“La unidad industrial gigante, perfectamente burocratizada, no solamente desaloja a la pequeña empresa y de volumen medio y «expropia» a sus propietarios, sino que termina también por desalojar al empresario y por expropiar a la burguesía como clase”.
J. A. Schumpeter “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, 1942.
La concentración del poder, la propiedad, el capital y la riqueza siempre han estado en manos de un grupo muy reducido. La desigualdad y la explotación de la mayoría por una minoría han sido la norma de la historia occidental. Cuando pensamos en las grandes corrientes de pensamiento de las que bebe occidente, tenemos que tener en cuenta, que aunque muchas de ellas han estado plagadas de las mejores intenciones para el género humano, éstas han sido aplicadas a esa reducida minoría que ostentaba el poder o que lo alcanzó. Los preceptos de la democracia liberal durante la mayor parte del S.XIX y bien entrado el S.XX solo fueron efectivos para un 10% de la población. La élite económica y financiera. Ese diez por ciento que se consideraba superior al resto y no estaba dispuesto a compartir el poder ni el bienestar. Los privilegios del Antiguo Régimen nunca fueron borrados por completo.
Tanto el capitalismo como la democracia liberal – censitaria en sus inicios – utilizaron a las masas para alcanzar el poder o mantenerlo, pero apartaron inmediatamente a éstas, porque, siempre tuvieron el temor de que quisieran alcanzar algún día los mismos derechos y beneficios de los que ellos gozaban. Hasta principios del S.XX la mujer no podía votar; los negros en EEUU tuvieron que luchar por sus derechos civiles en los años 60 del siglo pasado, un siglo antes hubo que recurrir a una guerra civil plagada de intereses económicos para abolir – legalmente, nunca de hecho – la esclavitud; los trabajadores fueron recurrentemente explotados y reprimidas sus demandas laborales, etc. Solo las ideas socialistas, libertarias, el movimiento y la lucha obrera, el miedo al comunismo, etc. – nacidos todos igualmente de la heterogeneidad de las ideas ilustradas –, el desastre de las guerras mundiales, la crisis económica de 1929 y los totalitarismos obligaron a una parte de esa oligarquía a poner límites al “capitalismo salvaje” o el “laissez faire” para poder mantener en pie el sistema.
Por tanto, cuando muchos de nuestros compatriotas quieren echarse en los brazos de la superioridad moral de Europa u otras naciones y entidades supranacionales, deben sopesar a quienes sirven éstas. En el caso español existen peculiaridades y características propias, pero lo que nos ha ocurrido durante estas últimas décadas se encuadra dentro de una dinámica mucho mayor: la globalización neoliberal. Como dijimos en el anterior artículo esta ideología tomó forma en la década de los 50 del siglo pasado y se puso en práctica a partir de los 70, lo que supuso una brutal amplificación de las desigualdades económicas y sociales – regresando la concentración de riqueza del 1% más rico a niveles de 1929 – que ya existían e hizo saltar por los aires todas las normas, regulaciones y límites impuestos al capitalismo desde la década de 1930. Las políticas fracasadas que nos llevaron a otra guerra mundial y a la mayor crisis económica del capitalismo estaban triunfalmente de vuelta como si nunca hubieran sido aplicadas.
Entonces comenzó el ataque al sector público, al Estado, por su ineficacia y esclerosis. Las justificaciones para desguazarlo, el desprestigio de la política para al mismo tiempo tomar la misma y expulsar a los ciudadanos de la vida pública. Cuando abogaban por un Estado más pequeño en pos de la libertad individual estaban, realmente, construyendo un Estado privado que protegería a los grandes monopolios privados en el nuevo imperialismo y colonialismo que se avecinaba o continuaba con aun mayor énfasis. En palabras de Thomas L. Friedman, ex consejero del gobierno Clinton: “La mano invisible del mercado no funcionará jamás sin un puño invisible. McDonald’s no puede extenderse sin McDonnell Douglas, el fabricante del F-15. El puño invisible que garantiza la seguridad mundial de las tecnologías de Silicon Valley es el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval y el cuerpo de marines de Estados Unidos”. Esta ideología de Estado es la que ha posibilitado que se permitan las acciones y los crímenes más abyectos vestidos de una falsa libertad por parte de los poderes financieros y sus monopolios transnacionales.
Recordando a karl Polanyi, podemos afirmar que, el (neo)liberalismo para imponer su programa político e ideológico necesita de un fuerte entramado institucional. Nada más tenemos que observar cómo actúan el FMI, la OMC, la FED, el Banco Mundial, la Unión Europea o el BCE para imponer la utopía neoliberal al servicio de las grandes oligarquías y empresas. Es la única opción posible, la tomas o bien, si hiciera falta, se puede utilizar el soborno, la desestabilización, el terrorismo, los dictadorzuelos, los golpes de Estado o al ejército. Todo sea porque se alcance la democracia y la libertad, neoliberal. Además, dado que al mercado desregulado neoliberal solo le mueve la codicia sin límites – lo que puede ocasionar destrozos tales que hasta las mismas élites financieras deben ser protegidas de sí mismas –, es necesario que exista un colchón de seguridad. Es cuando aparecen el Estado y los ciudadanos, que permanecen cautivos, al rescate, entregando sus derechos y beneficios sociales para nacionalizar las pérdidas del entramado financiero. Lo que tiene unas consecuencias humanas, sociales y ambientales gravísimas, para ellos solo resulta un juego cargado de adrenalina.
Estos neoliberales no tuvieron problemas a la hora de abrazar a Adam Smith. El padre del capitalismo era la coartada perfecta. Llevaban pines con su nombre en las solapas, aunque, jamás, lo hubieran leído. Tampoco, ninguno sabía que no era un economista sino un filósofo moral, que en su época la dinámica social e institucional era bien distinta, que nunca justificó el expolio ni la concentración absoluta de riqueza ociosa que ellos pretendían. Pero eso daba igual. Aplicaron unas políticas en su nombre para afianzar a los grandes monopolios, que él siempre condenó: “Al ser los directores de tales compañías [las sociedades anónimas] más administradores de caudales ajenos que de los suyos propios, no se puede esperar que ponga tanto empeño en su manejo como los miembros de una sociedad colectiva ponen en el de los suyos. Como los sirvientes de un gran señor, prestan escasa atención a asuntos de poca importancia, pues consideran que desmerece el honor de su señor, y por tanto en tales compañías siempre hay cierto grado de negligencia y prodigalidad en su administración”.
Por tanto, España se encuentra dentro del gran tablero mundial donde se juega el neoliberalismo. Bien es cierto, que es meramente un peón. La entrada en la Unión Europea y el cumplimiento de las condiciones exigidas, obligó a abrazar el dogma neoliberal, no sin gran alegría y alborozo. Las empresas públicas se empezaron a privatizar en pos de la competitividad, productividad, eficiencia, eficacia, racionalidad, modernización y, un amplio etcétera de parabienes. Era necesario entregar las empresas públicas – lo próximo serían los servicios públicos y las pensiones – a la mayor profesionalidad de la iniciativa privada. La realidad fue bien distinta. Las empresas públicas fueron privatizadas en beneficio de los grupos de poder y sus esbirros, léase, políticos o tecnócratas. Las desigualdades de por sí amplias se dispararon nuevamente.
En nuestro país, los caballos de Troya infiltrados en la administración pública, yendo contra el interés de sus ciudadanos han conseguido descapitalizar el Estado español hasta límites insospechados. Han vendido el patrimonio público a precio de saldo a las mismas personas que les sostienen entre bambalinas. Su actuación está marcada por el tráfico de influencias, la prevaricación, el conflicto de intereses, el soborno, el engaño, la deshonestidad, ilegalidades e inmoralidades sinfín. Pero, para hacer esto, no han estado solos. Han contado con el apoyo de los grandes medios de comunicación, muchos profesores universitarios y pseudoexpertos deshonestos. Antes, han debido crear el marco conceptual – valiéndose de las grandes sumas de dinero que habían puesto a su disposición sus señores – para perpetrar el saqueo de las arcas públicas. No han tenido ni tienen la más mínima vergüenza, pizca de honradez u honestidad. Ni buen gobierno ni conflicto de intereses. Unas acciones que nos han llevado a la quiebra como país.
Desde 1984 a 1995, con el gobierno del PSOE, se ingresaron 13.200 millones de euros en más de 70 operaciones de privatización de empresas públicas. Durante esta época se privatizó Enagás; se vendió el 91% de las acciones de la empresa Gas Natural; se sacaron de Repsol los activos pertenecientes al gas, compañía cuya privatización comienza en 1989. La segunda ola de privatizaciones llegó con la subida al poder del PP, momento en el que se privatizaron los últimos activos que tenía el Estado en los sectores más estratégicos para la economía nacional. De 1996 a 2007 se ingresaron alrededor de 30.000 millones por la privatización de unas 50 empresas de una importancia tal como: Telefónica, Repsol, Tabacalera, Argentaria, Red Eléctrica, Aceralia, Ence, Indra, CASA, Endesa, Aldeasa, Iberia, etc. Por tanto, el gobierno español deja de tener presencia en sectores de enorme importancia para el país como la energía (gas, petróleo, electricidad, etc.), aeronáutica, con la importancia intrínseca que tiene para el avance en innovación, ciencia y tecnología; telecomunicaciones; transporte (aéreo, carretera y marítimo) o siderurgia. Lo que nos ha llevado a que nuestro sector industrial haya pasado de pesar el 36% del PIB hace 37 años, al ínfimo 15% actual.
Lo peor de todo esto es ver cómo se colocan en los consejos de administración y la presidencia de estas empresas a compañeros de colegio, amigos, familiares, personas afines o miembros del partido. La mayor gravedad es que estas privatizaciones han estado plagadas de corrupción y alta traición. El Estado ha sufrido uno profundo empobrecimiento perpetrado por supuestos servidores públicos que tenían que velar por el interés general. Estas empresas fueron saneadas y modernizadas destinando enormes sumas de dinero público al desarrollo de infraestructuras y reestructuraciones de plantillas (léase, despidos y EREs); una vez, hecho esto fueron regaladas a un precio irrisorio a los grupos de poder oligárquicos tradicionales (léase, monárquicos y franquistas) y a inversores extranjeros. Las inversiones estatales, por tanto, no redundaron en sus ejecutores – los contribuyentes – que renunciaron a los beneficios que están empresas obtendrían en el futuro, sino que engrosaron las cuentas corrientes de agentes privados que no habían asumido ningún riego ni inversión. Cuando estos grupos apoyados por su medios de comunicación sacan a relucir un cínico patriotismo y nacionalismo después de haber cometido la más alta traición a sus ciudadanos, debemos recodar que gran parte de los activos de estas empresas están ya en manos extranjeras o que nuestra política depende de los dictados alemanes.
El negocio fue redondo. El monopolio público se convirtió en privado. Los precios dejaron de estar regulados pero los beneficios estaban garantizados en un mercado cerrado a la competencia. Por ejemplo, el grupo público ENA, encargado de las autopistas, se privatizó en 2003. Ahora, el gobierno se ha comprometido a garantizar el 80% de los ingresos de las concesionarias de autopistas al borde de la quiebra. Les suenan sus nombres: ACC, FCC, Ferrovial, SACYR, etc. Empresas con tentáculos en las obras públicas, inmobiliario, agua potable, hospitales, servicios, aeropuertos, etc. Con los oligopolios nacionales los precios del combustible, la electricidad, las telecomunicaciones, el agua, la alimentación, etc. no paran de subir y las familias se encuentran cada vez más ahogadas, cautivas de la necesidad de consumir unos bienes que son básicos en manos de monopolios privados.
Las familias españolas pagan la tercera electricidad más cara de Europa, durante la crisis ésta ha subido un 46% frente al 12% de la media europea. A pesar de los enormes beneficios que cosechan las eléctricas, el gobierno Aznar les concedió diversos beneficios: los Costes de Transición a la Competencia ¿Qué competencia? ¿Contra quién? ¿Qué costes? y el déficit de tarifa ¿Qué déficit?. Igualmente, la gasolina ha subido un 75% desde que comenzó la crisis y 3 petroleras controlan el 83% de las gasolineras. Lo mismo podemos decir de las telecomunicaciones, las más caras de Europa con un servicio muy pobre; o de la privatización del 50% del agua potable municipal a manos de 3 empresas: la francesa Agbar, FCC y Acciona. Para terminar, el subvencionado mercado de la alimentación en escalada constante de precios está controlado por 7 empresas.
El desfalco que han supuesto las privatizaciones para los contribuyentes españoles ha sido monumental. Por ejemplo, si solo consideramos el caso de Telefónica podemos observar que ha obtenido en los últimos ejercicios beneficios multimillonarios: en 2006, 5.198 millones; en 2007, 8.906 millones; en 2008, 7.592 millones; en 2009, 7.776 millones; en 2010, 10.167 millones; en 2011, 5.403 millones; en 2012, 5.512 millones; y, las previsiones para 2013 podrían alcanzar los 5.363 millones. Entonces, nos podríamos preguntar ¿cuáles son las ventajas para los españoles de privatizar una empresa que, prácticamente, trabaja en régimen de monopolio haciéndonos pagar los precios más altos de Europa en telecomunicaciones y sirve para colocar a Eduardo Zaplana, al marido de la actual vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que, además, enriqueció al compañero de pupitre de un ex presidente del gobierno; y, que podría correr el riesgo de acabar en manos extranjeras dada la actual venta de España – caso de Endesa o, ahora, Iberia – a precio de saldo?
Por tanto, podemos concluir, que el Estado español vendió sus últimas participaciones en Telefónica – entre 1987 y 1997 – por unos 5.468 millones de euros, prácticamente, los beneficios que da Telefónica en uno o dos años. Parece que la privatización fue todo un éxito, pero no para el conjunto de los españoles. Este cálculo lo podemos extrapolar a todas las grandes empresas públicas vendidas y nos podremos hacer una idea de los miles de millones dilapidados. Sólo las compañías eléctricas ganaron de 2006 a 2011, 52.300 millones de euros. Ahora, está en marcha la última ronda de desposesiones en contra del interés general de los españoles: AENA, RENFE, el sistema sanitario público, el metro de Madrid, Loterías, el AVE, puertos, agua potable, transportes públicos, etc. Son empresas y servicios públicos cuyo valor es incalculable.
