. En Europa, con el estallido de la actual crisis financiera vemos como han tomado el poder los empleados de la banca de inversión: Mario Draghi, ex director de Goldman Sachs, que durante su mandato falseó las cuentas griegas, ha tomado el BCE; Mario Monti, otro ex Goldman Sachs, fue impuesto como presidente no electo a los italianos; Lucas Papademos, a los griegos. Asimismo, otros ex compañeros suyos ocupan cargos de la máxima importancia en instituciones nacionales, europeas y multinacionales: Peter Sutherland, Karel Van Miert, Antonio Borges, Petros Chritodolou, Otmar Issing, etc. Pero, no sólo ellos, también, están representados mediante sus empleados otras entidades como: JP Morgan, HSBC, RBS, UBS, Credit Suisse, Barclays, etc.

Así, vemos como los bancos quebrados – responsables de la burbuja financiera y la quiebra del sistema financiero – y rescatados con dinero público han tomado el control de las instituciones de Europa en connivencia con los actúales dirigentes políticos – es difícil hacer una distinción entre ellos – para hacernos sentir culpables de la situación por ellos creada, para hacernos creer que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades e imponernos unas políticas de austeridad y recortes en derechos sociales, que suponen un inmenso trasvase de riqueza a esa misma oligarquía financiera a la que sirven, de la que forman parte o de la que aspiran a formar parte un día.

Por tanto, las privatizaciones hubieran sido imposibles de realizar sin antes no haber alcanzado la hegemonía ideológica. Sin antes no haber impuesto la forma de pensamiento y de vida. Sin antes no haber inoculado el virus del egoísmo, el individualismo, el desprecio y la desvalorización de los bienes comunes, el desprestigio de lo público, la destrucción del movimiento obrero, la desunión entre los trabajadores, etc. Esto se logró a base de ingentes cantidades de dinero y propaganda, se tomaron al asalto las universidades, se puso en marcha una avasalladora maquinaria de propaganda que desde todos los medios de comunicación anunciaban el único camino posible: la privatización de todo lo público. Lo público era ineficiente, corrupto e ineficaz “per se”, no porque los grandes monopolios y fortunas pusieran sus peones a controlarlo en contra del interés general . La ideología neoliberal demostrada su inoperancia e inutilidad durante la Gran Depresión - a base de colosales cantidades de dinero, el engaño y la ocultación de la realidad – volvía a convertirse en el pensamiento único e indiscutible en beneficio de una poderosa minoría. No importaba que fuera refutado por la realidad porque el pensamiento mágico, la teología, la escolástica medieval no necesitan de la confrontación con ella para convertirse en verdad incuestionable e incuestionada. Y, ahí, tenemos a nuestras más preclaras mentes estudiando una ideología que pasa por ciencia económica.

El problema no sería mayor si se admitiera que en verdad lo que se busca es la desposesión absoluta de la totalidad de los seres humanos en favor de una minoría de ellos. Ciertamente, para este objetivo se están utilizando los mecanismos apropiados. Pero, nos han hecho creer que son las herramientas apropiadas para crear empleo, crecimiento, bienestar, riqueza, etc. Y, que si no se consiguen estos objetivos es por nuestra ineptitud, holgazanería y avaricia por querer tener derechos sociales y una vida digna. De todas formas, admitamos, que tiene mucho mérito haber conseguido que te voten y apoyen millones de personas a las que estas empobreciendo y, además, sientan que lo estás haciendo por su bien. La operación realizada en las mentes de la mayoría de las personas ha sido grandiosa.

El objetivo es crear escasez, crear necesidad y vender esa escasez al mejor postor. Al que pueda pagársela. No es una ley natural, es una construcción humana. Se crea escasez privatizando la creación del dinero, el agua, la energía, la tierra, el conocimiento, las telecomunicaciones, los transportes, etc. Pero, al mismo tiempo, también, se tiende hacia un empobrecimiento generalizado de la sociedad. Con esas políticas económicas no se crea riqueza, pero sí se crean ricos.

UNA MONARQUÍA BANANERA O, MEJOR, UN RÉGIMEN SEMIFEUDAL

Pensemos. Comparemos. Comparar es bueno. Repitamos el ejercicio hasta la saciedad.

Perdonan el impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas con el que se podrían recaudar en Madrid fácilmente 600 millones – más de 2.000 millones a nivel nacional –. Durante los últimos 5 años, Madrid, ha perdonado a las rentas más altas más de 3.000 millones con distintas rebajas de impuestos a éstas. El mismo caso podemos extrapolar a Cataluña o al resto de España, en esto no hay banderas. El gobierno no persigue el fraude fiscal sino que lo posibilita y lo amnistía renunciando a 88.500 millones. Apple, Amazon, Starbucks, Sansumg, Google, etc. con beneficios millonarios en suelo español, prácticamente, no pagan impuestos. Nuestras grandes empresas tributan a entre el 5 y el 14% – según la fuente a la que se acuda o la forma en que se calcule – pero no más. Éstas tienen empresas en paraísos fiscales para defraudar alegremente con la connivencia de nuestros gobiernos. Nuestras patrióticas grandes fortunas tributan al 1% mediante triquiñuelas acompañadas de figuras legales, mientras, nos exprimen les hacemos sentirse lo más a gusto posible para que no se vayan. Se crea un limbo legal y fiscal en EuroVegas – con el que renunciaremos a unos 3.000 millones – para mayor gloria de los “pelotazos” urbanísticos y la corrupción. Se dan cientos de miles de millones a los banqueros para salvar sus fortunas cuando esos bancos podrían ser liquidados con el dinero de sus mismos accionistas  e inversores privados. Etc. Etc. Etc.

Todas ellas medidas muy necesarias… Lo permitimos ¿Somos tontos? Seguro que sí, pero, empiezo a inclinarme más porque somos gilipollas. Qué es lo mejor de todo esto, que, mientras, eximimos a estas empresas y fortunas del pago de impuestos o las rescatamos, desvían los fondos a paraísos fiscales – 21 billones se encuentran allí – y, para mayor escarnio, luego son ellas – los mercados – las que con el dinero que han evadido nos prestan y les pagaremos intereses anuales, solo España, por valor de 38.000 millones el próximo año. Esta cifra es más del dinero que dedicamos a los denigrados y humillados desempleados.

Nuestros abnegados líderes en pos del buen funcionamiento y la sostenibilidad del sistema – la salvación en el sacrificio y la destrucción de nuestra sociedad – imponen un REpago en medicinas y, ahora, una tasa de un euro por receta para obtener una recaudación ridícula de 83 millones en Madrid– en Cataluña se prevén recaudar alrededor de 90 o 100 millones anuales – poniendo contra las cuerdas a jubilados, desempleados y enfermos crónicos; Parece que, no, suficientemente, castigados con el REcobro de los transportes sanitarios, por ejemplo, para las innecesarias diálisis  – ¡¡¡no son urgentes, porque si un paciente de diálisis no la recibe, no le ocurre nada!!! – Pero, bueno, no nos vamos a  sorprender, ya nos lo dijo la viceconsejera de Asistencia Sanitaria madrileña, no podía ser que los enfermos crónicos vivieran gratis del sistema o como piensan el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno, que creen, que su labor consiste en impartir dolor y sufrimiento. Eso sí, sufrimiento para el resto, riqueza y poder para ellos.

El señor Lasquetty se excusa – y nos culpabiliza – de las cerca de 3.800 toneladas de medicamentos tirados ¡Pero, si eso es la esencia de este sistema capitalista! El consumo irracional, compulsivo, masivo y el despilfarro a gran escala– mientras millones de seres humanos sufren y mueren de hambre – con la destrucción de los recursos económicos, energéticos y naturales. Debería darse este señor una vuelta por nuestros ríos, costas y bosques destruidos por su codicia e irreflexividad. Debería luchar contra los 9 millones de toneladas de alimentos que se tiran cada año. Su trabajo como consejero de Sanidad hubiera consistido – en este caso – en implantar una medida tan simple como dar a los pacientes la dosis justa de medicinas, eso sería más que suficiente para ahorrar, evitar el despilfarro y hacer un uso racional de los medicamentos. Pero, esta medida iría contra las estrategias de ventas de las multinacionales farmacéuticas a las que no quiere perjudicar y se debe.

Todas las medidas se están realizando sin la participación de los profesionales de la educación ni la sanidad, ni la justicia, ni los trabajadores; se está pasando por encima de ellos y lo que es peor se les está criminalizando porque el objetivo es desmantelar el sistema, privatizarlo y cuando se presente algún problema en los beneficios, socializar las perdidas. Solo un régimen estamental puede justificar que mientras para unos pocos puedan regir privilegios y dádivas sinfín, para el resto de ciudadanos recaigan medidas coercitivas, confiscatorias y una pérdida masiva de derechos. Y, evidentemente, ese régimen caciquil y corrupto se está apuntalando con medidas demagógicas.

Medidas demagógicas como la reducción de los concejales. Medida falaz porque se pretenden impulsar las diputaciones provinciales, cementerio de elefantes y cargos elegidos a dedo que suponen un coste de 22.000 millones. Se consolida un gasto de 22.000 millones en redes clientelares y se deja sin sanidad – con una medida inhumana que, además, es inconstitucional y pone en riesgo la salud pública – una disposición racista e ideológica que pretende ahorrar otra miserable cifra: 245 millones. Pero, no nos engañemos, esta es la realidad, atizan el racismo y las emociones más miserables para proteger sus intereses en este sistema caciquil. Con unas pocas medidas podríamos ahorrar 365.000 millones que favorecen a los estamentos privilegiados.

Esta es la sociedad estamental – que pensábamos solo se estudiaba en los libros de historia – donde unos entes públicos cobran el IBI a sus universidades – un absurdo absoluto cobrarte a ti mismo – y renuncie a cobrar el IBI – y otros impuestos – a la Iglesia Católica, unos 3.000 millones anuales. Una Iglesia que recibe unos 11.000 millones, que no son para atender a los más pobres, pues, Cáritas – la coartada perfecta esgrimida por la cínica jerarquía católica española – solo recibe un 2% de sus fondos del dinero destinado por el Estado a la Iglesia Católica. Una cifra irrisoria para una Institución, extremadamente, rica y subvencionada.Una Iglesia que posee miles de viviendas que nunca serán destinadas a los más necesitados.

Que habrá que darle casi 4.000 millones a las concesionarias de autopistas de peaje para evitar su quiebra – o poner el 25% del PIB al servicio del rescate a los bancos – pues se les da. Que hay que garantizarles los ingresos, pues se hace. Que esas mismas constructoras se van a quedar con la sanidad, pues qué más da. Eso son minucias. Pero, bajo ningún concepto, vamos a rescatar a los 350.000 desahuciados y perdonar sus deudas con la entrega de la vivienda – una vivienda tasada por ese precio por el mismo banco – eso sería poner en riesgo el sistema y crearíamos un mal precedente que fomentaría la irresponsabilidad en los ciudadanos. Un plan que podría costar unos 6.000 millones o poner en el mercado alrededor de 3 millones de viviendas vacías, cuando miles se quedan sin techo o tienen que volver al hogar familiar. Pero, seamos realistas, una vida humana no es cuantificable – no vamos a perder el tiempo en problemas metafísicos – en cambio, el precio de un yate, un Ferrari, comer en un restaurante de lujo o una mansión es cuantificable fácilmente.

Lo que, también, es cuantificable es la estafa de las preferentes a los pequeños ahorradores perpetrada por la banca con engaños. Es un engaño vender como un valor seguro una acción que es variable y, además, estaba sobrevalorada. Nada va a ocurrir. La estafa ha sido consumada y nadie va a devolver la integridad del dinero que ha colaborado al rescate bancario. El señor Ruíz Gallardón, además, ha puesto otra barrera – llámalo racionalización, ahorro o medida estructural – a estos estafados, una barrera económica de, aproximadamente, 940 euros para demandar al banco. Y lo más grotesco es que sus demandas van a ser estudiadas en el Supremo por un juez que ha estado al servicio de la banca desde 1969. Estafados dos veces: por los bancos y por el Estado de derecho.

La última medida chusca de ahorro tomada es el plan de ‘racionalización’ (otro palabro falaz y ridículo en sus bocas) de Renfe que dejará incomunicados muchos lugares de España, sin realizar un contraestudio del coste que supondrá para los ciudadanos en gasolina, coches, accidentes o contaminación, por unos míseros 51 millones, mientras, ellos pueden viajar en AVE (35.000 millones el dispendio para trasladar cómodamente a las élites económicas) o en avión o en helicóptero – lo mismo da – en primera clase y gratis. Mientras, Alemania construyó una potente red de ferrocarril allá por el S.XIX, nuestra corrupta e insaciable oligarquía – en el S.XXI – nos quiere devolver al subdesarrollo industrial y tecnológico.

DESTITUIDO POR CAZAR A LOS CORRUPTOS

Raul Burillo, es funcionario, de esos funcionarios díscolos que disponen de una relativa independencia y de una ya extraña estabilidad y seguridad laboral. Uno de esos empleados públicos incómodos para la élites extractivas. Fue durante seis años, de 2004 a 2010, delegado de Hacienda en Baleares, donde dirigió la Unidad Especial de Investigación Judicial contra la Corrupción de la Agencia Tributaria en esa Comunidad. Durante ese tiempo, al frente de un equipo compuesto por inspectores de Hacienda en coordinación con policías y fiscales descubrió cerca de 30 casos de corrupción política y empresarial, la mayoría de ellos relacionados con el ladrillo.

 El periodista griego Kostas Vaxevanis detenido por publicar un lista de 2.059 evasores fiscales.

En estas investigaciones cazaron a personalidades de la importancia de Jaume Matas, presidente del gobierno balear(PP), María Antonia Munar (Unió Mallorquina) e Iñaki Urdangarín, entre otros muchos. Como premio por descubrir estos asuntos delictivos fue cesado por el anterior gobierno a finales de julio de 2010. Dos años después, la Unidad Especial contra la Corrupción fue desmantelada a principios de este verano por el actual gobierno del PP. Parece que cuando, en nuestro supuesto ‘Estado de Derecho’ se toca la impunidad de ciertos estamentos se corre el riesgo de perecer, por ahora, profesionalmente. Ahora, ya sabemos, el riesgo que corren jueces, funcionarios, periodistas o personas comunes que osan tocar los privilegios de nuestra criminal oligarquía.

Anteayer, en otro excelente programa de ‘Salvados’, este empleado público nos volvió a demostrar que la realidad supera a la ficción. Que a las élites político-empresariales no les interesa que se disponga de un sistema impositivo justo. Que para los ricos los subterfugios legales son infinitos, que disponen de todos los medios y dispensas posibles para defraudar y, que no hay ningún interés en perseguir el fraude fiscal. Unas pocas pinceladas de muestra:

1. Los inspectores de Hacienda sólo pueden dedicar un año a la investigación de presuntos casos de fraude fiscal. Esto dificulta, prácticamente, imposibilita la persecución del gran fraude fiscal – que es el que esquilma nuestros recursos – pues, se necesitan años y el trabajo en equipo de diversos cuerpos del Estado para destaparlo.                 

2. Las Leyes están hechas a medida de las grandes fortunas y empresas para evitarles el mal trago de pagar impuestos. Mientras, las grandes fortunas tributan por medio de sociedades – llamadas SICAVS – al 1%, las grandes empresas tributan a un tipo medio efectivo del 5%.                                                                                                                                                                                                      
3.  Los impuestos son pagados, prácticamente, en su mayoría por las rentas del trabajo. Esto es fácil de observar cuando, el 85% del IRPF lo componen estas rentas; porque, curiosamente, en España el 96% de los ciudadanos gana menos de 60.000 euros. En España, no hay ricos y los empresarios declaran ganar menos que sus trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Es difícil escuchar en la televisión cuales son las causas verdaderas de la crisis actual. La crisis en España no se ha debido a un exceso de gasto público – el gasto social es 6 puntos inferior a la media europea; el gasto per cápita en protección social es, prácticamente, la mitad; y, el gasto público casi seis puntos inferior a la media europea, o, por ejemplo, más de 12 puntos inferior al francés – sino a un exceso de endeudamiento privado.

 

5. La actual crisis en las cuentas del Estado no se debe, igualmente, a un exceso de gasto sino a una falta de ingresos crónica. El problema es la escasez de ingresos públicos y esto se puede demostrar fácilmente si nos comparamos con el resto de países europeos: España recauda un escaso 34% de su PIB, mientras que, la media de la UE ingresa un 44% y, sin embargo, Suecia alcanza el 54% del PIB.                                                                                                                                                          

6. A este déficit de ingresos se debe el actual déficit público de España. A los privilegios de una minoría. Esto se debe a que Suecia gasta 6 veces más en la financiación de la Administración Tributaria que España. Si España pusiera en práctica una política tributaria al mismo nivel que la media europea recaudaría 100.000 millones de euros más, si pusiera en práctica la política sueca, 200.000 millones más. Esta es una de las explicaciones de la situación que se vive en unos países u otros.

 

7. Esta política va, groseramente, contra el interés general porque por cada 60 céntimos que se invierten en la Agencia Tributaria se obtiene un beneficio de 100 euros. Unos beneficios que sirven al bien común y promueven la educación, la sanidad, las pensiones, la atención a los mayores, dependientes y discapacitados, ayudas a la familia y a la infancia, infraestructuras, políticas de empleo, política industrial, I+D, etc.

 

8. La política fiscal de nuestros gobiernos ha ido claramente dirigida a dejar sin recursos al Estado. Se ha desmantelado el sistema impositivo y toda la carga impositiva – IRPF, IVA, IBI, impuestos especiales, etc. – recae sobre unos trabajadores cada vez más empobrecidos. Y, unos desempleados empujados a la consentida economía sumergida – donde se defraudan más de 82.000 millones – mediante la precariedad, la necesidad, la impunidad, la ignorancia y la explotación laboral.

 

9. Estas políticas de desmantelamiento del sistema fiscal para sustituirlo por un sistema que expolia a los trabajadores y acaba con el Estado de bienestar y los bienes y servicios públicos, tiene ejemplos palmarios en las enormes bajadas de impuestos a las grandes fortunas y empresas de las últimas décadas o la total permisividad – e, incluso, protección – con el fraude fiscal y los paraísos fiscales, a los que se han desviado 21 billones de dólares. Bancos y paraísos fiscales que – como en Suiza – se valen del secreto bancario para evadir capitales y blanquear dinero. Así se consigue que grandes multinacionales – Apple, Google, Starbuks, Amazon,… – estén exentas de pagar impuestos.

 

10.  El fraude fiscal asciende en España a 88.500 millones de euros. El 72% es perpetrado por las grandes empresas. Estas grandes empresas, muchas de ellas antiguas empresas públicas privatizadas, que controlan sectores estratégicos para el país, que actúan en régimen de oligopolio o monopolio pactando los precios, destruyendo cientos de miles de empleos y obteniendo escandalosos beneficios a costa de abusivos precios y tarifas que saquean los presupuestos familiares.

 

11.  La práctica eliminación de dos impuestos – patrimonio y sucesiones y donaciones – principalmente, soportados por las grandes fortunas, que, ya eran de por sí testimoniales, nos cuesta casi 5.000 millones de euros anuales. Unos impuestos – arduamente debatida su justicia desde el S.XVIII – que servían para redistribuir la riqueza, reducir las desigualdades sociales y posibilitar la igualdad de oportunidades. Suficientes ventajas poseen ya, los descendientes de las grandes fortunas teniendo todo tipo de comodidades, los mejores colegios y un puesto seguro en una gran empresa o sus consejos de administración como para, además, recibir una enorme fortuna a la que ellos no han contribuido con su esfuerzo. Para nada se fomenta el principio del trabajo duro y el merito defendido por los neoliberales, sino, el inmovilismo social y la sociedad estamental.

 

12.  Tenemos un Gobierno infame por mentiroso, ilegitimo por cometer fraude electoral y criminal por perpetrar unos recortes innecesarios, que dejan morir, caprichosamente, a seres humanos, y amparar a los grandes delincuentes. Un gobierno que ha permitido que la Ley que posibilita la Amnistía Fiscal sea redactada por los propios defraudadores. Una amnistía fiscal que posibilita el blanqueo de capitales de cualquier tipo y vengan de donde vengan. Pero, que podemos esperar de ellos cuando van a fomentar el limbo legal de EuroVegas, convertido en un paraíso fiscal, donde se podrán perdonar arbitrariamente las faltas más graves.  

 Esto, simplemente, no es un Estado ni de Derecho ni social…

AUTÉNTICOS SINVERGÜENZAS

“El que tenga deudas, que las pague. Que no se hubiera endeudado”

Ante estas últimas declaraciones de la ex ministra de vivienda – María Antonia Trujillo – no se puede expresar nada más que indignación. Lo que sentimos y pensamos mejor no lo diremos. Esta señora que, mientras, fue ministra de vivienda invitó a todos los ciudadanos a comprar viviendas, a endeudarse, aun sabiendo que éstas estaban enormemente sobrevaloradas – inflados sus precios artificialmente, conscientemente, por banqueros y agentes del mercado inmobiliario – como el propio Miguel Sebastián o Miguel Ángel Fernández Ordoñez advirtieron en 2002 y 2003. Como su propio partido sabía, pero que todos olvidaron rápidamente, cuando llegaron al gobierno.

Esta señora actuó de forma que condenó a cientos de miles de personas a endeudarse de por vida o a perder sus ahorros en la mayor estafa perpetrada en la reciente historia de España. Contribuyó por acción y omisión a que estas personas compraran bienes a crédito que no valían ni una cuarta parte de su precio. No actuó como una ministra del gobierno de España – como una servidora pública – sino como una sierva de los banqueros que permitió el fraude de las tasadoras e inmobiliarias. Ante la complicidad de todos los gobiernos vemos como con sus acciones en connivencia con los poderes financieros y empresariales han abocado a la quiebra a las cajas, los bancos, las empresas, las familias e, incluso, al Estado español.

Ante la desgracia que viven millones de personas condenadas al paro, a la pobreza, a la precariedad, nos encontramos ante una psicópata más. Se jacta de ser una persona responsable cuando no actuó contra la estafa inmobiliaria. Si no quiso, malo. Si no pudo, debió dimitir. Con su actitud nos muestra a un ser infantil, caprichoso, ignorante y dañino, que no se conmueve ante los más de 400.000 desahucios y los miles de suicidios que ha producido la crisis. Unos suicidios y desahucios que podrían haberse evitado si no hubieran convertido un bien necesario en un objeto más de especulación.

A la ministra nunca se le habrá pasado por la cabeza por qué se endeudó la gente. Ella no se preocupó de evitarlo. Todo lo contrario, se fomentaron los mitos inmobiliarios y los comportamientos fraudulentos. Durante su gestión el precio de la vivienda alcanzó su techo. Un joven hubiera necesitado un 132% más de sueldo para acceder a una hipoteca que no hubiera superado el 30% de sus ingresos. Porcentaje que se estima como máximo para que la hipoteca sea viable. En Madrid, Baleares o el País Vasco, se hubiera necesitado un subida de más de un 180%. El esfuerzo que tenía que hacer un joven para acceder a una vivienda representaba el 70% de sus ingresos. En Madrid, Baleares o el País Vasco más de un 86%. La opción del alquiler no era más barata, aunque sí, evitaba la esclavitud de la deuda y la usura.

Para disculpar su gestión dijo hace tiempo en una entrevista que: “En los dos lustros anteriores no hay inocentes. Desde el ciudadano al político, todos culpables. Pasando por el resto de operadores del mercado”. Perdona, pero, quien estafa es el culpable. El que engaña es el culpable. El engañado es la víctima… Totalmente, irresponsable como ministra, lo es más como tertuliana. La ministra olvida que las responsabilidades no son las mismas. La responsabilidad de un ministro es máxima. Una ministra que desde su posición tendría que haber luchado contra la asimetría de la información y la propaganda; contra el engaño de una máxima sin ninguna base empírica ni científica: “La vivienda siempre sube…”.

También, opina: “(la deducción por vivienda) En un momento como el actual no debería desaparecer. Es más, creo que de forma temporal habría que desgravar la segunda, tercera y sucesivas viviendas”. Frases como esta explican su gestión como ministra de Vivienda. Estos ‘socialistas de boquilla’ que no tienen ni la menor sensibilidad social pretenden desgravar la vivienda especulativa, cuando hay millones de personas sin acceso a una vivienda y un parque de casi 6 millones de viviendas vacías. Pero, así son, los grandes prohombres de nuestra democracia: la vivienda para los multimillonarios rusos o chinos – que nuestro país albergue a lo mejor de la mafia mundial viene de antiguo –, para los especuladores que puedan pagar millones, blanquear dinero, etc. Pero no, para las personas. La Constitución parece ser un papelucho para una profesora esta materia y, las personas, unos números inanimados para una servidora del pueblo; que hubieran sido más listos, por lo menos tan listos como ella, que presume de no tener deudas.

Toda su vida estudiando las leyes para olvidar la más importante: Art. 47, Constitución española, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdocon el interés general para impedir la especulación”. La verdad es que sí, han promovido las condiciones, pero para la especulación y el enriquecimiento de los especuladores.

La frase más célebre de la ministra, que parece apócrifa, pues ella la niega, es: “Son unos irresponsables aquellos que piensan que en España existe una burbuja inmobiliaria augurando un brusco descenso en el precio de la vivienda” (24 de junio de 2004). Sin palabras, estaba negando la burbuja más grande de la historia mundial, debería estar ya en la cárcel por estafa como muchos otros que perpetraron el pillaje inmobiliario. Lo máximo que realizó en su labor de ministra fueron propuestas que no llegaron a traducirse en medidas claras y menos en lo que debía haber sido su labor fundamental, facilitar el acceso a una vivienda digna, sin convertirse en un esclavo de los bancos, a todos los ciudadanos. 

La lista de auténticos sinvergüenzas es amplia. En ella podemos encontrar a,  prácticamente, todos los banqueros, políticos, grandes constructoras e inmobiliarias, tasadoras, asociaciones propagandísticas como ASPRIMA, la Asociación Hipotecaria española (AHE), la patronal bancaria (AEB) y un largo etcétera. Los grandes medios de comunicación, también, fueron cómplices de la estafa. Han dado un amplio eco – lo siguen haciendo –  a los supuestos ‘expertos’ y han ayudado a crear los grandes mitos que nos condenan. Mientras, ésta se estaba produciendo muy pocos dieron voz a los muchos que estaban avisando de ella y de las desastrosas consecuencias que desencadenaría. 

La ministra, evidentemente, no ha sido la única. Ha habido otros con más responsabilidad, pero, también, con más vergüenza y han callado, ahora, que todo ha estallado. Caso a estudiar es el de su sucesora, que más que ministra de Vivienda se convirtió en comercial inmobiliaria con frases tan afortunadas como “ahora es el mejor momento para comprar una vivienda” en 2008, en plena explosión de la burbuja. Si esto no es guiar irresponsablemente a la población al precipicio, no sé que es.

El comportamiento de los dirigentes socialistas no ha sido ni mucho menos mejor. Pepe Blanco, según Miguel Sebastián, tenía claro que “la paciencia con los bancos es infinita”. En cambio, los desahucios ya estaban en marcha y el desamparo de las familias no dejaba de crecer. Pedro Solbes, además de negar la burbuja y la crisis en repetidas ocasiones dejó el gobierno en plena deriva marchándose al Banco Barclays y a la eléctrica ENEL. Tras este comportamiento, ahora, sabemos a quién servía. Lo más grave de todo esto – como ya hemos dicho – es que conocían la existencia y el peligro de la burbuja desde 2002. Fue llegar al gobierno y olvidarse de ella.

No vamos aquí a disculpar a nadie y sí, vamos a acusar a todos los responsables. Sólo hay que observar el mapa de la corrupción de los partidos políticos, teñido de colores rojos y azules. Tampoco se libran nacionalistas ni regionalistas. No se libra el PP, que montó este tinglado y ha llegado con la intención de reavivarlo mediante la derogación de la Ley de Costas e imagino la destrucción del poco patrimonio natural y medioambiental que han dejado los desmanes de las continuas burbujas inmobiliarias que ha montado nuestra clase político-empresarial. Llevamos cuarenta años montados en una burbuja.

El actual ministro de Economía forma parte importante de la génesis de la última burbuja como secretario de Estado de Economía con Rodrigo Rato. Pero, cuando, nuestra burbuja inmobiliaria estaba tomando dimensiones monstruosas y el acceso a la vivienda era ya imposible, Luís de Guindos, se permitió negarla, en 2003, en el ABC:“En España no hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios alza que se van a ir moderando con más viviendas en alquiler y más transparencia en los procedimientos de urbanismo”. Después, vino Lehman Brothers, pero, aunque todo caiga, él sigue cobrando cientos de miles de euros.

En ese mismo año, el capo de todos ellos, también, negó la burbuja inmobiliaria. Emilio Botín interpretó mejor que nadie a los inspectores del Banco de España “La burbuja inmobiliaria no existe, se ha malinterpretado el informe del Banco de España” dijo. Y, hasta que, punto se malinterpreto podríamos decir ahora. El señor Botín estaba demasiado preocupado con vender hipotecas como para preocuparse de un posible estallido de la burbuja o de una gestión responsable de su banco. Ya vendrían los contribuyentes españoles a rescatarlo.

Otro ex del BdE y del BCE – responsable de la burbuja con sus acciones – José Manuel González Paramo ha dicho hace unos diez días en la Cadena Ser que “las deudas son sacrosantas” – ¡Mentira! Las deudas son una cuestión de poder –. Este señor era el responsable de la supervisión bancaria. Era una máxima autoridad del Banco de España cuando sus inspectores le alertaron del peligro que implicaba la burbuja inmobiliaria. No hizo nada y fue premiado con un puesto en el Banco Central Europeo – la misma entidad – que, también, con sus políticas de tipos de interés bajísimos para favorecer a Alemania alentó distintas burbujas en el seno de la UE. Lo mismo podemos decir de Jaime Caruana, gobernador del BdE hasta 2006, un año antes del estallido de la misma. Su inacción y apoyo implícito al desastre financiero le valió el premio de irse con Rodrigo Rato al FMI.

Tristemente si no damos un vuelco a la situación actual el futuro es muy desalentador. La actual clase política está llevando a cabo una política que nos condena a la tercermundización. A la ‘chinización’ del mercado laboral. A la precariedad social. Al empobrecimiento masivo. Se está recortando en la futura riqueza de España con políticas que arrinconan la educación, la ciencia, la salud, la innovación, etc. Están vendiendo España para pagar las deudas que ellos tienen contraídas, salvando así sus fortunas y sus privilegios. Hacen responsable a la población de una estafa que ellos mismos perpetraron con total consciencia. Porque las personas en algún sitio tienen que vivir y la vivienda es un bien básico, que ellos convirtieron en inaccesible.

Estamos en manos de personas egoístas, ávidas de poder y dinero, y, totalmente, insensatas. Personas que deberían estar en la cárcel por sus acciones y no dirigiendo nuestros destinos. Pocas esperanzas hay cuando un vicesecretario del PP, González Pons, dice que “La burbuja inmobiliaria fue buena” o, que el presidente de la patronal bancaria (AEB), Miguel Martín, afirme que para arreglar el problema de los desahucios “hay que dar más créditos y crear más casas”. Está hablando de un país que construía más casas por año que Reino Unido, Francia o Alemania juntos. Y, ¡estaban orgullosos! No pensaban que algo raro podía estar ocurriendo. Ni lo pensaban ni lo piensan, porque no tienen un modelo de bien común en su cabeza sino el enriquecimiento propio y la estafa constante.

Parafraseando a Elena Salgado, ex ministra de Economía, repetiremos un mantra: “no le corresponde al gobierno decir si debe de seguir bajando la vivienda. Los consumidores tienen un comportamiento racional y tratan de aprovechar al máximo las posibilidades que la legislación ofrece”. Que se puede esperar de una ‘socialista’ que toma como propias teorías neoliberales desahuciadas por la realidad y la ciencia. Eso sí, la racionalidad del mercado ha permitido a la ex ministra, de nefasta gestión, aprovechar al máximo sus posibilidades – mediante subterfugios legales – colocándose en una gran empresa del sector eléctrico, oligopólico en nuestro país. Este sector eléctrico que utilizando medios fraudulentos y abusando de su poder, con la protección de los distintos gobiernos y sus ministros, nos hace pagar la luz más cara de Europa. Gracias al tándem Solbes-Salgado la luz subió un 70% en los últimos 7 años. Los mercados han premiado a ambos.

El milagro económico era un ladrillo manchado de corrupción…

RESCATANDO A LOS ESPECULADORES

En estos momentos España se encuentra al borde del segundo rescate, el rescate total. La razón del rescate no es salvar a España de la quiebra, sino evitar la ruina de los banqueros y los inversores de estas entidades. En realidad, desde hace bastante tiempo, todos nuestros bancos (sin hacer distinción entre bancos y cajas) están en quiebra, son insolventes. Curiosa e interesadamente, aquí nada es inocente, esto no sale ni se discute en los grandes medios, pero nuestro sistema financiero no recibe financiación en los mercados secundarios. Ningún banco o inversor quiere prestar a los bancos españoles, también, es verdad que ellos tienen sus propios problemas de solvencia. Nuestros bancos dependen enteramente del dinero que reciben del BCE.

Las cajas han estado en el centro de atención – es cierto que por méritos propios – pero, también, por otra razón muy importante. La razón fundamental es ideológica e interesada. Este interés tiene que ver con los cuantiosos beneficios pecuniarios que reportarán a las élites la privatización a costa de los contribuyentes del patrimonio común que son las cajas. Una parte muy importante de la riqueza nacional que, nuevamente, será sustraída o, como dicen,  ‘privatizada’. Las cajas son entidades que no han sido gestionadas como un bien público – destinadas al bien común, al interés general o al desarrollo económico a largo plazo – sino como fuentes de financiación y promoción de distintos intereses y ambiciones privadas. Ha habido una colosal malversación de dinero público y han sido un foco más de corrupción generalizada, por tanto, lo que tiene que haber son gravísimas consecuencias legales, pero la entrega de unas entidades públicas a las mismas personas que han hecho un uso fraudulento de ellas es una locura.

Los bancos, misteriosamente, han salido indemnes del debate público y publicado – medios de comunicación y ambientes políticos – por supuesto, no del debate que se ha producido en calles, casas, bares y plazas españolas. Esto no es inocente. Nuevamente, por cuestiones ideológicas, se ha ocultado la verdadera situación de los bancos, poniendo el foco en el objetivo más codiciado por financieros y grandes fortunas: las cajas, el último escollo para cumplir el sueño de la apropiación o ‘privatización’ absoluta del dinero, concentrando el sistema financiero español en muy pocas y poderosas manos con las consecuencias desastrosas para la sociedad de la formación de un nuevo monopolio privado.

Los planes de ayuda – eufemismo muy utilizado por la prensa – a España u otros países no son tales. En realidad, son planes de salvamento – con dinero público – a multimillonarios. Los actuales dirigentes europeos no tienen ningún interés en solucionar la supuesta crisis. No están gobernando en pos del interés general, sino que, están salvaguardando los intereses privados de grandes fortunas y empresas a las que sirven. Esto no es muy difícil de ver cuando muchos de ellos vienen de la banca o vuelven a ella: Monti, Papademos, Draghi, Solbes, Rato o De Guindos, entre muchos otros. Ellos ocultan que la crisis financiera tiene fácil solución. Tan solo tenemos que aplicar las mismas leyes económicas que se aplican diariamente a las personas comunes, a los autónomos o a las pequeñas empresas. La misma solución que publicita la retórica neoliberal que se jacta del peligro del ‘moral hazard’ o riesgo moral,  que nos dice que las personas – parece ser que sólo las humildes – deben enfrentarse totalmente a las consecuencias de sus malas acciones. Por tanto, por un simple principio de simetría y justicia universal, los bancos y grandes empresas deben afrontar ante la justicia las consecuencias de las acciones delictivas e inmorales que han llevado a cabo.

Los bancos con problemas no deben ser salvados, deben ser liquidados. Y, esto se puede hacer fácilmente. Hay medios para ello y no resultaría en ningún cataclismo. No debemos dejarnos arrastrar por el miedo ni por el determinismo de los teóricos neoliberales, que está basado en una evasión interesada de la realidad. Disponemos de 700.000 millones de euros – 400.000 millones pertenecientes a los accionistas, es decir los dueños de los bancos y 300.000 millones de los inversores – que deben servir para sanear el sistema financiero y dar fin a estas ‘entidades zombies’,que impiden la reactivación del crédito, la normalización de los precios de la vivienda y nos mantienen en la depresión. El dinero que llegó a España durante la última década no era para invertir a largo plazo, era para especular en el mercado inmobiliario y sacar jugosos beneficios, mientras, cientos de miles de españoles no podían acceder a una vivienda o tuvieron que endeudarse por ella de por vida, convertidos, ahora, como se quiere hacer con España en esclavos de la deuda.

 

Por tanto, no hay que coger el dinero de los contribuyentes, sino el de propietarios de bancos, grandes empresas y sus inversores. El dinero de estos especuladores que inflaron artificialmente los precios creando una demanda especulativa que expulsaba del mercado a la demanda real. Lo que ahora quieren estos bancos e inversores es que les rescatemos de sus apuestas fallidas. Durante la burbuja fueron ellos los que avivaron la propaganda desde medios de comunicación, resortes del poder político, servicios de estudios financieros, expertos a sueldo, tasadoras, agencias de calificación, etc. invitando a los ciudadanos comunes a participar en la estafa, porque, según ellos, los precios nunca bajan, saltándose toda la historia y la teoría económica plagada de cientos de burbujas financieras e inmobiliarias como la española. Y, fueron los grandes patrimonios y empresas – como muestran los datos – quienes jugaron más fuerte a la especulación inmobiliaria y financiera –. A ellos pertenece la mayor parte de la deuda: el 40% de la deuda pertenece al 10% más rico de la población y el 95% de la deuda empresarial corresponde a las grandes empresas. Esto se oculta porque ellos son quienes nos gobiernan. Ahora, quieren que les paguemos su fiesta.

UNOS CUANTOS MITOS DEL SECTOR PÚBLICO

¿Qué es lo realmente caro para la sociedad y la economía española? Lo realmente caro para el conjunto de la sociedad es soportar el fraude fiscal, la economía sumergida, la precariedad laboral y la corrupción inherente al sistema. Tener un sector público amplio centrado en el bienestar de las personas, los trabajadores y el medio – y no en el lucro a cualquier precio que no repara en las consecuencias de sus actos – no solo sería beneficioso sino muy barato a largo plazo.

1.    El fraude fiscal se sitúa en 88.500 millones anuales, la mayoría perpetrado por las grandes fortunas y empresas. Más del 80% de las grandes empresas tienen sociedades radicadas – para evadir capitales – en paraísos fiscales. ¿No hay dinero?

2.    La economía sumergida alcanza el 23% del PIB, más de 200.000 millones de euros. No sólo supone una enorme pérdida de ingresos por diversos conceptos, sino también, la creación de una clase trabajadora barata y precaria a la que se le niega una vida digna.

3.    No deja de ser curioso que en España los empresarios declaren ingresar 6.000 euros menos que los trabajadores.

4.    Esto es sólo la punta del iceberg de un sistema tributario que permite que grandes empresas y fortunas, prácticamente, no paguen impuestos. Reciban regalos fiscales y, además, con ese dinero evadido financien al Estado – los Mercados –, nos sangren con los intereses de la deuda y reciban en concepto de privatizaciones el patrimonio nacional a precio de saldo.

5.    Es posible que el hombre más poderoso de España, Emilio Botín, – uno de los que está saliendo más beneficiado de la ‘crisis’ – y su familia posean 2.000 millones de euros en Suiza y desde un gobierno ‘democrático’ se impidan investigaciones contra él por evasión de capitales. Este mismo hombre tributa – mediante SICAV – al 1%. ¿No nos podemos pagar los servicios públicos?

6.    Es permisible que mientras un empresario, Pablo Isla, haya ganado 145 millones de euros en 2011 – por tener la visión empresarial (Inditex) de copiar ropa y, explotar a niños y mujeres en diversos países – el resto de trabajadores españoles malamente rocen los 15.000 euros ¡9.800 veces menos!

7.    La privatización de las empresas y servicios públicos – poner en manos de una minoría la riqueza nacional –  ha supuesto una perdida enorme de ingresos para la sociedad y, además, una enorme subida de precios que solo beneficia a una minoría de elegidos ‘a dedo’. Aunque no contribuya al bienestar nacional, después agitan la bandera nacionalista para defender sus negocios privados.

8.    El ataque a los funcionarios tiene como objetivo convertir a estos trabajadores – como al resto – en precarios y sumisos. Igualarnos a todos por abajo. Unos trabajadores que sin derechos y sin protección quedarán a merced del abuso de poder del político de turno y su red clientelar.

9.    El ataque a los funcionarios de carrera – que han alcanzado su puesto mediante una oposición – oculta que el verdadero deseo de las reformas es tener vía libre para colocar arbitrariamente a personas, amigas, familiares, etc.

10.   Por esta razón ya se han abierto muchísimas vías en la Administración para saltarse el filtro de una oposición en igualdad de condiciones para todos. La creación de empresas públicas, encomiendas de gestión, privatización de servicios y la elección de cargos de libre designación que supone que personas elegidas a dedo ganen un 35% más que la media de los funcionarios.

11.   La mayoría de estos altos cargos ‘enchufados’ ganan de 7.000 a 9.000 euros mensuales que no se verán afectados por los recortes, simplemente, subirán. ¿A quién favorece este despilfarro de recursos del sector público? Curiosamente, a las mismas personas que critican ‘lo público’ y hacen negocio a costa de él.

12.   El mito más extendido es que los trabajadores públicos son unos privilegiados – como si los políticos, propagandistas y empresarios que quieren hacerlos desaparecer para provecho propio fueran ‘mileuristas’ – Tristemente, en la Administración Pública, también, reina la precariedad y el 72% de los trabajadores están sujetos a ella. Sólo un 28% es funcionario, lo que favorece – estrategia deseada por los asaltantes de la Administración Pública – los comportamientos discrecionales, el amiguismo, el nepotismo, las redes clientelares y la corrupción de estos mismos asaltantes. Además, el salario de la mayoría los trabajadores públicos ronda los 1.000 euros.

13.   Los países más desarrollados económicamente – todavía no, totalmente, subyugados por la falacia neoliberal – tienen sistemas públicos más potentes, con un gasto mayor y un número de empleados públicos – dedicados a los servicios del bienestar – más elevado. 

14.   El gasto social – familia, educación, ancianos, pensiones, sanidad – en España está a la cola de Europa. Nuestros servicios públicos, no sólo, son baratos, sino que, son muy reducidos y son deficitarios porque están infrafinanciados. La media de la UE-15 gasta en bienestar social un 28%, mientras que, España gasta un 20%…

15.   España según su PIB gasta un 20% menos – que la media de la U-15 – de lo que le corresponde por su nivel de desarrollo en gasto social.Esto supone 66.000 millones de euros que deberían dedicarse al crear empleo y riqueza social. Una riqueza que recaería en los trabajadores y las personas y, no en el enriquecimiento de un minoría.

16.   Ante esto algunos todavía argüirán el falso pretexto de la falta de ingresos. Como hemos visto esta carencia de ingresos se debe al fraude fiscal. A pesar de ser el 4º país con mayores impuestos, recaudamos solo un 34% del PIB, el promedio de la UE-15 un 44% y Suecia un 54%.

17.   Esto se debe a que Suecia gasta 6 veces más en la recaudación de impuestos y la consecuente persecución del fraude fiscal. Si España – aquí preferimos amnistía fiscales a delincuentes – llevará a cabo está misma política fiscal recaudaría ¡200.000 millones más! Adiós crisis, adiós chantaje de los mercados.

18.  Como ha comentado el mismo profesor Navarro, si España elevará su gasto social al nivel europeo podríamos crear 5.000.000 de empleos dedicados al bienestar de las personas. Renunciaríamos a tener casi 6.000.000 de parados dedicados al enriquecimiento de una minoría…

19.  Con los datos actualizados, Suecia – en cabeza de los países más competitivos del mundo – tiene un 25% de la población trabajando en los servicios públicos del Estado de bienestar; España, el 9%…

20.   Ante la propaganda que dice que a mayores servicios públicos y mayores ayudas sociales, mayor paro e ineficiencia nos encontramos con que Suecia tiene una tasa de empleo del 80%. Suecia ha creado empleo público para cuidar de niños, ancianos y dependientes; apoyando a la mujer y a la familia, posibilitando que la mujer pueda acceder a trabajar, una vez, cubiertas las necesidades de cuidado familiar que recaen sobre ella.  

21.  Se cita, constantemente, el mito de que la iniciativa privada es más eficiente que el sector público. Que el excesivo peso de la Administración Pública lastra la economía española. No deja de ser un mito… En España, un 10,64% de la población es empresaria o autónoma; en la UE-15, un 9,78%. Como hemos dicho España emplea en el sector público al 9% de la población, la media de la UE-15, se encuentra en el 16%. Es indudable el mayor bienestar que disfrutan estos países de la UE.

22.  Un sector público fuerte centrado en el bienestar de los ciudadanos reduce la pobreza, las desigualdades, la criminalidad y la fragmentación social. España y EEUU son dos de los países con mayores desigualdades, lo que les lleva a tener una enorme proporción de población carcelaria y un enorme gasto en seguridad – 2,1% y 2,2% del PIB, respectivamente –

23.  En cambio, Noruega, Suecia y Dinamarca – países con un sector público muy desarrollado, que posibilita una mayor igualdad y calidad de vida, que no impide una elevada eficiencia económica y competitividad – incurren en un gasto mucho menor en seguridad – 0,9%, 1,3% y 0,9%, respectivamente –.

24.  No tenemos que olvidar – contra lo que dice la propaganda – que el problema de la deuda es privado. De los 4,25 billones de deuda total – un 400% del PIB – El 84% de la deuda es privada. Un 32% corresponde a los bancos y un 31% a empresas. Sólo el 16% de la deuda pertenece al sector público. Y, el 21% a las familias.

25.   La deuda pública está creciendo a razón de salvar a los bancos. Al comienzo del desastre financiero – en 2007 – el endeudamiento de las empresas alcanzaba el 200% del PIB; el de las familias se acercaba al 100%; y, el endeudamiento público era del 50% del PIB. Hoy se encuentra en torno al 75% del PIB- siendo la privada, todavía, cercana al 321% del PIB – con el peligro que va a suponer socializar las perdidas privadas.

26.  Tampoco debemos olvidar que constructoras e inmobiliarias deben unos 523.000 millones de euros del desastre de la burbuja que – según decían – no existía y ha acabado siendo el cáncer de nuestra sociedad. Los bancos deben 1,35 billones, el conjunto de empresas 1,30 billones, las familias 900.000 millones de euros – prácticamente de deuda hipotecaria – y el sector público 700.000 millones.  

27.  Cuando se habla y se repite – alejándonos totalmente de los hechos – que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, habría que recordar que de las deudas, el 40% de lo debido corresponde al 10% más rico; que, de lo debido por las empresas un 95% pertenece a las grandes empresas, créditos usados para alcanzar sus sueños de concentración y expansión de la riqueza.

28.  La mayoría de las familias trabajadoras parece haber sido más responsable de sus gastos y solo un 16,5% de ellas tiene deudas por devolver; en cambio, no podemos decir lo mismo de las familias más adineradas, pues, un 64,7% de ellas tiene deudas por pagar. Parece que, quienes han vivido por encima de sus posibilidades nos quieren hacer pagar al resto sus deudas…