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Archive for 22 septiembre 2012

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En estos momentos España se encuentra al borde del segundo rescate, el rescate total. La razón del rescate no es salvar a España de la quiebra, sino evitar la ruina de los banqueros y los inversores de estas entidades. En realidad, desde hace bastante tiempo, todos nuestros bancos (sin hacer distinción entre bancos y cajas) están en quiebra, son insolventes. Curiosa e interesadamente, aquí nada es inocente, esto no sale ni se discute en los grandes medios, pero nuestro sistema financiero no recibe financiación en los mercados secundarios. Ningún banco o inversor quiere prestar a los bancos españoles, también, es verdad que ellos tienen sus propios problemas de solvencia. Nuestros bancos dependen enteramente del dinero que reciben del BCE.

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Las cajas han estado en el centro de atención – es cierto que por méritos propios – pero, también, por otra razón muy importante. La razón fundamental es ideológica e interesada. Este interés tiene que ver con los cuantiosos beneficios pecuniarios que reportarán a las élites la privatización a costa de los contribuyentes del patrimonio común que son las cajas. Una parte muy importante de la riqueza nacional que, nuevamente, será sustraída o, como dicen,  ‘privatizada’. Las cajas son entidades que no han sido gestionadas como un bien público – destinadas al bien común, al interés general o al desarrollo económico a largo plazo – sino como fuentes de financiación y promoción de distintos intereses y ambiciones privadas. Ha habido una colosal malversación de dinero público y han sido un foco más de corrupción generalizada, por tanto, lo que tiene que haber son gravísimas consecuencias legales, pero la entrega de unas entidades públicas a las mismas personas que han hecho un uso fraudulento de ellas es una locura.

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Los bancos, misteriosamente, han salido indemnes del debate público y publicado – medios de comunicación y ambientes políticos – por supuesto, no del debate que se ha producido en calles, casas, bares y plazas españolas. Esto no es inocente. Nuevamente, por cuestiones ideológicas, se ha ocultado la verdadera situación de los bancos, poniendo el foco en el objetivo más codiciado por financieros y grandes fortunas: las cajas, el último escollo para cumplir el sueño de la apropiación o ‘privatización’ absoluta del dinero, concentrando el sistema financiero español en muy pocas y poderosas manos con las consecuencias desastrosas para la sociedad de la formación de un nuevo monopolio privado.

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Los planes de ayuda – eufemismo muy utilizado por la prensa – a España u otros países no son tales. En realidad, son planes de salvamento – con dinero público – a multimillonarios. Los actuales dirigentes europeos no tienen ningún interés en solucionar la supuesta crisis. No están gobernando en pos del interés general, sino que, están salvaguardando los intereses privados de grandes fortunas y empresas a las que sirven. Esto no es muy difícil de ver cuando muchos de ellos vienen de la banca o vuelven a ella: Monti, Papademos, Draghi, Solbes, Rato o De Guindos, entre muchos otros. Ellos ocultan que la crisis financiera tiene fácil solución. Tan solo tenemos que aplicar las mismas leyes económicas que se aplican diariamente a las personas comunes, a los autónomos o a las pequeñas empresas. La misma solución que publicita la retórica neoliberal que se jacta del peligro del ‘moral hazard’ o riesgo moral,  que nos dice que las personas – parece ser que sólo las humildes – deben enfrentarse totalmente a las consecuencias de sus malas acciones. Por tanto, por un simple principio de simetría y justicia universal, los bancos y grandes empresas deben afrontar ante la justicia las consecuencias de las acciones delictivas e inmorales que han llevado a cabo.

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Los bancos con problemas no deben ser salvados, deben ser liquidados. Y, esto se puede hacer fácilmente. Hay medios para ello y no resultaría en ningún cataclismo. No debemos dejarnos arrastrar por el miedo ni por el determinismo de los teóricos neoliberales, que está basado en una evasión interesada de la realidad. Disponemos de 700.000 millones de euros – 400.000 millones pertenecientes a los accionistas, es decir los dueños de los bancos y 300.000 millones de los inversores – que deben servir para sanear el sistema financiero y dar fin a estas ‘entidades zombies’,que impiden la reactivación del crédito, la normalización de los precios de la vivienda y nos mantienen en la depresión. El dinero que llegó a España durante la última década no era para invertir a largo plazo, era para especular en el mercado inmobiliario y sacar jugosos beneficios, mientras, cientos de miles de españoles no podían acceder a una vivienda o tuvieron que endeudarse por ella de por vida, convertidos, ahora, como se quiere hacer con España en esclavos de la deuda.

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Por tanto, no hay que coger el dinero de los contribuyentes, sino el de propietarios de bancos, grandes empresas y sus inversores. El dinero de estos especuladores que inflaron artificialmente los precios creando una demanda especulativa que expulsaba del mercado a la demanda real. Lo que ahora quieren estos bancos e inversores es que les rescatemos de sus apuestas fallidas. Durante la burbuja fueron ellos los que avivaron la propaganda desde medios de comunicación, resortes del poder político, servicios de estudios financieros, expertos a sueldo, tasadoras, agencias de calificación, etc. invitando a los ciudadanos comunes a participar en la estafa, porque, según ellos, los precios nunca bajan, saltándose toda la historia y la teoría económica plagada de cientos de burbujas financieras e inmobiliarias como la española. Y, fueron los grandes patrimonios y empresas – como muestran los datos – quienes jugaron más fuerte a la especulación inmobiliaria y financiera –. A ellos pertenece la mayor parte de la deuda: el 40% de la deuda pertenece al 10% más rico de la población y el 95% de la deuda empresarial corresponde a las grandes empresas. Esto se oculta porque ellos son quienes nos gobiernan. Ahora, quieren que les paguemos su fiesta.

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El Gobierno sabe desde hace tiempo lo que va a hacer y lo está ocultando a los españoles. En la entrevista del pasado lunes, en TVE, Mariano Rajoy volvió a negar a los españoles las explicaciones pertinentes a sus acciones políticas. Sabe que el rescate es inevitable, un rescate a los bancos poniendo como avalista al Estado y a los españoles como ha exigido Alemania. Y las condiciones van a ser terribles, aun peores que las actuales. Toda la riqueza nacional va a ser puesta al servicio del pago de una deuda privada que ha sido nacionalizada, es decir, vamos a socializar las pérdidas de los bancos. Los especuladores se llevaron los beneficios de la burbuja y, ahora, no quieren aceptar que sus apuestas fueron equivocadas.

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Esta es la inexistente justicia neoliberal. Los ciudadanos quiebran, son desahuciados, pierden sus casas y sus ahorros, quedan desempleados, etc. Para ellos no hay nada. Para los bancos hay miles de millones del BCE y un rescate indecente con dinero público. Los desahuciados ciudadanos – millones de ellos sin posibilidad de acceder a una vivienda – ven como el Estado va a comprar las viviendas devaluadas (activos tóxicos) de los bancos a un precio superior al de mercado. Nuevo regalo de dinero público a los muy ricos. Los bancos no pueden caer porque sus quiebras arruinarían a muchos multimillonarios. Hemos entregado la soberanía y el patrimonio nacional a los especuladores franceses y alemanes (no sólo los tenemos en España). El rescate europeo a los bancos – que no a España – asciende en principio a 100.000 millones, prácticamente, la misma cantidad que los recortes sociales. Réquiem por España…

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Para mayor escarnio, Mariano Rajoy ha tardado en desdecirse de sus palabras dos días y lo ha hecho, como no, en el extranjero:“Según parece, al final tendremos que presentar la petición (de rescate), pero antes debemos escuchar a todas las partes implicadas”. Lamentablemente, la pregunta que no supo, no pudo o no quiso contestar a los periodistas españoles en TVE, lo hizo en declaraciones a sus colegas finlandeses. Por si fuera poco, Luís de Guindos se encargó de allanar el camino del rescate diciendo, ayer, en el Parlamento que: “Si no se consigue en los próximos trimestres una modificación de la situación de los últimos cinco años será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales”

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Sin embargo,el ministro maniobra torticeramente, sabe que la situación económica no va a mejorar en los próximos trimestres. Todo lo contrario. Con los nuevos recortes que se avecinan, España se hundirá en una depresión aun más grave. Sin la necesaria inversión pública, la economía no podrá crecer ni crear empleo. El único objetivo de esta frase, que esconde una actitud ventajista e hipócrita, es justificar una decisión, atemorizando una vez más a los ciudadanos, que ya ha sido tomada por el Gobierno hace tiempo: La destrucción de los servicios sociales y su entrega a la iniciativa privada de la que él viene y forma parte.

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A nadie debiera extrañarle las medidas ideológicas que se están tomando, es cierto, que Mariano Rajoy mintió descaradamente en la campaña electoral, mostrando un total desprecio por los procedimientos democráticos, igual que hace ahora al no rendir cuentas de sus acciones a los españoles. Pero es, también, cierto que si se hace un análisis sosegado y pormenorizado de las políticas llevadas a cabo por el PP en las Comunidades Autónomas que gobernaba entonces, a nadie debe extrañarle que el actual partido de Gobierno esté llevando a cabo el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización. Son las mismas políticas que venían realizando estos Gobiernos. Ejemplos, palmarios, de ellos son Castilla La-Mancha, Valencia y Madrid. Políticas, por lo demás, que el PP preconiza desde siempre. Son sus señas de identidad.

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Hay alternativas a estas políticas que nos hunden en la Depresión. Hay dinero y el Gobierno lo sabe. Sin ir más lejos ha amnistiado a sus poseedores. Los mismos que no pagan impuestos y evaden miles de millones. Por tanto, el objetivo de nuestros líderes es ideológico. Se quieren privatizar los servicios públicos y ponerlos en manos de fondos de inversión y empresas privadas en las que nuestros dirigentes tienen o tendrán enormes intereses personales. Asimismo, no hay intención en reducir el paro porque es positivo para las grandes empresas e inversores extranjeros tener una mano de obra barata, sin derechos y aterrada por la situación social que les rodea. El desinterés es claro si nos fijamos como el presupuesto en Políticas Activas de Empleo ha caído un 21,3%  y para formación un 34,3%, mientras, el presupuesto en armamento ha subido un 28% con la finalidad de pagar a los acreedores extranjeros.

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En definitiva, se está invitando a los españoles a emigrar a otros países – deben aprender inglés, alemán o irse a Londres a trabajar de camareros – y se están recortando las ayudas en educación infantil, a los mayores y a los dependientes con el único objetivo de que la mujer vuelva completamente al hogar. De esta manera, la mujer será en las familias menos pudientes el sustitutivo del Estado de bienestar saqueado por constructores y financieros, sobrecargándola de nuevo de trabajo. Con la mujer en casa y la mano de obra sobrante emigrada enviando remesas de divisas a sus familias se intenta de este modo paliar la situación social. ¿Política nueva? No, es la misma utilizada en los años más prósperos de la Dictadura.

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La cuestión de negar la cobertura sanitaria a los inmigrantes no es un asunto de racionalidad del gasto sanitario – puesto que, el ahorro que supone es ínfimo –, sino, ideológica, discriminatoria, clasista y, sobre todo, mercantil. El Gobierno vuelve a cargar contra las personas más desfavorecidas – antes lo hizo con ancianos, desempleados, enfermos dependientes y sus familiares, jóvenes o enfermos crónicos – haciéndoles responsables de los problemas que nos acontecen ¿por qué podemos afirmar esto?

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  1. El ‘ahorro’ que se supone puede generar dejar sin cobertura a los inmigrantes ‘ilegales’ son: 245 millones de euros. Por ejemplo, si el actual Gobierno tuviera algún interés en perseguir y castigar a los delincuentes fiscales – a los que los diferentes Gobiernos de España han indultado y amnistiado – podríamos recaudar alrededor de 88.500 millones anuales que, por ejemplo, por, únicamente, los últimos 10 años de impunidad equivaldrían a 850.000 millones de euros.  
  2. Para hacernos una idea del despropósito de la suma defraudada, la deuda sanitaria – en comparación – sólo alcanza los 11.000 millones, aunque, según las fuentes que consultemos puede llegar hasta los 16.000 millones de euros.     Imagen
  3. El asunto es, aun, más grave si nos fijamos en el tan ruidoso problema del déficit público, que roza los 90.000 millones, prácticamente, la cuantía del fraude fiscal que perpetran las grandes fortunas y empresas cada año. La persecución de este fraude harían innecesarios los recortes sociales.                          Imagen
  4. Ante esta protección de la gran delincuencia, cuando el Consejero de Sanidad valenciano dice que “La sensación de que todo es gratis no es buena” o la misma presidenta de la Comunidad de Madrid por voz de su Viceconsejera se pregunta si “¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?” no podemos por más que sentirnos insultados.                                                                             Imagen
  5. El insulto es más grave si observamos que el 95% del IRPF lo pagan las rentas inferiores a 60.000 euros, que, además, contribuyen con el pago de todos los impuestos indirectos. Por tanto, la sanidad española no es gratuita – decir eso, es manipular y faltar a la verdad –, puesto que, se paga mediante la contribución tributaria de todos los residentes en España.
  6. En cuanto, al gasto de los inmigrantes en la sanidad, como han demostrado infinidad de estudios, los inmigrantes son más jóvenes, están más sanos, tienen una tasa de empleo mucho más alta que los españoles, hacen un menor uso de los servicios de salud, etc. Por estas razones, reciben 3 veces menos de lo que contribuyen al sistema sanitario.                                                                Imagen
  7. Evidentemente, los inmigrantes no son ningún problema para la viabilidad de la sanidad española porque como hemos dicho hacen un uso menor de ella que los españoles. Suponen, únicamente, entre el 5 y 10% de las visitas al médico según las zonas. Siendo en muchos lugares el 20% de la población.
  8. Si analizamos las visitas realizadas al médico podemos comprobar que los españoles van 6,7 veces al año al médico y, los inmigrantes 4,2 veces. En ninguno de los dos casos, este número de visitas al médico resulta desproporcionado, pues, está en la línea del resto de países desarrollados (UE-15, OCDE, Japón, etc.).
  9. Es lógico que los inmigrantes realicen un menor gasto sanitario porque el mayor uso de la sanidad recae sobre la población mayor de 65 años – por ejemplo, suponen el 78% del gasto farmacéutico siendo, sólo, el 22% de los usuarios –y, en este caso, dentro del colectivo inmigrante, únicamente, un 2% de ellos supera esa edad.                                               Imagen
  10. El gasto que ocasiona la atención de los inmigrantes calificados de ‘ilegales’ al sistema salud se cifra sólo entre el 0,3 o 0,8% del gasto sanitario total. Por tanto, el ahorro que supondría es insignificante. A nivel general, la población inmigrante supone el 5% del gasto sanitario, siendo, más del 12% de la población.
  11. En cuanto, a la torticera excusa de pretender frenar el turismo sanitario, podemos afirmar, que sólo un 4% de los inmigrantes ha venido a España con un interés médico. Los datos demuestran que el turismo sanitario es realizado por los ciudadanos de los países ricos de la Unión Europea.                                                                                                             Imagen
  12. Como nos señala la lógica, todos los residentes en España contribuyen al financiamiento de la Sanidad porque está se paga con los impuestos (IRPF, IVA, alcohol, matriculación, tabaco, electricidad, céntimo sanitario, juego, gasolina, etc.) de todos los residentes en España. Si los inmigrantes ‘ilegales’ no pueden contribuir en mayor medida es por la permisividad que ha existido entre los diferentes Gobiernos de España con la ilegalidad de la economía sumergida y la explotación laboral, equivalente al 23,3% del PIB, unos 244.000 millones de euros.   Imagen
  13. España con esta medida – como dice el Gobierno – se puede estar equiparando al resto de países europeos en el trato dispensado a los inmigrantes ‘sin papeles’, pero, no es para sentirse orgulloso de esta Europa, el trato discriminatorio y vejatorio que está dando a este colectivo. La bonita retórica europea intenta esconder la responsabilidad que sus políticas internacionales tienen en los movimientos migratorios de los países más pobres y el incumplimiento flagrante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  14. Los recortes que se están produciendo en la sanidad pública no buscan ningún tipo de ahorro, pues, estos fondos se están desviando a la sanidad privada con el único objetivo de beneficiar a  empresas y políticos afines. Por ejemplo, en Madrid, la gestión privada de los nuevos hospitales – curiosamente, en manos de empresas constructoras que se lucraron con la burbuja inmobiliaria es 8 veces más cara que la gestión tradicional de los hospitales públicos.    Imagen
  15. La Junta de Castilla y León ha desviado 1,3 millones de euros a operaciones privadas. En Madrid, el presupuesto para la sanidad privada ha aumentado un 34%, mientras, se reducía el dinero destinado a la sanidad pública un 14,7%, disminuyendo, asimismo, el personal sanitario. Mientras, se pretende ahorrar a nivel estatal 250 millones con la negación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes, Madrid ha dado 643 millones de dinero público a la iniciativa privada.                                          Imagen
  16. La estrategia en todos los lugares es favorecer el negocio privado donde muchos de nuestros dirigentes tienen oscuros intereses – con dinero público. En Valencia, donde un 43% de la oferta sanitaria está en manos privadas, la empresa Capio – propiedad de un fondo de inversión radicado en un paraíso fiscal que obtiene el 75% de sus beneficios de convenios con la sanidad pública – podría lograr el monopolio sanitario. En Cataluña y Madrid ocurre lo mismo, atendiendo la oferta privada o semiprivada a casi el 50% de la población.      Imagen
  17. Castilla La-Mancha ha entregado 4 hospitales públicos a la iniciativa privada. Anteriormente, la Comunidad Valencia bajo el mandato de Francisco Camps puso el 20% de los recursos sanitarios bajo la gestión privada. Como hemos visto, el mismo caso ha ocurrido con los nuevos hospitales madrileños y se prevé que ocurra con los hospitales públicos catalanes.
  18. Se pretende que la Administración Pública – los ciudadanos españoles – lleven a cabo las inversiones más costosas en construcción, tecnología, material, etc., asumiendo todos los riesgos, para que, luego sean los intereses privados – bien representados en los distintos gobiernos – de constructoras, bancos y fondos de inversión quienes se queden con los beneficios.           Imagen
  19. Se ha producido un deterioro intencionado de la sanidad pública por el entramado de intereses político-ideológico-empresarial – que olvida su juramento constitucional de servir al interés común – para tras esta coartada de ineficiencia trasvasar usuarios descontentos a la sanidad privada y facilitar la privatización del Sistema Público de Salud.
  20. Esta política interesada ha llevado a que 10 millones de españoles paguen un seguro sanitario privado y el Gobierno se plantee conceder una deducción fiscal del 15% a quienes tengan seguros privados, favoreciendo nuevamente a los más privilegiados y a las empresas privadas, detrayendo dinero de las necesidades públicas.     Imagen
  21.  Sorprendentemente, se prevé que la sanidad pública cobre a los inmigrantes que dejará sin cobertura a cambio de obtener atención médica una cuantía superior – entre 710 y 1.864 euros, según la edad – a un seguro privado, posiblemente, con la aviesa intención de obligarles a optar por el seguro privado.
  22. Es difícil entender que en el objetivo de estas reformas se encuentre el ahorro, cuando el gobierno ha reducido un 45% los fondos para políticas de prevención y salud, que suponen a largo plazo un enorme ahorro en el gasto sanitario. Esto empeora todavía más el deteriorado sistema de prevención español, en el que gastamos un 50% menos que el resto de países desarrollados.

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Podemos concluir que una mejor gestión de la Sanidad Pública sí es deseable y necesaria. La coexistencia de un sistema privado – apoyado con fondos públicos e intereses políticos partidarios – y uno público provoca un encarecimiento y una ineficiencia en la asignación de los recursos, además, de una merma en la capacidad adquisitiva de muchos ciudadanos; que impide la consecución una sanidad pública y universal, económica y de calidad para el ciudadano.

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Es ineludible, una mejor gestión de los recursos económicos, materiales y humanos con unas mejores condiciones laborales de los profesionales – que impida su emigración a otros países – y  una mayor colaboración entre diversos especialistas y Administraciones,  olvidando prejuicios y egos personales, podrían evitar el uso excesivo de medicamentos y pruebas médicas innecesarias, mejorando la asistencia al paciente y reduciendo notoriamente el gasto sin necesidad de recurrir a las actuales medidas discriminatorias y socialmente injustas. Desde la buena voluntad y la búsqueda del bien común cientos de medidas son posibles. 

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