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Archive for the ‘Semifeudalismo’ Category

“Era frecuente ver, en esos primeros días [del golpe militar], curas y religiosos con su fusil al hombro, su pistola y su cartuchera sobre la negra sotana

Mariano Ayerra, sacerdote de Alsasua, 1936.

“Con los sacerdotes han marchado a la guerra nuestros seminaristas. ¡Es guerra santa! Un día volverán al seminario mejorados. Toda esta gloriosa diócesis, con su dinero, con sus edificios, con todo cuanto es y tiene, concurre a esta gigantesca cruzada”.

Marcelino Olaechea Loizaga, 6 de noviembre de 1936.

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Aprovechando la última masiva beatificación dominical de Tarragona, no estaría mal recordar que los dos partidos presentes en la misma, PP y CiU, descendientes de la oligarquía franquista y monárquica, también fueron de la mano en la Guerra Civil. Es importante saberlo para que ahora la gente no se deje arrastrar por los mismos en la sinrazón y el enfrentamiento nacionalista. En la guerra civil, tristemente como en todas las guerras, fueron asesinadas miles de personas inocentes injusta y cruelmente. Pero es fundamental que sepamos que ese velo de santidad e inocencia que presume la Iglesia es falso. La Iglesia no es víctima de esta guerra, sino un bando activo, que aprovechó la guerra para alcanzar unos objetivos materiales, políticos e ideológicos. En palabras del arzobispo de Toledo y primado de España, Isidro Gomá y Tomás: “Una restauración totalitaria de la vida cristiana”. Lo que vendría a derivar en una involución social bajo un represivo régimen fascista–católico.

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El golpe militar fue desde un principio apoyado y jaleado por la Iglesia católica. La posterior guerra y dictadura contó con su ferviente colaboración. No fue el anticlericalismo violento el que hizo a la Iglesia tomar partido. Antes de conocerse los pormenores de éste, el arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech, poco más de veinte días después de la sedición militar justifica el mismo porque “no se hace en servicio de la anarquía, sino en beneficio del orden, la patria y la religión”. A los dos meses, el cardenal primado de España, Isidro Gomá, describía lo que era para él la guerra en una alocución radiofónica con motivo de la caída de Toledo a manos del ejército fascista: “El choque de la civilización contra la barbarie, del infierno contra Cristo, debían sucumbir primero,…, los adalides de la civilización cristiana, los abanderados de Cristo… Gloria a los mártires”.

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La Iglesia católica fue un bando, claramente, beligerante en la guerra civil española, una facción que animó y participó en el exterminio y la persecución. Que colaboró activamente en las venganzas y los asesinatos. Nunca la Iglesia católica trabajó en pos de la paz y la unidad de los españoles. Todo lo contrario. Desde el advenimiento de la República rechazó abiertamente sus instituciones y nunca estuvo dispuesta a renunciar a sus privilegios propios del Antiguo Régimen. Cuando en julio de 1936 se produjo el golpe de estado corrió rauda y gozosa a empuñar las armas en una nueva y, en sus palabras, “santa Cruzada”. Nunca mostró piedad cristiana y se lanzó a un sanguinario y cruel revanchismo convirtiéndose en uno de los pilares sobresalientes de la represión, la ingeniería social y la venganza fascista. Ni ha buscado nunca la reconciliación pidiendo perdón por sus crímenes. El orgullo y la soberbia, graves pecados, es lo que ha guiado la conducta de su cúpula.

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Como recordaría, más tarde, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, que se encontraba en Tuy en julio de 1936: “todos los sacerdotes del lugar aceptaron la sublevación militar con alegría y apoyaban al ejército como un deber de conciencia”. Esta dinámica fue habitual en Navarra, donde miles fueron asesinados sin que se diera ningún tipo de enfrentamiento armado. El fanatismo religioso que impregnaba lo que consideraban una guerra santa se dejaba ver en los actos del contingente de requetés donde se encontraban numerosos religiosos combatiendo.  A poco menos de un mes del golpe militar, durante la procesión de la Virgen del Sagrario en Pamplona, milicianos falangistas y requetés asesinaron a decenas de presos, entre ellos, curas supuestamente nacionalistas “los sacerdotes dieron la absolución en masa a los restantes, las ejecuciones se llevaron a cabo y los camiones volvieron a Pamplona, a tiempo para que los requetés se incorporaran a la procesión que estaba entrando en la catedral”. 

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Y es que el ardor guerrero había infectado el discurso y los actos de la plana mayor de la jerarquía católica española. Palabras como “cristianísimo Imperio español”, “judío–masónico”, “liberación”, “santa Cruzada” o “plebíscito armado” tenían sus oraciones. En la Pastoral de 30 de septiembre de 1936, “Las dos ciudades”, el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel deja bien a las claras que lo que se vive es una “santa Cruzada” para la Iglesia española: “Enhorabuena que los ciudadanos españoles, haciendo uso de un derecho natural, se hayan alzado para derrocar un gobierno que llevaba la nación a la anarquía […]. El carácter de la actual lucha que convierte a España en espectáculo para el mundo entero. Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil, pero en realidad es una cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el orden […]. Una cruzada por la religión y por la patria y por la civilización”.

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Evidentemente, no todos los religiosos actuaron de esta manera. Seguro que muchos que no estaban de acuerdo con estas consignas perecieron injusta y cruentamente. A todos ellos nuestra admiración y respeto como seres humanos vilmente asesinados. Pero, entre la jerarquía católica esto fue un desierto. Hasta el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea que alababa la bondad de esta guerra santa “vivimos una hora histórica en la que se ventilan los sagrados intereses de la religión y de la patria, una contienda entre la civilización y la barbarie” y bendijo a sus cruzados, se horrorizó de los crímenes y venganzas de los suyos: “Ni una gota más de sangre de venganza”. Pero sus palabras no tuvieron eco entre sus filas. Ya era demasiado tarde. La sangre de venganza corría por toda España. Asimismo, no importaba que se fuera religioso. Era muy importante ser religioso del bando fascista – tradicionalista, porque si no, se corría el riesgo de ser fusilado como a decenas de curas supuestamente nacionalistas o, si se protestaba contra estas infames acciones ser amenazado de muerte como le ocurrió al obispo de Vitoria, monseñor Mateo Múgica.

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En cambio, la jerarquía católica y Franco fueron uña y carne. Unidos por una férrea cohesión ideológica y unos mismos objetivos. El obispo de Vic, Joan Perelló, quería una “profilaxis social, sabía que se necesitaba un “bisturí para sacar la pus de las entraña de España”. La pus, evidentemente, eran las personas con una ideas políticas opuestas a las suyas. Para regocijo suyo, Francisco Franco, pensaba lo mismo que él y declaraba sentirse dispuesto a exterminar si fuese necesario a toda esa media España que no me es afecta” con el propósito de “la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias, destruida en el siglo XVIII”. Y el cardenal primado, arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, seguía tenazmente la línea ideológica del Movimiento Nacional: “Judíos y masones, envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas, con cuentos tártaros o mongoles aderezados y convertidos en sistema político y social en las sociedades tenebrosas manejadas por el internacionalismo semita”. Discurso histórico de la Iglesia Católica que tras la derrota nazi y el descubrimiento del Genocidio hubo que maquillar y hasta ocultar.

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No solo el catolicismo español apoyó el golpe militar, cuando ya los crímenes eran bien conocidos y el nuevo régimen afirmaba sus postulados fascistas y totalitarios, el arzobispo de Westminster, cardenal Arthur Hinsley, en una carta remitida a Franco el 28 de marzo de 1939, en agradecimiento al envío de una foto autografiada por éste, le expresaba su admirada devoción: “Le considero el gran defensor de la verdadera España, el país de los principios católicos donde la justicia social católica y la caridad se aplicarán al bien común bajo un gobierno firme y pacífico”. El Vaticano mostró una extraña ambivalencia y pragmatismo político. Pío XI reconoció a Franco en mayo de 1938, aunque no tuviera una gran afinidad con él. Igualmente contradictorio fue su bendición de las tropas fascistas italianas que marchaban a invadir Abisinia en 1935. Luego Pío XII felicitaría efusivamente al general Franco en un telegrama, el 1 de abril de 1939: “Levantando nuestro corazón al señor, agradecemos sinceramente, con V.E, deseada victoria católica España”. Y, unos días más tarde, el 16 de abril de 1939, en un radiomensaje a los fieles de España se expresaba de tal forma: “Con inmenso gozo nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la Católica España, para expresaros nuestra paterna congratulación por el don de la Paz y de la victoria, con que Dios se ha dignado coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad, probado en tantos y tan generosos sufrimientos”. Cierto es que hubo sufrimientos, pero por ningún sitio se atisbó un poco de “caridad” o “paz”. Y en ningún caso “piedad” o “perdón”. 

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“Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo”

“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”

“La mente es como un paracaídas… Sólo funciona si la tenemos abierta”

*Albert Einstein,  científico alemán, 1879–1955. 

 

En estos días he vuelto a escuchar afirmaciones de este tipo: “España tiene muchas universidades” o “España ha construido demasiadas universidades”. Hoy mismo he escuchado a la periodista Isabel San Sebastián decir que “producimos” demasiados titulados universitarios. O que gastamos demasiado en ellos. Parece que la norma es hacer todo tipo de analogías con el ladrillo, la cadena de montaje – mientras más, deshumanicemos a las personas y a la sociedad, mejor – o con ese otro pegadizo eslogan, que dice que “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”.

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En realidad, la vida es cuestión de prioridades. En España, los banqueros o las grandes fortunas van por delante del resto de mortales. Entonces, la prioridad es dedicar los recursos disponibles a ellos, el resto de seres humanos son un gasto. Y es muy importante que se den cuenta de que lo son y lo interioricen. De todas formas, retomando el tema de la educación, ésta, también, tiene mucho que ver con prioridades. Por ejemplo, si queremos ser un país de limpiabotas y criados, sí, es cierto, tenemos demasiadas universidades. En cambio, si tenemos otras aspiraciones futuras podríamos hacer algunas comparaciones muy esclarecedoras:

  • Estados Unidos tiene 1 universidad por cada 96.000 habitantes. Más de 3.277 universidades.
  • California, 1 universidad por cada 253.000 habitantes. 146 universidades.

*Según el ministro de educación, José Ignacio Wert, tenía solo 10 universidades. Bueno esta no es sino otra de las mentiras en las que ha incurrido este ministro y este gobierno para justificar medidas muy dañinas para el futuro de España. También, atacó a los estudiantes diciendo que el 30% abandonaba los estudios universitarios, cuando, en realidad, no llega al 12%

  • Alemania, tiene 1 universidad por cada 223.000 habitantes. 368 universidades.
  • Reino Unido, 1 universidad por cada 261.000 habitantes. 241 universidades.

*El brutal incremento de tasas que se viene produciendo durante los últimos años está expulsando a los estudiantes británicos de las aulas, viéndose obligados a marchar a otros lugares de Europa. Como por ejemplo, Alemania, donde la gratuidad está muy extendida y hay un amplio debate en hacerla universal. En cambio, España junto con otros países no es que estén mercantilizando la educación, es que la están bancarizando. Haciendo a los estudiantes esclavos de las deudas bancarias.

  • España tiene 1 universidad por cada 500.000 habitantes. 79 universidades.
  • Francia, tiene 1 universidad por cada 691.000 habitantes. 95 universidades.

*Aunque dispone de alrededor del doble de campus y escuelas superiores que España y 83 de las universidades son públicas. En cambio, en España solo 50 son públicas.

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El debate que se ha abierto en España tiene más de ideológico e interesado que de constructivo. El nivel de nuestros estudiantes es bueno, es tan bueno, que por esta razón son reclamados para trabajar en otros países. Cuando vemos que nuestras universidades no aparecen en los primeros lugares de los rankings que se hacen a nivel mundial, deberíamos pensar que en ellos tiene mucho peso la investigación científica y en España la investigación científica esta subfinanciada.

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No sólo no está financiada adecuadamente sino que ahora mismo se está desmantelando. Si esto no se impide, las consecuencias que se avecinan para España serán catastróficas. España gasta casi 4 veces menos que Finlandia en investigación y desarrollo, casi 3 veces que los Estados Unidos o la mitad que Alemania. Y luego nos preguntamos por qué no aparecemos entre los primeros en las listas, o porque nuestra competitividad y productividad son bajas.

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Y aquí nos encontramos con el principal problema de España. Algo que no se discute abiertamente. La mentalidad clasista y semi–feudal de la oligarquía extractiva que controla el poder. Es esta mentalidad acompañada de la estructura socio–económica que determina, lo que condena a la mayoría de los españoles a no tener futuro en su país. Es la misma forma de vida parasitaria basada en la explotación de amplias capas de la sociedad a un mínimo coste de inversión que les ha caracterizado siempre. Cuando ellos consiguen grandes rendimientos a base de explotar más y más y, están cada vez más integrados dentro en la estructura capitalista mundial – su dinero duerme en Suiza, no en España –, España y los españoles cada vez nos alejamos más de los países desarrollados.

Para finalizar, quería dejar una última reflexión. Cuando los Estados Unidos acercándose el año 1980 tenían viviendo en su suelo al 97% de los científicos de todos los tiempos, se estarían haciendo la pregunta de si tenían a lo mejor demasiadas mentes maravillosas. Aventuraría a que no. No son españoles, no creo que tengan esa capacidad tan nuestra de tirarse piedras contra su propio tejado. No son tan cainitas.

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“Si (mi hijo) fuera tonto, o disminuido físico o psíquico, con perdón para éstos, y no hubiera en donde enchufarlo… pero tiene su carrera y su destino final (presidente de la Diputación)”

“Ya todo el mundo sabe que soy un cacique, pero a mí me siguen votando y a ellos no”

“A mí no me echan unas elecciones. Me voy cuando yo quiero”

José Luís Baltar, ex – presidente de la Diputación de Ourense

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A raíz del último escándalo acecido con las diputaciones – la imputación del ex – presidente de la diputación de Ourense, José Luís Baltar – debemos retomar el tema del que ya hablamos en el último artículo de los supuestamente necesarios recortes de gasto público que se están llevando a cabo. Primero, debemos tener claro ante la propaganda que nos bombardea incesantemente, que estos recortes no son necesarios, que son asimétricos y contraproducentes. Son, totalmente, injustos porque se producen solo en un sentido, no atacan los verdaderos problemas del despilfarro, la malversación de fondos públicos, los privilegios de un reducido grupo y están estratégicamente diseñados mediante una política mediática de manipulación y ocultación de la realidad para desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis.

Desde que salió a la superficie el movimiento de indignación y desafección con el sistema – conocido como el 15-M – que se encontraba latente en gran parte de la sociedad, ya no es que no hayamos tenido ningún indicio ni el menor atisbo de una mayor democracia directa y participativa o, una modesta regeneración democrática, sino que la imperfecta democracia representativa actual – dado el total desprestigio de sus partidos políticos – está siendo cada día más mutilada con el objetivo de apartar del espacio público a los ciudadanos y privatizar la participación política. Caso de Cospedal en su señorío manchego, que pretende – tras un gesto teatral – que solo se dediquen a la política las “personas de bien y con posibles” como en épocas pasadas de infausto recuerdo. Un nuevo golpe a unos ciudadanos que ya están sobradamente expulsados de la política ante el desencanto que les producen las actuaciones de sus representantes electos.

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Aprovechando el descrédito del actual sistema democrático y adelantándose a potenciales descalabros electorales sus actuales dirigentes – utilizando un hipócrita populismo e ilimitadas argucias – están cercenando los mecanismos de representación popular mediante una burda propaganda, que tergiversa los hechos, que pretende afianzar aun más un régimen caciquil de democracia censitaria. Las demagógicas medidas impulsadas por el PP pretenden apropiarse del actual clima de indignación – como si ellos no fueran responsables del descrédito de las instituciones – en provecho propio para ocultar las verdaderas intenciones de unas reformas que desvirtúan y coartan la representación popular en favor de la perpetuación en el poder de la actual oligarquía.

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Los cambios acaecidos – una huida hacia adelante para tapar las grietas del sistema – comenzaron hace año y medio cuando los dos grandes partidos, PP y PSOE, impulsaron cambios en la Ley Electoral que, prácticamente, imposibilitaban la concurrencia electoral de los pequeños partidos. La continuación fue la negativa a la reforma de la Ley Electoral para que ésta fuera más representativa y proporcional. No sólo eso, sino que han conseguido que sea aún más complicado conseguir representación electoral. Lo siguiente fue el ataque a la función pública y los servicios públicos que han sido condenados como responsables de la crisis y criminalizados. Lo último la  reforma de los entes locales que reducen en un 31% el número de concejales electos y reducen el número de ayuntamientos. Todas ellas son medidas que consolidan el bipartidismo, la desigualdad social y territorial y, dificulta cualquier tipo de regeneración moral y democrática de un sistema que, actualmente, está corroído por la corrupción y el mayor descaro.

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Las preguntas son claras ¿por qué atacar a los ayuntamientos? ¿Por qué a los funcionarios? ¿Por qué arrasar los servicios públicos? ¿Por qué no, puestos a acabar con las duplicidades, suprimimos las diputaciones provinciales que cuestan 22.000 millones? Las respuestas son, igualmente, evidentes, pero se niegan a los ciudadanos. Los objetivos son ocultados: la expulsión de los ciudadanos de la vida pública; que no puedan ejercer ningún tipo de control de los cargos elegidos por una minoría; y, la privatización del patrimonio público a manos de la misma reducida oligarquía que controla los resortes del poder. Además, el impulso de órganos no elegibles como las diputaciones facilita que se pueda hacer un uso discrecional de los prepuestos públicos, la colocación a dedo de todo tipo de personas, sin ningún tipo de prueba como la que es obligatoria para muchos empleados públicos que están siendo despedidos. Uno de los ejemplos más claros del tipo de reformas que se están impulsando es José Luís Baltar, imputado por un delito de prevaricación continuada en la contratación que convirtió la diputación en la segunda empresa con más empleados de Ourense y dejó a su hijo como heredero de la misma.

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Con estas reformas en la Administración se pretenden ahorrar 6.315 millones. De ellos 3.500 millones en los entes locales. Pero, en realidad lo que se hace es afianzar los mecanismos y las conductas que posibilitan la malversación de fondos públicos. Ni cambian las personas ni sus formas de actuar. Es un gesto de cara a la galería con perversas intenciones. La corrupción urbanística en los ayuntamientos fue fomentada por la Ley del Suelo de José María Aznar y sus gobiernos, en total, connivencia con el PSOE. Fue impulsada desde el gobierno central y nunca se pusieron límites. Todo lo contrario porque favorecía los pelotazos urbanísticos de grandes terratenientes, poderes financieros y empresariales y, poseedores de suelo. Ejemplos tenemos muchos. Uno de los muchos fue colocar la estación del AVE de Guadalajara a una decena de kilómetros de esta ciudad para favorecer a la familia de Esperanza Aguirre. Ella y su familia han dado diversos pelotazos urbanísticos por la geografía nacional por valor de decenas de millones de euros. 

Nadie se para a pensar en las consecuencias de este aparente futuro ahorro. Ese ahorro no calcula los variados costes sociales de dejar abandonados y sin servicios a los habitantes de esos municipios. El empobrecimiento de los trabajadores públicos que acentúa más la depresión. El desmantelamiento de los servicios públicos que supondrán una enorme merma en la calidad de vida de los españoles. Además, de una sustancial subida de precios que empobrecerá aun más a los trabajadores y una brutal perdida de riqueza y patrimonio común. No se paran a pensar que el 70% de los concejales no cobran y que los desmanes serían muy fácilmente atajados con un control más estricto ¡Pero, si la mayoría son de sus propios partidos! ¡Son sus compañeros! ¡Pero, es que, quien está haciendo todas estas “reformas”, es quien ha permitido e impulsado todas esas tropelías! y, como hemos dicho, no desde los entes locales sino desde el gobierno central y el sistema financiero. Los ambiciosos sin escrúpulos que se han corrompido acabarán colocados de asesores, conductores, secretarios, “emprendedores” o algún otro cargo.

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Debemos tomar perspectiva y analizar los datos en conjunto, no dejándonos llevar por ejemplos aislados que fomentan una visión sensacionalista e interesada de la realidad. En España, existen unos 8.116 ayuntamientos que acercan la administración y los servicios públicos a los ciudadanos. Estos ayuntamientos solo son responsables del 3,5% de la deuda pública española. Solo uno de ellos – Madrid – es responsable del 22,5% del total de esta deuda gracias a los sueños megalómanos – con una alta dosis de corrupción constructora – del actual ministro de justicia Alberto Ruíz Gallardón. El segundo responsable, a una gran distancia, es el de Barcelona con el 3,9% de la deuda total. Solo 10 ayuntamientos aglutinan el 40% de la deuda. Dados estos datos objetivos arrasamos con el resto de los ayuntamientos. Pero, es que, ahora, Madrid con una deuda que dobla – más de 6.300 millones sin sumar los intereses a perpetuidad – el supuesto ahorro que se pretende realizar en la reforma de los entes locales, quiere gastarse otros 1.670 millones – que luego, evidentemente, se multiplicaran vía dádivas –  en los JJ.OO de 2020.

El ahorro no está en la supresión de los ayuntamientos – y menos entrando a golpe de motosierra – sino en mejorar la gestión y acabar con la corrupción. Suprimiendo ayuntamientos no se atajan los problemas porque se seguirá manejando el patrimonio común como si fuera el cortijo de unos cuantos terratenientes, banqueros, caciques, empresarios, advenedizos, nobles, religiosos, etc. que se encuentran en total connivencia. Lo fundamental es que ningún político tenga más privilegios que un ciudadano cualquiera, es decir, ninguno; que sea obligatorio que tengan que usar todos los servicios públicos que deben gestionar de forma honrada, honesta, eficiente y eficaz. Necesitamos servidores públicos, no como hasta ahora, empleados al servicio de la élite económica a la que pertenecen o aspiran a pertenecer, del medro, que están permanente prevaricando contra el interés general. Sabemos que todo esto es, ahora mismo, una utopía, pero es una de las utopías por las que debemos luchar y para eso nos tenemos que implicar en los asuntos que nos conciernen a todos.

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Las actuales reformas son el golpe definitivo a la democracia española. Ante la desafección ciudadana y el desprestigio de unos partidos mayoritarios en caída libre, el gobierno del PP quiere reducir concejales y diputados autonómicos electos por los ciudadanos y dar un poder mayor a las Diputaciones provinciales. En donde no existe ningún tipo de control, siendo dirigidas de forma arbitraria y discrecional. Un lugar donde se pueden “enchufar” a todos los familiares, compañeros, amigos, etc., y pagar todo tipo de favores a cambio de lealtades y monedas. Con las actuales reformas se recortan los servicios públicos – se han hecho recortes de miles de millones en sanidad, educación, ciencia y tecnología, pensiones, salarios, etc. – y se acrecientan los focos de corrupción antidemocrática, al mismo tiempo, que gastamos miles de millones en rescatar a un sistema financiero que pertenece y está al servicio de la actual oligarquía dirigente. Se recorta en democracia y control popular: concejales y diputados regionales. Y, se perpetúa una institución semifeudal de control social y corruptelas caciquiles como son las diputaciones provinciales.

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Como hemos dicho, anteriormente, uno de los principales exponentes de la política populista y demagógica que pretende socavar el control de los ciudadanos y la participación política – una vez, retirada de la primera línea de juego Esperanza Aguirre – es María Dolores de Cospedal que, en lugar de comenzar los recortes por ella misma renunciando a tres de los cuatro sueldos públicos que percibe – ya de por si suculentos – ha preferido despedir a 10.000 empleados, convertir el parlamento manchego en una S.A sólo accesible a la élite económica – esa misma liderada por su marido que va de consejo en consejo a la que pretenden regalar la sanidad pública – y subir el sueldo a sus asesores, por supuesto, nombrados a dedo. Es el fácil e hipócrita recurso al chivo expiatorio, mientras, los gastos discrecionales, la opacidad y los favores a los incondicionales no paran de crecer.

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Pues este es el Estado que quiere el gobierno. Un Estado oligárquico sin caretas. Ya no se guardan ni las mínimas formas. Un Estado donde los órganos no electos tengan preponderancia. Unos lugares – las diputaciones – donde sus presidentes puedan dirigir conforme a sus deseos y caprichos más provechosos. Todos estos señores son algunos de los muchos que se encontraban en los consejos de las cajas dando créditos a voluntad. Ninguno ha entrado en la cárcel, pocos han dimitido, todos siguen teniendo un alto nivel de vida.  No quieren que muchos trabajadores tengan un salario ni mucho menos que éste sea digno. Pero, ellos pueden tener 12 o 13 cargos con sus respectivos sueldos. Estos son algunos ejemplos, no son los únicos, pero, sí son los más desvergonzados, por ahora:

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  1. Isabel Carrasco, presidenta de la diputación de León, 12 cargos con sus dietas y salarios. No hace mucho dijo, en apoyo a los recortes de Marinos Rajoy: “No puede ser que sea gratis todito”.
  2. Agustín González, presidente de la diputación de Ávila, un trabajador afanoso con 13 cargos generosamente remunerados. Aprobó las cuentas de Bankia, pero, según dijo,  no tenía conocimientos financieros porque era “maestro de primaria” y veía la situación de la entidad con “absoluta normalidad”.
  3. Atilano Soto, ex presidente de la diputación de Segovia, que compatibilizó con su actual cargo de presidente de Caja Segovia. Según dice aprobó las cuentas de Bankia “en un ejercicio de generosidad”.
  4. El inefable Carlos Fabra, envuelto en toda clase de casos de corrupción y que ha heredado la diputación de Castellón como hicieron, anteriormente, 5 antepasados suyos. También, padre de la innombrable diputada que gritó en el congreso – refiriéndose a esos “parásitos sociales” que son los parados – ¡Qué se jodan! Por cierto, no ha dimitido y, posiblemente, espera heredar el cargo de su padre.
  5. José Joaquín Ripoll, ex presidente de la diputación de Alicante, que tuvo que dimitir por estar envuelto en un caso de corrupción, mientras, las familias populares divididas entre Campistas y Zaplanistas se disputaban a navajazos este señorío feudal.

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Este es el más crudo regreso de la España caciquil. En cierto modo nunca se fue. En España, al Antiguo Régimen nunca fue derrotado. Los liberales perdieron en el S.XIX. Los que quedaron aceptaron un régimen corrupto de turno de partidos. En la Guerra Civil, el republicanismo y el liberalismo fueron arrasados junto con los masones, el socialismo, el movimiento libertario, el comunismo, la democracia, los derechos sociales y laborales, la libertad religiosa, la igualdad, la reforma agraria, los derechos de las mujeres, etc. Los movimientos nacidos de la Ilustración fueron aniquilados en nuestro país. España quedó abocada a un régimen oligárquico fundado en las esencias imaginarias de un fanático engendro llamado así mismo NacionalCatolicismo – a imagen de su admirado NacionalSocialismo alemán – que perpetuaba el semifeudalismo que había caracterizado la evolución del Antiguo Régimen en España.

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Este régimen semifeudal puede, fácilmente, rastrearse en la estructura de la propiedad de la tierra donde hay zonas en las cuales el 50% de ella está en manos del 2% de los propietarios. La total opacidad que rodea a la verdadera estructura de la propiedad y la endogamia en la que se mueven las familias propietarias. La fortuna del Rey que asciende a casi 2.000 millones que no se sabe de donde provienen, cuando ésta era casi inexistente a la muerte de Franco. La fortuna de la familia Botín, valorada en 2.000 millones, encontrándose gran parte en Suiza desde finales de la Guerra Civil. Muchas de las grandes fortunas actuales se hicieron durante la guerra y la dictadura. Y, en la democracia han seguido recibiendo subvenciones, empresas públicas, propiedades, además de, estar exentos del pago de impuestos. Los privilegios de la Iglesia, exenta del pago de impuestos, con cientos de miles de propiedades y que recibe anualmente 11.000 millones del Estado. En resumen, un país, España, donde el 0,0035% de la población posee unas fortunas semejantes al 80,5% del PIB.

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En esto consiste la contrarreforma que está llevando a cabo el gobierno, que ataca las libertades individuales y sociales. Obstaculiza el acceso a la justicia de los ciudadanos, al tiempo, que impulsa la represión policial y política. Recorta los derechos laborales de los trabajadores al tiempo que pretende cercenar el derecho a la huelga. Impone una educación que proyecta primar la enseñanza concertada que, en realidad, es enseñanza católica – en Madrid, el 88% de los colegios concertados son católicos que nos retrotrae a los años dorados de la educación más reaccionaria, acientífica y antinatural. Una educación que será usada a modo de control social ¿Cómo se puede hablar de regeneración democrática y moral en un país donde sus más insignes académicos hablan de un asesino como Millán Astray de “incansable intelectual” o hacen carantoñas a un genocida como Franco?

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Pensemos. Comparemos. Comparar es bueno. Repitamos el ejercicio hasta la saciedad.

Perdonan el impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas con el que se podrían recaudar en Madrid fácilmente 600 millones – más de 2.000 millones a nivel nacional –. Durante los últimos 5 años, Madrid, ha perdonado a las rentas más altas más de 3.000 millones con distintas rebajas de impuestos a éstas. El mismo caso podemos extrapolar a Cataluña o al resto de España, en esto no hay banderas. El gobierno no persigue el fraude fiscal sino que lo posibilita y lo amnistía renunciando a 88.500 millones. Apple, Amazon, Starbucks, Sansumg, Google, etc. con beneficios millonarios en suelo español, prácticamente, no pagan impuestos. Nuestras grandes empresas tributan a entre el 5 y el 14% – según la fuente a la que se acuda o la forma en que se calcule – pero no más. Éstas tienen empresas en paraísos fiscales para defraudar alegremente con la connivencia de nuestros gobiernos. Nuestras patrióticas grandes fortunas tributan al 1% mediante triquiñuelas acompañadas de figuras legales, mientras, nos exprimen les hacemos sentirse lo más a gusto posible para que no se vayan. Se crea un limbo legal y fiscal en EuroVegas – con el que renunciaremos a unos 3.000 millones – para mayor gloria de los “pelotazos” urbanísticos y la corrupción. Se dan cientos de miles de millones a los banqueros para salvar sus fortunas cuando esos bancos podrían ser liquidados con el dinero de sus mismos accionistas  e inversores privados. Etc. Etc. Etc.

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Todas ellas medidas muy necesarias… Lo permitimos ¿Somos tontos? Seguro que sí, pero, empiezo a inclinarme más porque somos gilipollas. Qué es lo mejor de todo esto, que, mientras, eximimos a estas empresas y fortunas del pago de impuestos o las rescatamos, desvían los fondos a paraísos fiscales – 21 billones se encuentran allí – y, para mayor escarnio, luego son ellas – los mercados – las que con el dinero que han evadido nos prestan y les pagaremos intereses anuales, solo España, por valor de 38.000 millones el próximo año. Esta cifra es más del dinero que dedicamos a los denigrados y humillados desempleados.

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Nuestros abnegados líderes en pos del buen funcionamiento y la sostenibilidad del sistema – la salvación en el sacrificio y la destrucción de nuestra sociedad – imponen un REpago en medicinas y, ahora, una tasa de un euro por receta para obtener una recaudación ridícula de 83 millones en Madriden Cataluña se prevén recaudar alrededor de 90 o 100 millones anualesponiendo contra las cuerdas a jubilados, desempleados y enfermos crónicos; Parece que, no, suficientemente, castigados con el REcobro de los transportes sanitarios, por ejemplo, para las innecesarias diálisis  – ¡¡¡no son urgentes, porque si un paciente de diálisis no la recibe, no le ocurre nada!!! – Pero, bueno, no nos vamos a  sorprender, ya nos lo dijo la viceconsejera de Asistencia Sanitaria madrileña, no podía ser que los enfermos crónicos vivieran gratis del sistema o como piensan el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno, que creen, que su labor consiste en impartir dolor y sufrimiento. Eso sí, sufrimiento para el resto, riqueza y poder para ellos.

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El señor Lasquetty se excusa – y nos culpabiliza – de las cerca de 3.800 toneladas de medicamentos tirados ¡Pero, si eso es la esencia de este sistema capitalista! El consumo irracional, compulsivo, masivo y el despilfarro a gran escala– mientras millones de seres humanos sufren y mueren de hambre – con la destrucción de los recursos económicos, energéticos y naturales. Debería darse este señor una vuelta por nuestros ríos, costas y bosques destruidos por su codicia e irreflexividad. Debería luchar contra los 9 millones de toneladas de alimentos que se tiran cada año. Su trabajo como consejero de Sanidad hubiera consistido – en este caso – en implantar una medida tan simple como dar a los pacientes la dosis justa de medicinas, eso sería más que suficiente para ahorrar, evitar el despilfarro y hacer un uso racional de los medicamentos. Pero, esta medida iría contra las estrategias de ventas de las multinacionales farmacéuticas a las que no quiere perjudicar y se debe.

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Todas las medidas se están realizando sin la participación de los profesionales de la educación ni la sanidad, ni la justicia, ni los trabajadores; se está pasando por encima de ellos y lo que es peor se les está criminalizando porque el objetivo es desmantelar el sistema, privatizarlo y cuando se presente algún problema en los beneficios, socializar las perdidas. Solo un régimen estamental puede justificar que mientras para unos pocos puedan regir privilegios y dádivas sinfín, para el resto de ciudadanos recaigan medidas coercitivas, confiscatorias y una pérdida masiva de derechos. Y, evidentemente, ese régimen caciquil y corrupto se está apuntalando con medidas demagógicas.

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Medidas demagógicas como la reducción de los concejales. Medida falaz porque se pretenden impulsar las diputaciones provinciales, cementerio de elefantes y cargos elegidos a dedo que suponen un coste de 22.000 millones. Se consolida un gasto de 22.000 millones en redes clientelares y se deja sin sanidad – con una medida inhumana que, además, es inconstitucional y pone en riesgo la salud pública – una disposición racista e ideológica que pretende ahorrar otra miserable cifra: 245 millones. Pero, no nos engañemos, esta es la realidad, atizan el racismo y las emociones más miserables para proteger sus intereses en este sistema caciquil. Con unas pocas medidas podríamos ahorrar 365.000 millones que favorecen a los estamentos privilegiados.

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Esta es la sociedad estamental – que pensábamos solo se estudiaba en los libros de historia – donde unos entes públicos cobran el IBI a sus universidades – un absurdo absoluto cobrarte a ti mismo – y renuncie a cobrar el IBI – y otros impuestos – a la Iglesia Católica, unos 3.000 millones anuales. Una Iglesia que recibe unos 11.000 millones, que no son para atender a los más pobres, pues, Cáritas – la coartada perfecta esgrimida por la cínica jerarquía católica española – solo recibe un 2% de sus fondos del dinero destinado por el Estado a la Iglesia Católica. Una cifra irrisoria para una Institución, extremadamente, rica y subvencionada.Una Iglesia que posee miles de viviendas que nunca serán destinadas a los más necesitados.

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Que habrá que darle casi 4.000 millones a las concesionarias de autopistas de peaje para evitar su quiebra – o poner el 25% del PIB al servicio del rescate a los bancos – pues se les da. Que hay que garantizarles los ingresos, pues se hace. Que esas mismas constructoras se van a quedar con la sanidad, pues qué más da. Eso son minucias. Pero, bajo ningún concepto, vamos a rescatar a los 350.000 desahuciados y perdonar sus deudas con la entrega de la vivienda – una vivienda tasada por ese precio por el mismo banco – eso sería poner en riesgo el sistema y crearíamos un mal precedente que fomentaría la irresponsabilidad en los ciudadanos. Un plan que podría costar unos 6.000 millones o poner en el mercado alrededor de 3 millones de viviendas vacías, cuando miles se quedan sin techo o tienen que volver al hogar familiar. Pero, seamos realistas, una vida humana no es cuantificable – no vamos a perder el tiempo en problemas metafísicos – en cambio, el precio de un yate, un Ferrari, comer en un restaurante de lujo o una mansión es cuantificable fácilmente.

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Lo que, también, es cuantificable es la estafa de las preferentes a los pequeños ahorradores perpetrada por la banca con engaños. Es un engaño vender como un valor seguro una acción que es variable y, además, estaba sobrevalorada. Nada va a ocurrir. La estafa ha sido consumada y nadie va a devolver la integridad del dinero que ha colaborado al rescate bancario. El señor Ruíz Gallardón, además, ha puesto otra barrera – llámalo racionalización, ahorro o medida estructural – a estos estafados, una barrera económica de, aproximadamente, 940 euros para demandar al banco. Y lo más grotesco es que sus demandas van a ser estudiadas en el Supremo por un juez que ha estado al servicio de la banca desde 1969. Estafados dos veces: por los bancos y por el Estado de derecho.

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La última medida chusca de ahorro tomada es el plan de ‘racionalización’ (otro palabro falaz y ridículo en sus bocas) de Renfe que dejará incomunicados muchos lugares de España, sin realizar un contraestudio del coste que supondrá para los ciudadanos en gasolina, coches, accidentes o contaminación, por unos míseros 51 millones, mientras, ellos pueden viajar en AVE (35.000 millones el dispendio para trasladar cómodamente a las élites económicas) o en avión o en helicóptero – lo mismo da – en primera clase y gratis. Mientras, Alemania construyó una potente red de ferrocarril allá por el S.XIX, nuestra corrupta e insaciable oligarquía – en el S.XXI – nos quiere devolver al subdesarrollo industrial y tecnológico.

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Ahora, he elegido predicar de la guerra en Vietnam porque estoy de acuerdo con Dante, en que los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en un periodo de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Llega un momento en que el silencio se convierte en traición”.

Martin Luther King. 

Si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor

Desmond Tutu.

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Uno de los problemas existentes en España que recibe un trato más vejatorio es el problema agrario en Andalucía y Extremadura, regiones recurrentemente vilipendiadas por los más privilegiados – depositarios de enormes posesiones e intereses en esas zonas – y sus medios de comunicación. La lucha ideológica y propagandística – a la que han destinado millones de euros – llevada a cabo por estas élites en los últimos años se ha centrado en dar por cerrado varios problemas que siguen estando latentes: el reparto de la tierra y la existencia de clases sociales. En el tema reina un enorme cinismo e hipocresía que acusa a los campesinos – cuando no a toda la población – de estas regiones de vagos subsidiados movidos solo por recibir las dadivas del ‘Papa Estado’. En cambio, se oculta, maliciosamente, que el problema del subdesarrollo económico de estas regiones radica en la propiedad de la tierra y la enorme desigualdad social: el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra recibiendo, además, del 80% de las subvenciones agrícolas.

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Aviesamente se olvida que estas regiones han sufrido durante siglos como ninguna otras la explotación y la servidumbre. Comarcas que – a pesar de su inherente holgazanería – han exportado cientos de miles de trabajadores a América, Europa, las regiones industrializadas de España y otros muchos núcleos urbanos de la geografía nacional. Si los ciudadanos de estas regiones fueran realmente como cuentan, se habrían quedado en sus hogares, viviendo de la sopa boba. Pero, como podemos ver con infinidad de ejemplos, no es el caso; en cuanto han tenido oportunidad han emigrado en busca de condiciones de vida dignas y un futuro que se les ha negado por esas mismas élites privilegiadas – que arremeten constantemente contra ellos – en sus lugares de origen. Una emigración – que ha supuesto el despoblamiento de estas comarcas – provocada por el hambre endémica y la pobreza que ha asolado desde siglos estas regiones. Ambas provocadas por un régimen feudal o caciquil de servidumbre gobernado por el analfabetismo, las coacciones, los pucherazos electorales y el terror. 

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El problema de estas regiones está anclado muchos siglos atrás.  En la Reconquista – durante el régimen feudal – cuando se dieron enormes extensiones tierra – latifundios – a señores, caballeros y al clero como botín de guerra. Enormes extensiones de tierras con sus siervos incluidos en la dote. El problema siguió agravándose con la desamortización de Mendizábal, que concentró aún más la tierra y, se cronificó a comienzos del S.XX, cuando el 4% de los propietarios llegó a concentrar el 70% de la tierra. La lucha por la tierra y la agitación social suscitada en el campo en busca de la deseada Reforma Agraria fue uno de los detonantes del levantamiento militar de 1936 y el posterior genocidio que la oligarquía terrateniente y el ejército fascista perpetró en esas zonas rurales. Tras el lapso de la dictadura fascista, este problema llegó, prácticamente, inalterado a nuestra democracia, puesto que, aún un 2% de los propietarios poseía el 50% de la tierra. Sorprendentemente, en los años de democracia el problema ha permanecido inalterado, incluso, ha empeorado. En Andalucía, el 1,6% de las explotaciones agrarias aglutina el 58,1% de la tierra y, en Extremadura, el 3,6% reúne el 64,5% de la tierra.

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En cuanto a las acusaciones referentes a los subsidios es evidente, simplemente, analizando los datos que, verdaderamente, la gran beneficiaria – aunque estemos en el S.XXI – es la aristocracia terrateniente. En Andalucía, el 1,1% de los agraciados recibieron el 28,4% de las ayudas agrícolas europeas. En Extremadura, únicamente, 18 ganaderos obtuvieron lo mismo que otros 64.000 pequeños agricultores. A nivel estatal, no hay mayores variaciones puesto que 126 grandes terratenientes disfrutan de la misma cantidad que otros 480.000 beneficiarios de la PAC. Con una sorprendente continuidad histórica las antiguas familias terratenientes mantienen la propiedad de la tierra, hoy en día, disimulada con la creación de sociedades mercantiles. Sus privilegios se reflejan en la constante elusión y fraude fiscal de la que hacen gala y, la opacidad que sigue rodeando a las verdaderas dimensiones de sus propiedades. La impunidad con la que siempre se han movido les permite haber ocupado el 80% de las vías pecuarias – que son terrenos públicos – sin sanción alguna; mientras, se persigue y mete en la cárcel a los jornaleros por ocupar tierras abandonadas e improductivas.

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Ante todos estos hechos que demuestran la asimetría y las injusticias a las que son sometidos los pequeños campesinos, nos rasgamos las vestiduras porque los jornaleros ganen 426 euros al mes no sin antes haber alcanzado los 35 jornales necesarios – la Casa de Alba recibe 3 millones de euros en subsidios agrícolas con independencia de su trabajo – para cobrarlo. No parece tan fácil cobrar el PER – siglas del Plan de Empleo Rural – cuando sólo un 40% de los jornaleros lo hace. A pesar de estas dificultades y los continuos ataques fundados en bulos y mentiras, en el pueblo de Coronil – como ha señalado – Diego Cañamero, de 5.000 habitantes solo 600 cobran el PER. En realidad, los campesinos y jornaleros no quieren vivir subsidiados – en cuanto pudieron huyeron a la construcción – sino que quieren las tierras para poder trabajarlas. No obstante, cuando en manos de muy pocas personas se encuentran fincas de decenas de miles de hectáreas – decenas de miles de campos de fútbol – abandonados e improductivos, hay cientos de miles de jornaleros y pequeños agricultores reclamando la posibilidad de acceder a la tierra y al trabajo consiguiente.

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La propaganda ha conseguido que la oligarquía absentista, que ha utilizado esas regiones como lugares de ociosidad – con sus grandes cortijos y sus fincas destinadas a la caza – tenga ganada la fama de gente de bien, de ley y trabajadora. En cambio, los que para sobrevivir siempre han trabajado la tierra de sol a sol por un salario de miseria son unos perezosos y maleantes. Sin embargo, son esos terratenientes – y todos los gobiernos que siempre les han apoyado y protegido – que reciben millonarios subsidios, quienes condenan a estas regiones al subdesarrollo dedicando el dinero a la especulación tanto con los alimentos como con la tierra renunciando a crear un verdadero tejido productivo. Un pequeño campesino nunca podrá salir adelante cuando el precio de una hectárea de tierra agrícola supera los 20.000 euros, llegando la de regadío a más de 30.000 euros; no pudiendo, además, acceder a las ayudas necesarias. Aunque, finalmente, lo más grave sea que los precios de venta no cubren los costes de producción. A todos los que critican la cultura del subsidio – curiosamente, son los mayores beneficiarios de esos subsidios – realmente les interesa tener unas regiones atrasadas que produzcan a precio de saldo las materias primas que alimenten sus industrias, no haciéndoles al mismo tiempo la competencia. Evidentemente, cuando se acusa al PER de fomentar la vagancia se oculta que este sistema consigue dar solución a uno de los problemas que más han preocupado desde siempre a los terratenientes: atar al campo mano de obra barata que trabaje sus explotaciones cuando ellos deseen. No importa si esa mano de obra precaria y explotada es autóctona o extranjera.

Desde hace mucho tiempo en esas regiones se ha luchado por una reforma de la propiedad de la tierra, una reforma que nunca ha llegado condenando a sus ciudadanos a la precariedad paliada solo por el trabajo estacional. Los terratenientes han recurrido a toda clase de artimañas legales o no, para impedirlo. Y si ha hecho falta han defendido la sagrada propiedad de la tierra – una tierra ociosa e improductiva en sus manos – con las mismas armas con las que la consiguieron, el asesinato. Cuando escuchamos hablar a Cayetano de Alba diciendo que desearía pasar de la justicia y arreglar cara a cara con los jornaleros los asuntos que se dirimen en los tribunales, nos damos cuenta que son los mismos terratenientes de siempre. Aquellos señoritos falangistas que al comienzo del golpe militar del 36 asesinaban a los jornaleros que reclamaban la Reforma Agraria y el derecho a acceder a la tierra y, mientras, les daban su ‘trozo de tierra’ se referían burlonamente a él, como la ‘Reforma Agraria’. Aún hoy, podemos asistir al espectáculo diario de ver como nuestras cunetas están llenas de aquellos asesinados.

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El ejército fascista español, mediante la aviación nazi alemana y fascista italiana, tiene el mérito de haber sido el primer ejército en bombardear poblaciones civiles. Estos bombardeos formaban parte de la estrategia de terror y exterminio puesta en práctica para acabar con la República democrática y su arraigo popular entre una población absolutamente empobrecida. El ejército ‘colonial’ español, entrenado en la guerra de África, donde uso la misma estrategia de terror, destrucción y asesinatos masivos de la población civil; tiene el mérito, también, de haber sido el primero en ‘gasear’ poblaciones en esa misma guerra. Esta guerra colonial fue la misma que practicó en España donde se quería propagar entre la población civil un pavor y terror sin precedentes. Un exterminio sistemático de cualquier simpatizante con la República. Entre esta estrategia, nacida y alentada desde la cúpula militar, se encontraban la violación sistemática de las mujeres y el asesinato de campesinos, ancianos y niños. El asesinato de cualquier combatiente o no combatiente no simpatizante con su causa.

La extrema crueldad del ejército fascista español dejó anonadados, incluso, a los fascistas italianos. Era un ejército con mercenarios, pero, sobre todo, de fanáticos intolerantes e iluminados llenos de odio. Un ejército bendecido por la Iglesia, cruzados por Dios y por España, que alentó y participó en el golpe militar.

Alemania e Italia han pedido perdón a las víctimas. El canciller alemán ha venido a rendirles homenaje. En España, ni la Iglesia ni los fascistas ni sus descendientes han hecho tal cosa ni nada parecido. El Vaticano que, también, apoyó y alentó esa ‘cruzada’ criminal, tampoco, ha pedido perdón. Todos se muestran orgullosos del genocidio cometido.

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