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Archive for the ‘Fraude Fiscal’ Category

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Constitución Española, art. 43.

 1. 2 Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.

3. 2 La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.

Ley 14/1986, General de Sanidad.

ImagenCuando la viceconsejera de Sanidad de Madrid, Patricia Flores, dijo hace un tiempo: “¿Tiene sentido que un [enfermo] crónico viva gratis del sistema?”, creo que mucha gente no podía dar crédito a sus palabras. No podía ser que hubiera tal nivel de crueldad en las altas instancias de un supuesto régimen democrático garante de los Derechos Humanos. Con el tiempo estos pensamientos clasistas y desalmados – mantenidos por tanto tiempo en secreto en círculos muy íntimos – van tomando forma y se abren paso apoyados en la coartada perfecta para todos los desmanes actuales: la crisis. La última desventura de la viceconsejera madrileña ha sido dejar a 30.000 mujeres sin la mamografía preventiva del cáncer de mama porque no había llegado a un acuerdo económico con las clínicas privadas. Como si no hubiera hospitales públicos en Madrid para realizar tal prueba.

Con esta excusa falaz se está desmantelando el Sistema Nacional de Salud – uno de los más admirados, eficientes y baratos del mundo – para convertir los derechos ciudadanos en beneficencia o mercantilismo y las joyas del sistema sanitario en la fuente de riqueza de unos pocos: políticos corruptos y familia, banqueros, constructores, aseguradoras, farmacéuticas y fondos de inversión. A la viceconsejera se la escuchó atentamente en Moncloa y, ahora, los enfermos crónicos: cáncer, tumores cerebrales, artritis, esclerosis múltiple, hepatitis, riñón o leucemia; las personas discapacitadas o dependientes, los ancianos, los desempleados, los inmigrantes “sin papeles”, quienes tengan necesidad de algún tipo de prótesis o traslado ambulatorio, etc., no vivirán gratis, sino que tendrán que enfrentarse a algún tipo de (re)pago sanitario. Parece que al Partido Popular sí le gustan los impuestos al dolor y la enfermedad. Cebarse con el más débil está en su idiosincrasia. Las personas podrán volver a morir en España por no poder acceder a medicamentos o atención médica.

En las actuales medidas no hay ninguna búsqueda del ahorro y la eficiencia. A no ser que consideremos ahorro recortar el gasto en personal sanitario y elevar un 15% la partida salarial de los directivos madrileños. O eficiencia que Dolores de Cospedal aumente un 170% el presupuesto para los altos cargos manchegos, mientras despide a 7.000 profesores y médicos. Todo lo contrario. En palabras del doctor Víctor Gutiérrez Millet, durante mucho tiempo jefe de nefrología del hospital Doce de Octubre, jubilado por orden de la Comunidad de Madrid a pesar de la falta de médicos y el crecimiento continuo de las listas de espera: “Yo soy un hombre de derechas. Yo he votado siempre al PP. Pero la Comunidad de Madrid, la consejería de Sanidad está gobernada por la ultraderecha más radical. Algunos casi rozan la esvástica. Ignacio González y el señor Lasquetty – gran intoxicador de los medios – están haciendo barbaridades. En la sanidad de Madrid lo que han hecho es una auténtica salvajada. El problema asistencial real que han creado con los enfermos es auténticamente inadmisible. Eso es una autentica barbaridad. Eso no se puede tolerar. Madrid está gobernado por la ultraderecha más extrema en todas sus estructuras”.

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Esta es la realidad que se vive en la sanidad madrileña: venganzas personales; pacientes que no son atendidos; coacciones y venganzas contra pacientes que rechazan el traslado a centros privados, aunque se ponga en grave riesgo su vida; médicos que no se reponen, creando un déficit de 1.300 médicos en los próximos cinco años; abandono de los gestores públicos, que prefieren desviar los fondos públicos a la sanidad privada – casi 1.000 millones en el último año –; profesionales de gran valía que son despedidos; etc. Una realidad que podemos ampliar a otras regiones de España y a las acciones del mismo gobierno de la nación. Y es que cuando las listas de espera se elevan un 125% la vida de miles de personas corre un grave riesgo. Unos gobiernos que, en cambio, están teniendo un éxito rotundo en la gestión de la crisis para los suyos. Pues, las políticas para millonarios que implementan han aumentado los mismos en un 13% desde mediados de 2012. Ya son un alegre grupo de 402.000 millonarios que han sabido aprovechar la oportunidad de la crisis.

Como ha demostrado la doctora de la London School y su equipo, Helena Legido–Quigley: “Muchas de las medidas adoptadas para ahorrar dinero no se basan en la evidencia. Hemos visto cómo los recortes tienen un efecto perjudicial sobre la salud de los españoles y, si no se aplican medidas correctivas, la situación podría empeorar, con un aumento del sida y la tuberculosis, –tal como hemos visto en Grecia, donde también ha habido importantes recortes en el sistema sanitario– así como el riesgo de una escalada de los problemas con las drogas y la propagación de enfermedades”. Además, añade: La evidencia científica es muy clara, que el copago es malo para la salud”. Sin ir más lejos Alemania recientemente ha suprimido el copago en sanidad por sus efectos perversos.

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La crisis como una oportunidad. Es así como ellos lo ven. La oportunidad de deshacerse de los débiles. Del personal sobrante. Quien no pueda pagarse un seguro privado está condenado. Y además ese seguro privado tendrá que hacerse en sus empresas. Ese es el carroñero afán de lucro y negocio a costa de la salud y el bolsillo de millones de personas que persiguen con ahínco. Que se ponga en peligro la vida o se condene a la muerte a miles de personas es un simple daño colateral que se puede asumir gustosamente, porque, en el fondo se lo merecen: son débiles, no han trabajado lo suficiente, son vagos y pedigüeños, etc. Los datos del desastre humano que están provocando con sus políticas están bien claros. Según Médicos del Mundo que ha lanzado la campaña “Nadie Desechado”: 

  • Más de 873.000 personas han perdido la tarjeta sanitaria.
  • Existen miles de personas con cáncer sin acceso a tratamiento médico.
  • Las enfermedades de transmisión se encuentran sin seguimiento.
  • Cada día – en la nueva España eugenésica – 2.392 personas son desechadas.

Simplemente, parece inconcebible que en nuestro país se pueda incumplir vilmente la Ley poniendo en peligro la vida de cientos de miles de personas o, violar los Derechos Humanos. La Ley 14/1986, General de Sanidad, desarrolla el artículo constitucional concretando que la protección de la salud es universal, gratuita y financiada por los poderes públicos. Cuando se habla de gratuita no se utiliza el término “gratis” de forma peyorativa y falseada como hacen Esperanza Aguirre y los suyos, sino que se financia con los impuestos de muchos tipos que todos los residentes en suelo español pagamos. Por tanto, este supuesto ahorro es, simplemente, una nueva subida de impuestos encubierta a los españoles. Porque quien no paga impuestos como debe en España es Esperanza Aguirre y los suyos. Es la clase de Mariano y Esperanza quien no paga impuestos. Son las grandes fortunas y empresas quienes viven en un paraíso fiscal y evaden más de 88.500 millones cada año. Dinero suficiente para pagarnos la sanidad, la educación y demás servicios públicos. Dinero sumado a la enorme extracción de riqueza que perpetran sobre la población española que nos haría ser un país rico.

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Pensemos. Comparemos. Comparar es bueno. Repitamos el ejercicio hasta la saciedad.

Perdonan el impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas con el que se podrían recaudar en Madrid fácilmente 600 millones – más de 2.000 millones a nivel nacional –. Durante los últimos 5 años, Madrid, ha perdonado a las rentas más altas más de 3.000 millones con distintas rebajas de impuestos a éstas. El mismo caso podemos extrapolar a Cataluña o al resto de España, en esto no hay banderas. El gobierno no persigue el fraude fiscal sino que lo posibilita y lo amnistía renunciando a 88.500 millones. Apple, Amazon, Starbucks, Sansumg, Google, etc. con beneficios millonarios en suelo español, prácticamente, no pagan impuestos. Nuestras grandes empresas tributan a entre el 5 y el 14% – según la fuente a la que se acuda o la forma en que se calcule – pero no más. Éstas tienen empresas en paraísos fiscales para defraudar alegremente con la connivencia de nuestros gobiernos. Nuestras patrióticas grandes fortunas tributan al 1% mediante triquiñuelas acompañadas de figuras legales, mientras, nos exprimen les hacemos sentirse lo más a gusto posible para que no se vayan. Se crea un limbo legal y fiscal en EuroVegas – con el que renunciaremos a unos 3.000 millones – para mayor gloria de los “pelotazos” urbanísticos y la corrupción. Se dan cientos de miles de millones a los banqueros para salvar sus fortunas cuando esos bancos podrían ser liquidados con el dinero de sus mismos accionistas  e inversores privados. Etc. Etc. Etc.

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Todas ellas medidas muy necesarias… Lo permitimos ¿Somos tontos? Seguro que sí, pero, empiezo a inclinarme más porque somos gilipollas. Qué es lo mejor de todo esto, que, mientras, eximimos a estas empresas y fortunas del pago de impuestos o las rescatamos, desvían los fondos a paraísos fiscales – 21 billones se encuentran allí – y, para mayor escarnio, luego son ellas – los mercados – las que con el dinero que han evadido nos prestan y les pagaremos intereses anuales, solo España, por valor de 38.000 millones el próximo año. Esta cifra es más del dinero que dedicamos a los denigrados y humillados desempleados.

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Nuestros abnegados líderes en pos del buen funcionamiento y la sostenibilidad del sistema – la salvación en el sacrificio y la destrucción de nuestra sociedad – imponen un REpago en medicinas y, ahora, una tasa de un euro por receta para obtener una recaudación ridícula de 83 millones en Madriden Cataluña se prevén recaudar alrededor de 90 o 100 millones anualesponiendo contra las cuerdas a jubilados, desempleados y enfermos crónicos; Parece que, no, suficientemente, castigados con el REcobro de los transportes sanitarios, por ejemplo, para las innecesarias diálisis  – ¡¡¡no son urgentes, porque si un paciente de diálisis no la recibe, no le ocurre nada!!! – Pero, bueno, no nos vamos a  sorprender, ya nos lo dijo la viceconsejera de Asistencia Sanitaria madrileña, no podía ser que los enfermos crónicos vivieran gratis del sistema o como piensan el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno, que creen, que su labor consiste en impartir dolor y sufrimiento. Eso sí, sufrimiento para el resto, riqueza y poder para ellos.

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El señor Lasquetty se excusa – y nos culpabiliza – de las cerca de 3.800 toneladas de medicamentos tirados ¡Pero, si eso es la esencia de este sistema capitalista! El consumo irracional, compulsivo, masivo y el despilfarro a gran escala– mientras millones de seres humanos sufren y mueren de hambre – con la destrucción de los recursos económicos, energéticos y naturales. Debería darse este señor una vuelta por nuestros ríos, costas y bosques destruidos por su codicia e irreflexividad. Debería luchar contra los 9 millones de toneladas de alimentos que se tiran cada año. Su trabajo como consejero de Sanidad hubiera consistido – en este caso – en implantar una medida tan simple como dar a los pacientes la dosis justa de medicinas, eso sería más que suficiente para ahorrar, evitar el despilfarro y hacer un uso racional de los medicamentos. Pero, esta medida iría contra las estrategias de ventas de las multinacionales farmacéuticas a las que no quiere perjudicar y se debe.

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Todas las medidas se están realizando sin la participación de los profesionales de la educación ni la sanidad, ni la justicia, ni los trabajadores; se está pasando por encima de ellos y lo que es peor se les está criminalizando porque el objetivo es desmantelar el sistema, privatizarlo y cuando se presente algún problema en los beneficios, socializar las perdidas. Solo un régimen estamental puede justificar que mientras para unos pocos puedan regir privilegios y dádivas sinfín, para el resto de ciudadanos recaigan medidas coercitivas, confiscatorias y una pérdida masiva de derechos. Y, evidentemente, ese régimen caciquil y corrupto se está apuntalando con medidas demagógicas.

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Medidas demagógicas como la reducción de los concejales. Medida falaz porque se pretenden impulsar las diputaciones provinciales, cementerio de elefantes y cargos elegidos a dedo que suponen un coste de 22.000 millones. Se consolida un gasto de 22.000 millones en redes clientelares y se deja sin sanidad – con una medida inhumana que, además, es inconstitucional y pone en riesgo la salud pública – una disposición racista e ideológica que pretende ahorrar otra miserable cifra: 245 millones. Pero, no nos engañemos, esta es la realidad, atizan el racismo y las emociones más miserables para proteger sus intereses en este sistema caciquil. Con unas pocas medidas podríamos ahorrar 365.000 millones que favorecen a los estamentos privilegiados.

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Esta es la sociedad estamental – que pensábamos solo se estudiaba en los libros de historia – donde unos entes públicos cobran el IBI a sus universidades – un absurdo absoluto cobrarte a ti mismo – y renuncie a cobrar el IBI – y otros impuestos – a la Iglesia Católica, unos 3.000 millones anuales. Una Iglesia que recibe unos 11.000 millones, que no son para atender a los más pobres, pues, Cáritas – la coartada perfecta esgrimida por la cínica jerarquía católica española – solo recibe un 2% de sus fondos del dinero destinado por el Estado a la Iglesia Católica. Una cifra irrisoria para una Institución, extremadamente, rica y subvencionada.Una Iglesia que posee miles de viviendas que nunca serán destinadas a los más necesitados.

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Que habrá que darle casi 4.000 millones a las concesionarias de autopistas de peaje para evitar su quiebra – o poner el 25% del PIB al servicio del rescate a los bancos – pues se les da. Que hay que garantizarles los ingresos, pues se hace. Que esas mismas constructoras se van a quedar con la sanidad, pues qué más da. Eso son minucias. Pero, bajo ningún concepto, vamos a rescatar a los 350.000 desahuciados y perdonar sus deudas con la entrega de la vivienda – una vivienda tasada por ese precio por el mismo banco – eso sería poner en riesgo el sistema y crearíamos un mal precedente que fomentaría la irresponsabilidad en los ciudadanos. Un plan que podría costar unos 6.000 millones o poner en el mercado alrededor de 3 millones de viviendas vacías, cuando miles se quedan sin techo o tienen que volver al hogar familiar. Pero, seamos realistas, una vida humana no es cuantificable – no vamos a perder el tiempo en problemas metafísicos – en cambio, el precio de un yate, un Ferrari, comer en un restaurante de lujo o una mansión es cuantificable fácilmente.

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Lo que, también, es cuantificable es la estafa de las preferentes a los pequeños ahorradores perpetrada por la banca con engaños. Es un engaño vender como un valor seguro una acción que es variable y, además, estaba sobrevalorada. Nada va a ocurrir. La estafa ha sido consumada y nadie va a devolver la integridad del dinero que ha colaborado al rescate bancario. El señor Ruíz Gallardón, además, ha puesto otra barrera – llámalo racionalización, ahorro o medida estructural – a estos estafados, una barrera económica de, aproximadamente, 940 euros para demandar al banco. Y lo más grotesco es que sus demandas van a ser estudiadas en el Supremo por un juez que ha estado al servicio de la banca desde 1969. Estafados dos veces: por los bancos y por el Estado de derecho.

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La última medida chusca de ahorro tomada es el plan de ‘racionalización’ (otro palabro falaz y ridículo en sus bocas) de Renfe que dejará incomunicados muchos lugares de España, sin realizar un contraestudio del coste que supondrá para los ciudadanos en gasolina, coches, accidentes o contaminación, por unos míseros 51 millones, mientras, ellos pueden viajar en AVE (35.000 millones el dispendio para trasladar cómodamente a las élites económicas) o en avión o en helicóptero – lo mismo da – en primera clase y gratis. Mientras, Alemania construyó una potente red de ferrocarril allá por el S.XIX, nuestra corrupta e insaciable oligarquía – en el S.XXI – nos quiere devolver al subdesarrollo industrial y tecnológico.

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Raul Burillo, es funcionario, de esos funcionarios díscolos que disponen de una relativa independencia y de una ya extraña estabilidad y seguridad laboral. Uno de esos empleados públicos incómodos para la élites extractivas. Fue durante seis años, de 2004 a 2010, delegado de Hacienda en Baleares, donde dirigió la Unidad Especial de Investigación Judicial contra la Corrupción de la Agencia Tributaria en esa Comunidad. Durante ese tiempo, al frente de un equipo compuesto por inspectores de Hacienda en coordinación con policías y fiscales descubrió cerca de 30 casos de corrupción política y empresarial, la mayoría de ellos relacionados con el ladrillo.

Imagen El periodista griego Kostas Vaxevanis detenido por publicar un lista de 2.059 evasores fiscales.

En estas investigaciones cazaron a personalidades de la importancia de Jaume Matas, presidente del gobierno balear(PP), María Antonia Munar (Unió Mallorquina) e Iñaki Urdangarín, entre otros muchos. Como premio por descubrir estos asuntos delictivos fue cesado por el anterior gobierno a finales de julio de 2010. Dos años después, la Unidad Especial contra la Corrupción fue desmantelada a principios de este verano por el actual gobierno del PP. Parece que cuando, en nuestro supuesto ‘Estado de Derecho’ se toca la impunidad de ciertos estamentos se corre el riesgo de perecer, por ahora, profesionalmente. Ahora, ya sabemos, el riesgo que corren jueces, funcionarios, periodistas o personas comunes que osan tocar los privilegios de nuestra criminal oligarquía.

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Anteayer, en otro excelente programa de ‘Salvados’, este empleado público nos volvió a demostrar que la realidad supera a la ficción. Que a las élites político-empresariales no les interesa que se disponga de un sistema impositivo justo. Que para los ricos los subterfugios legales son infinitos, que disponen de todos los medios y dispensas posibles para defraudar y, que no hay ningún interés en perseguir el fraude fiscal. Unas pocas pinceladas de muestra:

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  1. Los inspectores de Hacienda sólo pueden dedicar un año a la investigación de presuntos casos de fraude fiscal. Esto dificulta, prácticamente, imposibilita la persecución del gran fraude fiscal – que es el que esquilma nuestros recursos – pues, se necesitan años y el trabajo en equipo de diversos cuerpos del Estado para destaparlo.                Imagen 
  1. Las Leyes están hechas a medida de las grandes fortunas y empresas para evitarles el mal trago de pagar impuestos. Mientras, las grandes fortunas tributan por medio de sociedades – llamadas SICAVS – al 1%, las grandes empresas tributan a un tipo medio efectivo del 5%.                                                                                                                               IVA                                                                       
  2.  Los impuestos son pagados, prácticamente, en su mayoría por las rentas del trabajo. Esto es fácil de observar cuando, el 85% del IRPF lo componen estas rentas; porque, curiosamente, en España el 96% de los ciudadanos gana menos de 60.000 euros. En España, no hay ricos y los empresarios declaran ganar menos que sus trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Imagen
  1. Es difícil escuchar en la televisión cuales son las causas verdaderas de la crisis actual. La crisis en España no se ha debido a un exceso de gasto público – el gasto social es 6 puntos inferior a la media europea; el gasto per cápita en protección social es, prácticamente, la mitad; y, el gasto público casi seis puntos inferior a la media europea, o, por ejemplo, más de 12 puntos inferior al francés – sino a un exceso de endeudamiento privado.

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  1. La actual crisis en las cuentas del Estado no se debe, igualmente, a un exceso de gasto sino a una falta de ingresos crónica. El problema es la escasez de ingresos públicos y esto se puede demostrar fácilmente si nos comparamos con el resto de países europeos: España recauda un escaso 34% de su PIB, mientras que, la media de la UE ingresa un 44% y, sin embargo, Suecia alcanza el 54% del PIB.                                                                                                                                                         Gasto Público UE, 2011 (3) 
  1. A este déficit de ingresos se debe el actual déficit público de España. A los privilegios de una minoría. Esto se debe a que Suecia gasta 6 veces más en la financiación de la Administración Tributaria que España. Si España pusiera en práctica una política tributaria al mismo nivel que la media europea recaudaría 100.000 millones de euros más, si pusiera en práctica la política sueca, 200.000 millones más. Esta es una de las explicaciones de la situación que se vive en unos países u otros.

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  1. Esta política va, groseramente, contra el interés general porque por cada 60 céntimos que se invierten en la Agencia Tributaria se obtiene un beneficio de 100 euros. Unos beneficios que sirven al bien común y promueven la educación, la sanidad, las pensiones, la atención a los mayores, dependientes y discapacitados, ayudas a la familia y a la infancia, infraestructuras, políticas de empleo, política industrial, I+D, etc.

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  1. La política fiscal de nuestros gobiernos ha ido claramente dirigida a dejar sin recursos al Estado. Se ha desmantelado el sistema impositivo y toda la carga impositiva – IRPF, IVA, IBI, impuestos especiales, etc. – recae sobre unos trabajadores cada vez más empobrecidos. Y, unos desempleados empujados a la consentida economía sumergida – donde se defraudan más de 82.000 millones – mediante la precariedad, la necesidad, la impunidad, la ignorancia y la explotación laboral.

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  1. Estas políticas de desmantelamiento del sistema fiscal para sustituirlo por un sistema que expolia a los trabajadores y acaba con el Estado de bienestar y los bienes y servicios públicos, tiene ejemplos palmarios en las enormes bajadas de impuestos a las grandes fortunas y empresas de las últimas décadas o la total permisividad – e, incluso, protección – con el fraude fiscal y los paraísos fiscales, a los que se han desviado 21 billones de dólares. Bancos y paraísos fiscales que – como en Suiza – se valen del secreto bancario para evadir capitales y blanquear dinero. Así se consigue que grandes multinacionales – Apple, Google, Starbuks, Amazon,… – estén exentas de pagar impuestos.

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  1.  El fraude fiscal asciende en España a 88.500 millones de euros. El 72% es perpetrado por las grandes empresas. Estas grandes empresas, muchas de ellas antiguas empresas públicas privatizadas, que controlan sectores estratégicos para el país, que actúan en régimen de oligopolio o monopolio pactando los precios, destruyendo cientos de miles de empleos y obteniendo escandalosos beneficios a costa de abusivos precios y tarifas que saquean los presupuestos familiares.

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  1.  La práctica eliminación de dos impuestos – patrimonio y sucesiones y donaciones – principalmente, soportados por las grandes fortunas, que, ya eran de por sí testimoniales, nos cuesta casi 5.000 millones de euros anuales. Unos impuestos – arduamente debatida su justicia desde el S.XVIII – que servían para redistribuir la riqueza, reducir las desigualdades sociales y posibilitar la igualdad de oportunidades. Suficientes ventajas poseen ya, los descendientes de las grandes fortunas teniendo todo tipo de comodidades, los mejores colegios y un puesto seguro en una gran empresa o sus consejos de administración como para, además, recibir una enorme fortuna a la que ellos no han contribuido con su esfuerzo. Para nada se fomenta el principio del trabajo duro y el merito defendido por los neoliberales, sino, el inmovilismo social y la sociedad estamental.

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  1.  Tenemos un Gobierno infame por mentiroso, ilegitimo por cometer fraude electoral y criminal por perpetrar unos recortes innecesarios, que dejan morir, caprichosamente, a seres humanos, y amparar a los grandes delincuentes. Un gobierno que ha permitido que la Ley que posibilita la Amnistía Fiscal sea redactada por los propios defraudadores. Una amnistía fiscal que posibilita el blanqueo de capitales de cualquier tipo y vengan de donde vengan. Pero, que podemos esperar de ellos cuando van a fomentar el limbo legal de EuroVegas, convertido en un paraíso fiscal, donde se podrán perdonar arbitrariamente las faltas más graves.  

 Esto, simplemente, no es un Estado ni de Derecho ni social…

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La cuestión de negar la cobertura sanitaria a los inmigrantes no es un asunto de racionalidad del gasto sanitario – puesto que, el ahorro que supone es ínfimo –, sino, ideológica, discriminatoria, clasista y, sobre todo, mercantil. El Gobierno vuelve a cargar contra las personas más desfavorecidas – antes lo hizo con ancianos, desempleados, enfermos dependientes y sus familiares, jóvenes o enfermos crónicos – haciéndoles responsables de los problemas que nos acontecen ¿por qué podemos afirmar esto?

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  1. El ‘ahorro’ que se supone puede generar dejar sin cobertura a los inmigrantes ‘ilegales’ son: 245 millones de euros. Por ejemplo, si el actual Gobierno tuviera algún interés en perseguir y castigar a los delincuentes fiscales – a los que los diferentes Gobiernos de España han indultado y amnistiado – podríamos recaudar alrededor de 88.500 millones anuales que, por ejemplo, por, únicamente, los últimos 10 años de impunidad equivaldrían a 850.000 millones de euros.  
  2. Para hacernos una idea del despropósito de la suma defraudada, la deuda sanitaria – en comparación – sólo alcanza los 11.000 millones, aunque, según las fuentes que consultemos puede llegar hasta los 16.000 millones de euros.     Imagen
  3. El asunto es, aun, más grave si nos fijamos en el tan ruidoso problema del déficit público, que roza los 90.000 millones, prácticamente, la cuantía del fraude fiscal que perpetran las grandes fortunas y empresas cada año. La persecución de este fraude harían innecesarios los recortes sociales.                          Imagen
  4. Ante esta protección de la gran delincuencia, cuando el Consejero de Sanidad valenciano dice que “La sensación de que todo es gratis no es buena” o la misma presidenta de la Comunidad de Madrid por voz de su Viceconsejera se pregunta si “¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?” no podemos por más que sentirnos insultados.                                                                             Imagen
  5. El insulto es más grave si observamos que el 95% del IRPF lo pagan las rentas inferiores a 60.000 euros, que, además, contribuyen con el pago de todos los impuestos indirectos. Por tanto, la sanidad española no es gratuita – decir eso, es manipular y faltar a la verdad –, puesto que, se paga mediante la contribución tributaria de todos los residentes en España.
  6. En cuanto, al gasto de los inmigrantes en la sanidad, como han demostrado infinidad de estudios, los inmigrantes son más jóvenes, están más sanos, tienen una tasa de empleo mucho más alta que los españoles, hacen un menor uso de los servicios de salud, etc. Por estas razones, reciben 3 veces menos de lo que contribuyen al sistema sanitario.                                                                Imagen
  7. Evidentemente, los inmigrantes no son ningún problema para la viabilidad de la sanidad española porque como hemos dicho hacen un uso menor de ella que los españoles. Suponen, únicamente, entre el 5 y 10% de las visitas al médico según las zonas. Siendo en muchos lugares el 20% de la población.
  8. Si analizamos las visitas realizadas al médico podemos comprobar que los españoles van 6,7 veces al año al médico y, los inmigrantes 4,2 veces. En ninguno de los dos casos, este número de visitas al médico resulta desproporcionado, pues, está en la línea del resto de países desarrollados (UE-15, OCDE, Japón, etc.).
  9. Es lógico que los inmigrantes realicen un menor gasto sanitario porque el mayor uso de la sanidad recae sobre la población mayor de 65 años – por ejemplo, suponen el 78% del gasto farmacéutico siendo, sólo, el 22% de los usuarios –y, en este caso, dentro del colectivo inmigrante, únicamente, un 2% de ellos supera esa edad.                                               Imagen
  10. El gasto que ocasiona la atención de los inmigrantes calificados de ‘ilegales’ al sistema salud se cifra sólo entre el 0,3 o 0,8% del gasto sanitario total. Por tanto, el ahorro que supondría es insignificante. A nivel general, la población inmigrante supone el 5% del gasto sanitario, siendo, más del 12% de la población.
  11. En cuanto, a la torticera excusa de pretender frenar el turismo sanitario, podemos afirmar, que sólo un 4% de los inmigrantes ha venido a España con un interés médico. Los datos demuestran que el turismo sanitario es realizado por los ciudadanos de los países ricos de la Unión Europea.                                                                                                             Imagen
  12. Como nos señala la lógica, todos los residentes en España contribuyen al financiamiento de la Sanidad porque está se paga con los impuestos (IRPF, IVA, alcohol, matriculación, tabaco, electricidad, céntimo sanitario, juego, gasolina, etc.) de todos los residentes en España. Si los inmigrantes ‘ilegales’ no pueden contribuir en mayor medida es por la permisividad que ha existido entre los diferentes Gobiernos de España con la ilegalidad de la economía sumergida y la explotación laboral, equivalente al 23,3% del PIB, unos 244.000 millones de euros.   Imagen
  13. España con esta medida – como dice el Gobierno – se puede estar equiparando al resto de países europeos en el trato dispensado a los inmigrantes ‘sin papeles’, pero, no es para sentirse orgulloso de esta Europa, el trato discriminatorio y vejatorio que está dando a este colectivo. La bonita retórica europea intenta esconder la responsabilidad que sus políticas internacionales tienen en los movimientos migratorios de los países más pobres y el incumplimiento flagrante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  14. Los recortes que se están produciendo en la sanidad pública no buscan ningún tipo de ahorro, pues, estos fondos se están desviando a la sanidad privada con el único objetivo de beneficiar a  empresas y políticos afines. Por ejemplo, en Madrid, la gestión privada de los nuevos hospitales – curiosamente, en manos de empresas constructoras que se lucraron con la burbuja inmobiliaria es 8 veces más cara que la gestión tradicional de los hospitales públicos.    Imagen
  15. La Junta de Castilla y León ha desviado 1,3 millones de euros a operaciones privadas. En Madrid, el presupuesto para la sanidad privada ha aumentado un 34%, mientras, se reducía el dinero destinado a la sanidad pública un 14,7%, disminuyendo, asimismo, el personal sanitario. Mientras, se pretende ahorrar a nivel estatal 250 millones con la negación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes, Madrid ha dado 643 millones de dinero público a la iniciativa privada.                                          Imagen
  16. La estrategia en todos los lugares es favorecer el negocio privado donde muchos de nuestros dirigentes tienen oscuros intereses – con dinero público. En Valencia, donde un 43% de la oferta sanitaria está en manos privadas, la empresa Capio – propiedad de un fondo de inversión radicado en un paraíso fiscal que obtiene el 75% de sus beneficios de convenios con la sanidad pública – podría lograr el monopolio sanitario. En Cataluña y Madrid ocurre lo mismo, atendiendo la oferta privada o semiprivada a casi el 50% de la población.      Imagen
  17. Castilla La-Mancha ha entregado 4 hospitales públicos a la iniciativa privada. Anteriormente, la Comunidad Valencia bajo el mandato de Francisco Camps puso el 20% de los recursos sanitarios bajo la gestión privada. Como hemos visto, el mismo caso ha ocurrido con los nuevos hospitales madrileños y se prevé que ocurra con los hospitales públicos catalanes.
  18. Se pretende que la Administración Pública – los ciudadanos españoles – lleven a cabo las inversiones más costosas en construcción, tecnología, material, etc., asumiendo todos los riesgos, para que, luego sean los intereses privados – bien representados en los distintos gobiernos – de constructoras, bancos y fondos de inversión quienes se queden con los beneficios.           Imagen
  19. Se ha producido un deterioro intencionado de la sanidad pública por el entramado de intereses político-ideológico-empresarial – que olvida su juramento constitucional de servir al interés común – para tras esta coartada de ineficiencia trasvasar usuarios descontentos a la sanidad privada y facilitar la privatización del Sistema Público de Salud.
  20. Esta política interesada ha llevado a que 10 millones de españoles paguen un seguro sanitario privado y el Gobierno se plantee conceder una deducción fiscal del 15% a quienes tengan seguros privados, favoreciendo nuevamente a los más privilegiados y a las empresas privadas, detrayendo dinero de las necesidades públicas.     Imagen
  21.  Sorprendentemente, se prevé que la sanidad pública cobre a los inmigrantes que dejará sin cobertura a cambio de obtener atención médica una cuantía superior – entre 710 y 1.864 euros, según la edad – a un seguro privado, posiblemente, con la aviesa intención de obligarles a optar por el seguro privado.
  22. Es difícil entender que en el objetivo de estas reformas se encuentre el ahorro, cuando el gobierno ha reducido un 45% los fondos para políticas de prevención y salud, que suponen a largo plazo un enorme ahorro en el gasto sanitario. Esto empeora todavía más el deteriorado sistema de prevención español, en el que gastamos un 50% menos que el resto de países desarrollados.

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Podemos concluir que una mejor gestión de la Sanidad Pública sí es deseable y necesaria. La coexistencia de un sistema privado – apoyado con fondos públicos e intereses políticos partidarios – y uno público provoca un encarecimiento y una ineficiencia en la asignación de los recursos, además, de una merma en la capacidad adquisitiva de muchos ciudadanos; que impide la consecución una sanidad pública y universal, económica y de calidad para el ciudadano.

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Es ineludible, una mejor gestión de los recursos económicos, materiales y humanos con unas mejores condiciones laborales de los profesionales – que impida su emigración a otros países – y  una mayor colaboración entre diversos especialistas y Administraciones,  olvidando prejuicios y egos personales, podrían evitar el uso excesivo de medicamentos y pruebas médicas innecesarias, mejorando la asistencia al paciente y reduciendo notoriamente el gasto sin necesidad de recurrir a las actuales medidas discriminatorias y socialmente injustas. Desde la buena voluntad y la búsqueda del bien común cientos de medidas son posibles. 

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No deja de sorprenderme cada vez que pongo la tele, escucho la radio o hablo con ciertas personas como seguimos atrapados en debates estériles anclados en las falacias neoliberales. Se sigue discutiendo de la bondad o no de las medidas tomadas cuando estas medidas, objetivamente, son nefastas para la sociedad en general. En cualquier lugar en el que se han aplicado han hundido al país en la pobreza y el caos: México, Argentina, toda Latinoamérica, el Sudeste Asiático, Rusia, Grecia, etc. Eso sí, han enriquecido aún más a la élite dominante tanto extranjera como nacional.

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La ‘opinión mediática’ parte de la buena voluntad de nuestros dirigentes que quieren hacer todo lo posible para sacarnos de la crisis. Así es, la mezcla de corrección política y manipulación mediática que nos rodea. Se nos piden sacrificios – que verdaderamente son inmolaciones – mientras cínicamente se toman medidas que descaradamente benefician y enriquecen aún más a las élites dirigentes. Podrían decir que somos demagogos y darnos mil razonamientos ‘fundadísimos’ en la nada intelectual – una engañifa – que es la doctrina neoliberal, pero los hechos son claros: una bofetada en la cara de cualquier persona de buena voluntad.

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El Gobierno para justificar las medidas tomadas – recortar otros 65.000 millones de euros – dice que se ha visto obligado por las circunstancias, que no queda otro remedio, que no hay dinero, que no hay elección, que el sistema es inviable, que tenemos que arrimar el hombro, que se trata de salvar a España, etc. – Vistos los comportamientos de algunos y el doble rasero aplicado suenan a cruel burla – Estas medidas inexorablemente van a hundir la economía española y van a provocar un aumento del paro aún mayor. Además, estos recortes, que afectan gravemente a los más débiles, van a enviar a la pobreza a cientos de miles de personas más. Detrás de las falsedades y las mentiras que repiten machaconamente, hay cientos de medidas y soluciones alternativas que desde la justicia social y el interés general – el bien común – que debe buscar cualquier sistema que quiera llamarse a sí mismo Democracia se pueden tomar.

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Se dice que no hay dinero, pero no es cierto, sí lo hay, pero ellos – los grupos privilegiados – se lo llevan. España es un paraíso fiscal. Como casi siempre ha ocurrido en nuestra historia solo los trabajadores pagan impuestos. Sólo con algunas medidas propuestas por el sindicato de los Técnicos de Hacienda – funcionarios a los que quieren maniatar para que nadie se interponga en su saqueo de España – se recaudarían por sí solas casi ¡64.000 millones de euros anuales! Y, podrían tomarse cientos de medidas más ¡Cómo es posible que Apple no pague impuestos en España! A las personas que tras las engañifas nacionalistas quieran boicotear algo, que lo hagan con cabeza, que boicoteen a quienen les empobrecen: Zara, Telefónica, Endesa, Repsol, El Corte Inglés, Carrefour, etc.

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Como se puede corroborar fácilmente por los datos dados por Gestha lo que lastra las cuentas del Estado es el fraude fiscal. Concretamente es, el fraude fiscal perpetrado por las élites. Mientras el Gobierno y los medios de comunicación saben esto nos quieren hacer sentir culpables a los ciudadanos, unos ciudadanos empobrecidos por una continua pérdida de poder adquisitivo que, supuestamente, han vivido por encima de sus posibilidades. Se suben los impuestos, como ha dicho cínicamente Cristóbal Montoro, porque defraudamos. Interesadamente, obvia que son los grupos a los que él y su Gobierno protegen los culpables de la evasión fiscal: el fraude de los autónomos supone el 8% del fraude total; el de los pequeños empresarios el 12%; y, ¡el fraude de las grandes empresas el 72%! A pesar de ser el 4º país con los impuestos más altos de Europa los ingresos del Estado se reducen al 32% del PIB. Lejos de Suecia en el que estos ingresos ocupan el 54% del PIB. Bien es verdad que, Suecia gasta cinco veces más – un 0,32% – que España – un ridículo 0,06% – en recaudar impuestos. Con una estructura tributaria justa – que, además, persiga a los grandes delincuentes – España no tendría problemas de déficit ni de ingresos. España crearía empleo, acabaría con la pobreza y la precariedad. España no estaría en crisis. Claro que hay dinero, pero éste se sustrae del esfuerzo de los trabajadores, que sostienen la evasión fiscal y el enriquecimiento de sus élites dirigentes con el menoscabo en sus derechos y nuevos impuestos, que son confiscatorios, porque no repercuten en un mayor bienestar ni en su beneficio como puede ocurrir en países como Suecia, Finlandia o Noruega.

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Las medidas son claras. En ellas no hay buena voluntad. Éstas permiten que las grandes fortunas y empresas evadan – mediante diversas figuras tributarias y la dejación del Estado – y puedan beneficiarse de los menores derechos de los trabajadores. Ni se sonrojan cuando con una mano amnistían fiscalmente a los grandes delincuentes cientos de miles de millones y con la otra quitan derechos a los ciudadanos, la Constitución es pisoteada y la Ley burlada. Por tanto, sí hay elección a la pérdida de derechos laborales, a la bajada de salarios, a la reducción de las pensiones, a los ‘tarifazos, tasazos y repagos’ en los servicios públicos y esenciales, al abandono de los enfermos y los dependientes, al repago en las medicinas, al retraso en la edad de jubilación – parece que quieren hacer coincidir la edad de jubilación con la muerte – etc.

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Sí hay elección a la miseria a la que nos condena el doble rasero de estas medidas. Mientras un ciudadano corriente debe cotizar 35 años y jubilarse a los 67 años, un político solo tiene que hacerlo 7 años o un banquero puede jubilarse a los 50 años con millones de euros en sus bolsillos. Mientras nuestros grandes empresarios se blindan sus contratos con indemnizaciones millonarias a los trabajadores se les convierte en una mano de obra barata y temerosa. Estos son algunos de los ejemplos de cómo arrimamos todos el hombro y acometemos los ‘sacrificios necesarios’. No deja de ser un ejemplo paradigmático de la corrupción moral que rodea a nuestras élites, asistir a como ellos, que ganan cientos de miles de euros, llaman privilegiados a mileuristas hipotecados con cargas familiares.

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Los recortes no son inevitables, no hemos gastado por encima de nuestras posibilidades porque nuestro sistema de bienestar está infrafinanciado. La Administración Pública española no es desproporcionada y el número de funcionarios como el gasto en servicios públicos de educación, sanidad, familia y ancianos están a la cola de Europa.El dinero se pierde en redes clientelares, en el amiguismo, en la malversación del dinero público y la especulación. Se crean empresas públicas y se nombran cargos a dedo para colocar a una red clientelar con unos sueldos un 35% superiores a la media de los funcionarios. Estas mismas artes se utilizan para dar contratos a dedo a empresas afines o para colocar a amigos y familiares en empresas privadas. Ninguno de los altos cargos colocados a dedo va a sufrir la merma de su paga extraordinaria porque cobran 12 mensualidades de 7.000 a 9.000 euros cada una. Es la corrupción que provoca una ineficiencia deliberada lo que lastra las cuentas del Estado.

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Las ‘reformas estructurales’ – que no tienen nada de nuevo porque llevan aplicándose 40 años – únicamente pretenden poner todo el patrimonio  y la riqueza nacional – privatizándola – en manos de los especuladores extranjeros y nacionales. El Gobierno español – lleno de falsos patriotas – que pretenden hacerse pasar por salvadores de la patria, cuando su única patria es el dinero y lo único que les mueve es la codicia extrema, van a poner todos nuestros recursos y la soberanía nacional al servicio del pago de una deuda indevolvible contraída por entidades privadas. Para ello quieren hacer responsables – mediante el miedo y la culpa – al conjunto de la población de la fraudulenta gestión de los bancos y empresas. Que personas con jubilaciones y sueldos millonarios, que han crecido aún mas durante la crisis – el sueldo medio de los consejeros del Ibex en 2011 fue de 7,5 millones, entre un 5% y un 9% más que el año anterior, bendita crisis – hagan responsable a una población con un riesgo de pobreza y exclusión social del 26,5%; a un 70% de jóvenes que la especulación inmobiliaria y la precariedad laboral – la tasa de paro juvenil supera el 50% – les impide abandonar la casa de sus padres; tiene un nivel de descaro y desvergüenza memorables. La sociedad sí es culpable de inacción y credulidad, de haberse creído las mentiras y promesas del sistema inculcadas desde la cuna, pero no del monstruoso fraude cometido por los mercados financieros: bancos, grandes empresas y fortunas.

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Verdaderamente, si queremos salir de la crisis tenemos que cambiar el marco conceptual y el pensamiento. No debemos acceder al chantaje ni a los caprichos de los mercados. No debemos aceptar ni utilizar su lenguaje. No debemos caer en sus sofismas ni mentiras, en su falso conocimiento propagado por expertos a sueldo de sus amos. Los mercados financieros no son respetables porque son nuestros verdugos y los de muchos seres humanos. Al acceder a las amenazas y las mentiras de bancos, grandes corporaciones y fortunas nos convertimos en sus esclavos – ahora ya estamos bajo su yugo – y los hacemos inmensamente poderosos. Los mercados – esas mismas personas y entidades a los que alimentamos con el fraude fiscal, la flexibilidad laboral y las privatizaciones – son los responsables de la especulación y el expolio que han provocado la crisis. Los culpables de la crisis nos están extorsionando y nosotros ponemos en sus manos más recursos. Ha sido la especulación del dinero ocioso de las grandes fortunas y empresas – sustraído del esfuerzo de los trabajadores – el culpable de provocar la crisis. Un volumen de dinero que es 60 veces mayor que la economía productiva.

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Los recortes sociales aplicados nos ponen de nuevo frente a los años más terribles de la dictadura. Se acaba con la sanidad pública universal y se vuelve a la beneficencia y al seguro. Es una vuelta a principios del S.XX. Es mirarnos en el espejo del subdesarrollo en América Látina y Asia. Los recortes y la intervención suponen dejar de ser soberanos para convertirnos en colonia. Una población que contribuye y trabaja, pero no recibe nada a cambio. De esta forma las empresas no tendrán que irse a China porque ya nos habrán igualado a ella en nuestra propia casa. Las manidas palabras productividad y competitividad, realmente, suponen menores salarios, perdida de los derechos sociales y laborales, precariedad, jornadas laborales más largas, despidos continuos y mucho paro. A millones de personas se les está negando el futuro. Dirán que son exageraciones. Bien, pensábamos hace 2 o 3 años que lo que ocurre ahora con un realismo tan crudo era pura fantasía… Son retrocesos sociales que es difícil dilucidar cuando se van a recuperar – si algún día se hace – con una sociedad tan anestesiada y conformista.

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La procacidad de nuestros dirigentes llega al punto de reducir la cuantía de la prestación por desempleo como incentivo para la búsqueda de empleo en un país, que como sabemos,con casi 6 millones de desempleados y la emigración en constante aumento, el empleo es algo que abunda y el que no trabaja es porque es un vago. Nada se puede esperar de un partido que dedica a los parados un obsceno ¡Qué os jodan! Ante tal nivel de ignorancia, infantilismo, fanatismo y desprecio por las personas así – movidos por una codicia sin límites, cortoplacista, que no sopesa las consecuencias que pueden provocar estas acciones – estamos ante una situación crítica con un final nada esperanzador. A esta alturas y ante tales acciones el Gobierno es ilegitimo porque ha cometido un fraude electoral. Ha utilizado la mentira para acceder al poder y sigue utilizando está para acometer medidas, innecesarias y contraproducentes, que atentan contra el interés general. La democracia se ha convertido en una farsa que no respeta ni sus más mínimas formas y procedimientos.

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Unas personas inmorales que, prácticamente, son delincuentes ‘de facto’ por mucho que se protejan con unas leyes a medida o que no se cumplen, nos quieren inocular un sentimiento de culpa que nos convenza de la inviabilidad del sistema social y la inevitabilidad de las medidas que se están tomando para destruirlo. Nos dicen que no pagamos, que todo no puede ser gratis – cuando el IRPF es pagado en su totalidad, un 96%, por rentas inferiores a los 60.000 euros – que debemos jubilarnos en el umbral de la muerte, etc. para que ellos puedan seguir aumentando sus beneficios disfrutando de más mansiones, más yates y más coches de lujo. El sistema no es sostenible además, por el mal uso que hacemos de él, dicen. Como ejemplo para poner a cada uno en su lugar y dejar al rey desnudo con sus mentiras al aire digamos que: de 45.000.000 millones de usuarios de la Sanidad, sólo 200.000 defraudan ¡menos del 0,5%! En cambio, más del 80% de las grandes empresas opera y, claro está, defrauda en paraísos fiscales, el 100% de las grandes fortunas evade miles de millones a Hacienda… Por tanto ¿quién hace insostenible el sistema y se aprovecha vilmente de él? Cristóbal Montoro dice que hay que recaudar más…

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1.   El 85% del IRPF lo pagan las rentas del trabajo, los asalariados. Un impuesto tan esperpéntico que un millonario paga menos impuestos que un profesional de clase media.

2.   El 72% del fraude fiscal lo cometen las grandes fortunas y empresas…

3.   Madrid ha bajado los impuestos a los ricos por valor de 10.500 millones de euros desde que empezó la crisis. 3.000 millones de euros anuales. Y, dicen que no hay dinero para educación, sanidad y servicios públicos…

4.   569 grandes fortunas guardan su dinero en Suiza, con la complacencia y  el encubrimiento de los gobiernos y los políticos. Entre ellos están los perpetradores de los sacrificios para todos, como el padre de Artur Mas…

5.   Con Zapatero y Aznar, la carga fiscal para 300.000 euros cayó 16 veces más que para 50.000 euros…

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6.   España es el único país de Europa donde los empresarios declaran ingresar 6.000 euros menos que sus trabajadores…

7.   Un trabajador medio paga en impuestos el 75% de lo que paga un trabajador sueco. Pero, un rico, la banca o la gran patronal en España pagan en impuestos sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos suecos…

8.   A pesar de que los trabajadores pagamos en nómina unos impuestos similares a la media Unión Europea, los ingresos del Estado equivalen al 32% del PIB, frente al 44% de la UE-15 y al 54% de Suecia. La razón está en el fraude fiscal y laboral perpetrado por la gran patronal y los grandes patrimonios.

9.   Aun teniendo, una Renta per cápita que equivale al 94% de la media de la UE-15 y unos recursos similares, nuestro Gasto social per cápita equivale al 72% de esta media europea. De ahí, nuestro ‘mini – Estado’ del bienestar y nuestras menores prestaciones sociales.

10. En los paísesdelnorte de Europa el gasto público social ocupa un 25% del presupuesto, mientras que, en España sólo un 9%. Por tanto, nuestro Estado de bienestar no es, ni caro ni insostenible, sino que,estáinfrafinanciado. Con una redistribución más equitativa de la riqueza nacional y un redireccionamiento de la inversión centrada en el bienestar de las personas, implementando un Estado de bienestar como los escandinavos, se podrían crear 5.000.000 de empleos.

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Por tanto, nadie nos regala nada, los servicios públicos no son gratis, se pagan con nuestros impuestos. Pero, sí son, mucho más baratos y eficientes para los ciudadanos que las privatizaciones. Con las privatizaciones encubiertas, encomiendas de gestión y conciertos repagamos el mismo servicio y los beneficios y la rentabilidad pasan de la sociedad a manos de una minoría de privilegiados.

Durante estos años, no nos han bajado los impuestos y con las privatizaciones los servicios son cada vez más caros. Porque, se están privatizando para que saquen beneficios los mismos que no pagan impuestos, sostienen el fraude fiscal y hablan de la insostenibilidad del sistema como una coartada para quedarse con el patrimonio de todos.

¡De ningún modo, ni los ricos ni los políticos nos pagan nada!Imagen

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